Los límites molestan
El ataque del Gobierno y sus socios a la presunción de inocencia.
Publicado originalmente en Facebook.
Hace un par de días, la Vicepresidenta Primera del Gobierno dijo públicamente que una sentencia judicial (la que absolvía a Dani Alves) era una vergüenza y que la presunción de inocencia no podía primar sobre el testimonio de mujeres "jóvenes y valientes".
Las dos afirmaciones suponían un ataque directo a principios democráticos básicos.
La primera en tanto en cuanto como miembro del gobierno (¡Vicepresienta!) debe guardar un respeto exquisito por las decisiones judiciales, ya que las críticas desde el poder ejecutivo a los jueces o a las sentencias son un ataque a la independencia judicial; tal y como ha establecido tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea.
La segunda porque la presunción de inocencia es una elemento esencial del Estado de Derecho que no puede ceder ante nada ni nadie.
Volar la Constitución, a estas alturas, ya parece una consecuencia querida por estos que no se paran ni siquiera ante la presunción de inocencia.
Algunos han comentado que María Jesús Montero había obrado por ignorancia. Nunca me lo ha parecido así; lo que viene confirmado por el tweet que ha difundido hoy, tras conocerse ya las reacciones de todas las asociaciones de jueces y fiscales y de muchos juristas que, como no podía ser de otra forma, han dicho alto y claro que las afirmaciones de Montero eran inadmisibles. Un tweet en el que no rectifica, dice que no acepta lecciones del PP (como si hubiera sido solamente el PP quien se hubiera indignado por sus palabras) y mantiene su crítica a la presunción de inocencia como principio al sostener que:
"la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo".
No haré una exégesis de estas últimas palabras; porque lo relevante es que no rectifica las que dijo el día 29 de marzo y que deberían haber supuesto su cese inmediato, sin darle siquiera la oportunidad de dimitir; cosa que, obviamente no ha pasado.
Y no ha pasado porque las palabras de Montero del día 29 no son fruto de la ignorancia; sino que forman parte de una estrategia que lleva desarrollando el PSOE desde hace años y que consiste en el sistemático cuestionamiento a los jueces y al sistema judicial, buscando una deslegitimación de los mismos que permita sentar las bases para adoptar medidas de control sobre los jueces, de los pocos poderes que se resisten al desembarco de los fieles a Sánchez.
La primera parte de la afirmación anterior (búsqueda de la constante deslegitimación de los jueces) está suficientemente contrastada: los ejemplos de descalificaciones desde el Gobierno a los jueces son abundantes. Impulso Ciudadano, asociación con la que colaboro, lo ha denunciado reiteradamente en diversas instancias, incluida la Comisión Europea, y ha recopilado declaraciones de miembros del Gobierno que son completamente inadmisibles desde los parámetros de respeto que exige la garantía de la independencia judicial.
De la segunda parte también hay abundantes indicios. El primero, el intento de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que socialistas/comunes/nacionalistas tuvieran las manos libres para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En esta línea también se inscriben los intentos de modificación del sistema de acceso a la carrera judicial y el intento de aumentar las causas de abstención y recusación de los jueces. De manera indirecta, el intento de reducir el ejercicio de la acción popular, unido al vergonzoso control partidista de la Fiscalía, también contribuyen a limitar las posibilidades de actuación de los tribunales. En esta línea, también se incardina el reciente intento de que el Tribunal Constitucional, ahora controlado por afines a Sánchez, impida el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales ordinarios. Una auténtica aberración que no solamente choca frontalmente con las exigencias del Derecho de la Unión Europea, sino que roza la prevaricación; si se puede aplicar ese tipo penal a los magistrados del Tribunal Constitucional (lo que no está claro, por cierto).
Como decía hoy Cayetana Álvarez de Toledo, el Gobierno está en guerra con el Derecho. El Derecho, en tanto que límite de la voluntad (o el capricho) de quien tiene el poder molesta.
- Molesta que se cuestione la amnistía regalada a quienes hace 7 años intentaron derogar la Constitución.
- Molesta que se haya condenado a los que desviaron dinero público en el caso de los EREs.
- Molesta que se investigue al Fiscal General del Estado por utilizar su cargo con el fin de difundir datos personales de un contribuyente y así perjudicar a la oposición.
- Molesta que se investigue la creación de un cargo sin contenido para dar un sueldo al hermano del Presidente del Gobierno.
- Molesta que se investigue la utilización de la Moncloa para favorecer los negocios de la mujer del Presidente del Gobierno.
- Molesta que se investiguen los tratos de favor a altos cargos del gobierno criminal de Maduro que tienen prohibida su entrada en la UE.
- Molesta que se investiguen los negocios con las mascarillas, en tiempos del COVID, de altos cargos socialistas.
Esto es lo que en realidad molesta, y la sentencia de Alves no creo que, en el fondo, perturbe mucho a quien comparte "mayoría de progreso" con quienes están acusados de haber utilizado dinero público para el pago de compañía sentimental femenina o de haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento en las que las víctimas son mujeres; o con quien ha votado a favor de una ley que ha reducido las penas de no pocas personas condenadas por violación. Lo que sucede es que ha sido vista como una oportunidad para intentar profundizar en el descrédito del único poder que ahora mismo hace frente a la asociación de socialistas y nacionalistas que nos gobiernan.
No, María Jesús Montero no dijo lo que dijo el 29 de marzo por ignorancia. Sabe muy bien lo que hace; y lo que hace es intentar dividir a la sociedad española y levantar un muro que separe a los "suyos" de los "otros"; sin importar que para levantar ese muro tenga que volar la Constitución.
Al revés, volar la Constitución, a estas alturas, ya parece una consecuencia querida por estos que no se paran ni siquiera ante la presunción de inocencia.