La necesaria conmemoración de la Transición democrática
La monarquía liberal creada por los españoles (y el Rey) en 1978 no tiene nada que ver con la absoluta creada por Franco en 1947 ni con la alfonsina derribada en 1931.
El Gobierno de Sánchez ha decidido conmemorar el quincuagésimo aniversario de la muerte del dictador Franco con una serie de eventos bajo el lema “España en libertad”. Desde el punto de vista histórico-político y jurídico-constitucional se trata de una decisión desafortunada porque el fallecimiento de Franco en un hospital de Madrid en noviembre de 1975 no supuso, en modo alguno, el establecimiento de un régimen constitucional de libertades. El denominado eufemísticamente “hecho biológico” que tuvo lugar a finales de 1975 no implicó ningún cambio en el sistema legal franquista. En virtud de lo previsto en las Leyes Fundamentales, el Príncipe de España, don Juan Carlos, sucedió a Franco a título de Rey en la jefatura del Estado, y el gobierno de Arias Navarro continuó desempeñando sus funciones de dirección política, en colaboración con unas Cortes Orgánicas en las que el Movimiento Nacional continuaba siendo el único partido legal. En 1975 había en España numerosos presos políticos y se ejecutaron varias penas de muerte. La identificación del año 1975 con una España en libertad solo puede generar confusión.
La identificación del año 1975 con una España en libertad solo puede generar confusión.
La necesaria consolidación de la cultura cívico-democrática en España requiere inexcusablemente el cabal conocimiento del proceso histórico-político que culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, esto es, nuestra Transición a la democracia. Y en ese proceso, tres son los hitos a celebrar:
a) el primero, la aprobación de la Ley para la Reforma Política -VIII Ley Fundamental- por las Cortes el 18 de noviembre y en referéndum el 15 de diciembre de 1976, que supuso la apertura del proceso constituyente en tanto que encomendaba la tarea de emprender la reforma política a unas Cortes que habrían de ser elegidas, por primera vez desde 1936, de forma democrática y con participación de los distintos partidos expresión del pluralismo político;
b) el segundo, la celebración de dichas elecciones el 15 de junio de 1977, día en que el pueblo español recuperó las libertades al convertirse en dueño de su destino y alumbrar las Cámaras que habrían de redactar el proyecto de Constitución;
c) el tercero, el referéndum constitucional celebrado el 6 de diciembre de 1978 en el que el pueblo español ratificó abrumadoramente el proyecto constitucional aprobado por las Cortes. Esos tres acontecimientos decisivos para la construcción del régimen de libertades tuvieron lugar respectivamente en 1976, 1977 y 1978 y el gobierno haría bien en planificar un amplio programa conmemorativo de todos ellos. Lo que carece por completo de cualquier sentido es celebrar 1975 salvo que el Gobierno pretenda realizar un ejercicio de falsificación de la historia.
La realidad fue que el 20 de noviembre de 1975, el dictador falleció en la cama por causas naturales y no como consecuencia de ningún tipo de insurrección o movilización popular. Tras su muerte, las únicas multitudes que salieron a la calle fueron las de sus numerosos partidarios, que acudieron ordenadamente a su capilla ardiente. Nada hay que celebrar en ello. El 22 de noviembre de 1975, don Juan Carlos I fue proclamado Rey de España, y sucedió a Franco en la jefatura del Estado heredando la plenitud de poderes del dictador. Ahora bien, don Juan Carlos utilizó esos poderes para impulsar un proceso de democratización del Estado. Proceso que implicó la destrucción del sistema político franquista (la Monarquía del 18 de julio) y el establecimiento de un nuevo régimen (la Monarquía parlamentaria de 1978).
Desde esta óptica, las conmemoraciones del año próximo podrían generar otro tipo de confusión. En la medida en que se pone el foco en la muerte de Franco y en su sucesión por el Rey Juan Carlos, existe el riesgo de que ese acontecimiento descontextualizado sea utilizado por quienes insisten en afirmar que la monarquía parlamentaria fue impuesta por el dictador. Esa afirmación es completamente falsa. La monarquía que Franco creó en 1947 (Ley de Sucesión) era una monarquía absoluta en la que el jefe del Estado era el verdadero titular de la soberanía y concentraba todos los poderes del Estado. Esa monarquía – conocida como Monarquía del 18 de julio- desapareció en 1978. Ese año, el pueblo español en el ejercicio de su soberanía decidió alumbrar un nuevo régimen político, cuyos valores y principios suponían la negación de los vigentes durante la dictadura: la Monarquía parlamentaria. El hecho de que el titular de la Corona en esta “nueva” monarquía democrática fuera el mismo que el de la anterior (la monarquía autoritaria) no debe hacernos olvidar que se trata de dos monarquías no solo diferentes sino opuestas. Y que solo desde la más completa ignorancia o desde la mala fe se puede sostener que la Monarquía parlamentaria vigente hoy en España tenga un origen franquista. Esto es lo que habría que recordar y explicar:
El régimen surgido del 18 de julio se configuró, desde su hora fundacional, como un poder de hecho cuyo principio político fundamental residió hasta su último día en la atribución de un “poder constituyente permanente” al general Franco que concentró en su persona la titularidad de la soberanía y de todos los poderes del Estado. En ejercicio de este poder absoluto, Franco no restauró ni pretendió hacerlo nunca la Monarquía constitucional liberal. Esta encarnaba principios y valores incompatibles con su ideario político. Lo que hizo fue alumbrar un nuevo tipo de Monarquía, una auténtica Monarquía absoluta, que denominó Monarquía del 18 de julio y cuya legitimidad -como expresamente advirtió ante las Cortes en 1969- no residía ni en la tradición ni en la historia: “El Reino que nosotros, con asentimiento de la Nación, hemos establecido, nada debe al pasado; nace de aquel acto decisivo del 18 de julio, que constituye un hecho histórico trascendental que no admite pactos ni condiciones”. Y por si alguna duda quedaba, Franco reiteraba que “se trata, pues de una instauración, no de una restauración”. Esta Monarquía fue establecida en 1947 en la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado que definió nuevamente a España como reino y, tras consagrar el carácter vitalicio de la jefatura del Estado en la persona de Franco, atribuyó a este la facultad de designar a su sucesor a título de Rey. No es por ello exagerado afirmar que, en 1947, Franco fue hacedor de reinos y, veinte años después, cuando en 1969 nombró al entonces Príncipe Juan Carlos sucesor, hacedor de Reyes. Esa Monarquía del 18 de julio, legalmente definida como “católica, tradicional, social y representativa” era realmente una monarquía absoluta y estuvo vigente en España hasta 1978. En la medida en que nada debía al pasado y era una creación de Franco, no cabe establecer ninguna conexión entre aquella y la monarquía extinguida en 1931. Su legitimidad ya no residía en la historia sino exclusivamente en la victoria de la guerra civil.
El 22 de noviembre de 1975, don Juan Carlos fue proclamado Rey tras jurar los principios del Movimiento y, a partir de entonces, utilizó sus amplios poderes para acabar con la Monarquía (y el régimen) del 18 de julio. La aprobación en 1976 de la Ley para la Reforma Política fue el instrumento jurídico que hizo posible el cambio político. Cambio que supuso la sustitución, en 1978, de la Monarquía del 18 de julio por otro tipo de Monarquía radicalmente opuesta a la anterior en sus principios y valores inspiradores: la Monarquía parlamentaria. En la primera, el Rey ostentaba la soberanía (art. 6 de la Ley Orgánica del Estado de 1967); en la segunda, la titularidad de la soberanía se atribuye al pueblo español (art. 1. 2 de la Constitución de 1978). El proceso de democratización del Estado consistió básicamente en la renuncia del Rey a esa soberanía y en su correlativa atribución al pueblo español.
De esta forma, en 1978, fue alumbrada una nueva forma de monarquía, radicalmente distinta de la franquista y que tampoco guardaba conexión con la canovista-alfonsina. Se trataba de una monarquía nueva por democrática. Una monarquía que, a diferencia de la del 18 de julio no fue creada por Franco, sino establecida democráticamente por el pueblo español en un doble ejercicio de autodeterminación colectiva (15 de junio de 1977 y 6 de diciembre de 1978). De la misma forma que Franco, el constituyente de 1978 tampoco tuvo nunca intención restauradora alguna. El establecimiento en España de una Monarquía parlamentaria no puede ser calificado como una segunda restauración monárquica (como pretenden los legitimistas monárquicos) sino como una segunda instauración, la segunda del siglo XX. El acto de renuncia de D. Juan de Borbón a sus “derechos dinásticos” tuvo una naturaleza estrictamente privada y carece de efectos jurídico-constitucionales porque la legitimidad de la monarquía democrática no es histórica. La Monarquía parlamentaria goza de una triple legitimidad: constitucional, democrática y funcional. La Corona es un elemento esencial de la Constitución de 1978, fue refrendada abrumadoramente en el referéndum de 1978 y ha sido, y es, un órgano fundamental para el establecimiento, consolidación y preservación de la democracia.
El hecho de que el titular de la Corona fuese la misma persona en la Monarquía del 18 de julio y en la Monarquía democrática no puede hacernos olvidar la radical incompatibilidad entre ambas. Don Juan Carlos I fue, durante tres años, el Rey de la Monarquía del 18 de julio, e impulsó la sustitución de esta en 1978 por la Monarquía democrática. Su decisivo papel en el proceso democratizador y su impagable contribución al completo desmantelamiento del régimen franquista explica que el constituyente de 1978 dispusiera su continuidad como Rey de la nueva Monarquía democrática.
Estas decisivas páginas de nuestra historia son desconocidas para las nuevas generaciones de españoles y por ello sería conveniente organizar un programa conmemorativo-divulgativo de nuestra Transición a la Democracia (1976-1978), pero lamentablemente, la desafortunada conmemoración por el Gobierno, de 1975, bajo el lema de España en libertad, no va en esa dirección.
Javier Tajadura Tejada es Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV-EHU.
Imagen: fragmento de una fotografía de Arnaud Jaegers en Unsplash.