La buena administración de bienes ajenos, sean públicos o privados
La falta de respeto al patrimonio de los demás.
La ministra de Transporte británica, Louise Haigh, ha presentado su dimisión porque se ha conocido que en 2014 denunció que le habían robado en un atraco el teléfono móvil de su trabajo, y cuando lo encontró después no puso este hecho en conocimiento de la policía ni de su empleador, que le había entregado otro. Diez años después de este asunto, que se consideró una falta menor, la ministra ha presentado su renuncia. Como razón para presentar esa dimisión, la ya exministra ha dicho que no quería que el gobierno se distrajera de lo realmente importante. Contrasta este hecho con la soltura con que permanecen en sus cargos los políticos de nuestro país a pesar de estar involucrados en delitos mucho más graves y que sin duda distraen la acción de gobierno y la administración de los recursos públicos. Una razón que puede explicar esta diferencia de comportamiento es el poco respeto que en nuestro país se tiene por el patrimonio ajeno, incluso cuando se es responsable de su administración.
Tengo próxima otra falta de respeto a los bienes de los demás, en este caso también privados. Todos conocemos que la peor de las reuniones, que tenemos que soportar todos los años, es la de la comunidad de vecinos, y que los peores comportamientos y actitudes poco o nada razonables tienen lugar en ese ámbito. Hace unos meses una comunidad de vecinos que conozco bien, tomó la decisión de renovar sus calderas de agua caliente y calefacción central, por un precio que supone una importante derrama de todos los copropietarios. En la misma reunión se adoptó la decisión de encargar las nuevas instalaciones a una empresa del sector y también se adoptó el acuerdo de desestimar la propuesta de tres miembros de la junta rectora para sustituir la instalación general de agua caliente por calderas individuales.
La firma del contrato con la empresa encargada de la obra exigía la entrega de una cantidad a cuenta próxima a los 70.000 euros, cantidad que al parecer no sirve para corromper a un ministro de transportes, pero que es muy importante para una comunidad de vecinos. Cuando el presidente de la junta rectora, que era consciente de su responsabilidad, solicitó a la empresa un aval por la entrega a cuenta, esta no lo entregó, aduciendo que en el banco no se lo proporcionaban. En diligencias posteriores el presidente de la comunidad comprobó además que la empresa en cuestión figuraba en la lista de morosos de hacienda. Como es lógico, ambas cuestiones desataron la alarma en el responsable de las cuentas de la comunidad, que convocó una reunión general de vecinos para informar de la situación y proponer a otra empresa que sí pudiera presentar el aval que requería para tranquilidad de todos.
Lo que sucedió a continuación muestra el escaso respeto que se tiene en España por el patrimonio ajeno. Los tres miembros de la junta rectora que no habían visto satisfecha su propuesta de modificar las instalaciones iniciaron una campaña de desprestigio del resto de la junta rectora y llevaron a toda la comunidad a la estupidez, por el riesgo que suponía, de forzar la firma de un contrato con la entrega de una cantidad a cuenta sin garantía alguna, con una empresa más que sospechosa de insolvencia.
En el primero de los casos expuestos una joven empleada de una empresa, The Guardian dice que era veinteañera cuando sucedieron los hechos, asume su responsabilidad política, la penal ya fue pagada, por haber mentido y sustraído un teléfono móvil, hace diez años. Parece que en el Reino Unido se respeta el patrimonio ajeno y los políticos deben decir la verdad y asumir su responsabilidad. En nuestro país el patrimonio privado y el público parece que han perdido el respeto de todos. Que los políticos digan la verdad, mejor ni mencionarlo. En caso de impago de un alquiler de vivienda el que se encuentra siempre en situación de inferioridad es el propietario, siempre sospechoso de explotador, como si él fuera el responsable de garantizar el derecho a la vivienda de otra persona. No digamos nada cuando el patrimonio es público, recordemos que una ministra y luego vicepresidenta del gobierno, llegó a decir que “el dinero público no es de nadie”. En Navarra tenemos una empresa pública con un director gerente cobrando sueldo superior al de un director general, sin actividad prevista hasta 2026 en el mejor de los casos.
Como la estupidez humana no conoce límites, esa falta de respeto a los bienes comunes acaba perjudicando también los propios, como ocurre en el ejemplo de la comunidad de vecinos, porque la insolvencia de la empresa contratada también perjudicaría a los tres inductores del disparate.