El integrismo lingüístico catalán y vasco
Estrategia política de secesión contra los españoles
Los secesionistas cuando tienen una lengua diferencial, como el catalán o el vasco, la utilizan como arma de identidad exclusiva (sólo ésta) y excluyente (no cabe otra) que alimenta el integrismo lingüístico, estructuralmente violento e incompatible con el orden constitucional y la cultura democrática.
El integrismo lingüístico inspira políticas y actitudes de imposición y defensa dogmática, esto es, irracional de las lenguas que consideran suyas, llegando incluso a conductas fanáticas al obligar a los demás a usarlas por todos los medios a su alcance, incluida la violencia como la reciente vandalización y destrozo de la heladería Helados Dellaostia en el barrio de Gracia de Barcelona, con rotulación en catalán y español, pero atendían a los clientes en español. Una clienta, familiar de un político de ERC pidió un helado de “maduixa”, fresa en español. El vendedor no lo entendió, la señora se enfureció y empezó el drama del supremacismo victimista. La máquina de odio y destrucción puesta en marcha: redes, asociaciones secesionistas subvencionadas por el gobierno Illa, Ómnium cultural, Plataforma per la Llengua y otros tienen identificado un enemigo a destruir, expresado en redes por Antonio Baños (CUP): "Este local es nuestro enemigo ¡Hasta que cierre!". Ahora se suma el partido Aliança Catalana: declara la guerra a los comercios que usan el español, tildados de anticatalanes. Un enjambre de fanáticos se ha lanzado a las calles en busca de culpables. En dos días han presentado más de 25 denuncias. Rememora, mutatis mutandis, el boicot judío totalitario de los nazis (Judenboykott).
Todo se basa en normas catalanas anticonstitucionales (Ley de Política lingüística de 1998, no recurrida al Constitucional por el Estado, y el Código de Consumo de Cataluña). Establecen que "los consumidores tienen el derecho de ser atendidos en la lengua oficial que escojan". Si se expresan en catalán se les debe atender en catalán lo que exige recursos de disponibilidad lingüística a los establecimientos, esto es, contratar solamente a trabajadores con dominio de las lenguas regionales. Esto crea obligaciones lingüísticas a los trabajadores en contra de su derecho constitucional, pues sólo hay deber de conocer el español como lengua oficial.
Durante más de cuatro décadas los secesionistas se han hecho fuertes en las autonomías, convertidas en feudos donde su poder prevalece en el territorio y sus habitantes. Han desarrollado políticas lingüísticas beligerantes de imposición de las lenguas regionales hasta excluir el español, pese a ser la lengua oficial socialmente mayoritaria.
Los hechos concretos son bien conocidos por una gran mayoría de españoles que soportan y padecen la prepotencia incivil de las políticas lingüísticas: se sienten agraviados por la exclusión del español en las instituciones, servicios públicos e incluso en empresas privadas; con sus impuestos se financia la educación, que excluye el español como lengua vehicular y de aprendizaje; los derechos de sus hijos son atropellados al imponerles la inmersión lingüística en las escuelas (directa en Cataluña e inducida en el País Vasco); las familias más atentas comprueban la manipulación ideológica a que someten a sus hijos en la enseñanza de la Historia; muchos ven limitados sus derechos laborales como ciudadanos españoles, por los requisitos lingüísticos exigidos; empresas y comercios sufren las multas por rotular en español, perseguidos por comisarios lingüísticos; los medios de comunicación (públicos y financiados) controlados por los secesionistas excluyen el español con menoscabo a la memoria común de unión entre españoles...
Estos hechos son pauta criminal "normalizada", no simples anécdotas. Han logrado crear una "frontera" lingüística de dominación interior y exclusión exterior de los españoles. Es la evidencia de la quiebra del orden lingüístico constitucional, ratificado por los españoles en referéndum nacional. Significa que los derechos lingüísticos de los españoles no rigen en Cataluña y País Vasco y se expande a otros territorios. En consecuencia, se vive una situación de excepción constitucional, es decir, totalitaria, de funestas consecuencias para la vida en libertad, pues la arbitrariedad es la norma. Ha sido posible y lo sigue siendo por acción de los secesionistas (también de otros partidos) y la dejación de responsabilidad del Estado (gobiernos, Cortes y Tribunal constitucional) que han dejado hacer e incluso han adoptado el marco conceptual de los secesionistas contra el orden constituido.
Nada de lo expuesto cabe en el orden lingüístico constitucional. Conviene recordarlo, se funda en dos principios básicos:
1. La Constitución establece el derecho de ciudadanía para el español: "todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo" (CE, 3.1).
2. Las lenguas cooficiales con el español, en algunas autonomías, son lenguas de uso normal (vehiculares), pero no preferentes.
La Constitución, por decisión expresa del poder constituyente (Comisión y Pleno del Congreso de diputados, 1978) situó al español en un plano diferente a las lenguas regionales cooficiales. En efecto, el pleno del Congreso constituyente aprobó, por amplísima mayoría de 278 votos a favor, 20 en contra y 13 abstenciones, rechazar la "exclusividad" del catalán y el "deber de conocerlo" (enmiendas 105 y 106, respectivamente, presentadas por el grupo de Minoría catalana).
Este acuerdo, aplicable por analogía a todas las lenguas regionales, es norma constitucional: determina el significado, alcance político e interpretativo del texto constituido CE, 3.2-3).
De ambos principios se infieren los siguientes criterios, útiles para discernir los hechos, normativos y fácticos, y las interpretaciones sobre lenguas cooficiales del Tribunal constitucional:
— EN TODA LA NACIÓN. Sólo el español es lengua oficial común de todos, en todo el territorio nacional. Todos los españoles tienen derecho a ser atendidos en español, oral y escrito, por todas las instituciones públicas estatales, autonómicas y locales y a usarlo sin limitaciones.
· Todos los españoles tienen derecho a conocer el español como lengua culta y aprender en español materias principales no lingüísticas en el sistema educativo.
· Los españoles no tienen el deber de conocer y usar las lenguas cooficiales regionales.
— EN LAS AUTONOMÍAS CON LENGUA COOFICIAL. El español y las lenguas cooficiales en sus autonomías son lenguas de uso normal de todas las administraciones autonómicas y locales.
· Algunos españoles tienen derecho a usar las lenguas cooficiales con el español y a su enseñanza en el sistema educativo, sin preferencias, pues como españoles el español también es su lengua: no hay discriminación por atenderlos en español.
· Las lenguas cooficiales son lenguas vehiculares de todas las instituciones autonómicas y locales. Bilingüismo institucional simétrico en ambas lenguas, salvo que la ley contemple zonas específicas de hablantes en español como, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana.
· El conocimiento y uso de las lenguas cooficiales con el español no son exigibles.
No puede imponerse el plurilingüismo obligatorio, esto es, aprender y usar las lenguas regionales, pues es voluntario.
— ES CONTRARIO AL ORDEN CONSTITUIDO. El monolingüismo en lenguas regionales, como la inmersión lingüística obligatoria o inducida, multar por usar el español, así como crear obligaciones, requisitos y exigencias de disponibilidad lingüística. Vulneran derechos, dividen y excluyen.
Estos principios y criterios de cooficialidad lingüística —entre una lengua común y otras regionales— coherente con nuestra historia lingüística ya no existen; han sido dinamitados por las políticas lingüísticas de los secesionistas, asumidos a la práctica por otros partidos, pese a ser políticas que vulneran derechos personales y dañan la convivencia. Estas políticas incompatibles con la Constitución no responden a motivos lingüísticos sino políticos, orientados a la secesión con la construcción de naciones antiespañolas.
El integrismo lingüístico instalado se orienta a este fin de ruptura, cuyo motor es el proceso secesionista, basado en el mito de una comunidad imaginada y, en su raíz, la violencia, núcleo interno fundacional del mito, pero, objetivamente son simples intereses de clase. Es como una bola de nieve construida alrededor de privilegios de una élite, primero burguesa en el primer tercio del siglo XX y ahora pequeñoburguesa, política y funcionarial. Casi todos ellos viven, según formas distintas, de los recursos públicos.
Revertir el integrismo instalado en las instituciones es un imperativo político de salud constitucional. Es condición necesaria para la convivencia lingüística en libertad, pero exige determinación e inteligencia. Exige un ley estatal del español garante de los derechos y deberes expuestos antes. Pero corregir la desmesura consolidada demanda actuar por la vía cultural (criterios e información) y la política, con sanciones administrativas (inhabilitación y multas) por incumplimiento, sin excluir las penales.