Durante los gobiernos de Sánchez España ha sufrido graves calamidades públicas, que han evidenciado irresponsabilidades graves tanto en prevención como en gestión: el COVID-19, la erupción del VOLCÁN DE LA PALMA, 19.09.2021, la grave inundación de la DANA en VALENCIA, 29.10.2024, el APAGÓN general de suministro eléctrico, 28.04.2025, y ahora los devastadores INCENDIOS desde Asturias y Extremadura.
En todos estos hechos que comprometen seguridad, libertades y bienes, el patrón de conducta del poder público ha sido y es la división: ayuntamientos y autonomías por un lado, implicados directamente por la catástrofe, pero con recursos insuficientes, y el gobierno nacional por otro de quien dependen los grandes recursos (ejércitos, red ferroviaria y viaria, colaboraciones con otros países, Aemet, y la estructura del poder del Estado con 22 ministerios, 36 secretarias de Estado, 38 subsecretarias y secretarias generales, 130 direcciones generales y además 14 comisiones interministeriales y planes como el de Recuperación, Transformación y Resiliencia). Una maraña de órganos y cargos de partido, caro, burocrático e ineficaz ante las amenazas que sufren los ciudadanos.
El patrón de conducta del poder público, estatal y autonómico, muestra las miserias de un modelo caracterizado por la fragmentación, politización sectaria y elusión de responsabilidades. Pero el patrón de comportamiento no es equidistante: la confrontación política es la forma de gobernar de Sánchez y los suyos, incluso en las calamidades públicas pese a los daños en personas y bienes. Entiende el poder como una guerra sin cuartel contra los "otros", reducidos en la propaganda a escoria ultraderechista, aunque sean autoridades elegidas por los ciudadanos. Es su estrategia para perpetuarse en el poder como patrimonio personal. Su papel tanto en la Dana de Valencia como con los incendios se resume en estar ausente, no implicarse, eludir la responsabilidad directa. Ahora durante los largos días de incendios no se ha inmutado, ha seguido de vacaciones a cuerpo de rey absoluto en Lanzarote. Su carácter político quedó definido durante la Dana en su mensaje frío y distante: "si quieren ayuda, que la pidan". Pero hemos comprobado que pese a pedirla, alcaldes y presidentes autonómicos, la ayuda no llega con la cantidad y premura requerida. Sólo después del desastre aparece como salvador con planes de ayudas cuya ejecución deja mucho que desear: véase en los damnificados por el volcán de la Palma o con los damnificados de la Dana: de las 320.000 solicitudes de ayuda más del 60% no se han ejecutado (El Debate, 27.08.25).
En las calamidades citadas al principio otra cosa bien distinta hubiera sido si se hubiera actuado con responsabilidad pública desde el primer momento, esto es, con unión de esfuerzos y recursos coordinados por el Estado dejando a un lado la confrontación. Es el modelo constitucional del art. 103.1 "La administración pública (se entiende que toda) sirve con objetividad a los intereses generales y actúa según principios de eficacia, jerarquía...y coordinación..." La idea gubernamental de Cogobernanza es ajena al orden constituido: España es un Estado unitario y descentralizado en autonomías regionales con delimitación competencial respectiva, pero con prevalencia del Derecho estatal sobre el autonómico (art. 149.3 CE), incluso con competencias exclusivas de las autonomías, avalado por el Derecho comparado (EE. UU, RFA siendo estados federales), porque el interés general legítimo, atribuido al Estado, predomina sobre los intereses de las partes.
Para más escarnio de los españoles, tres leyes, eludidas intencionalmente por el gobierno, avalan la intervención directa del Estado ante situaciones graves que afecten a la vida, seguridad, libertad y bienes:
1. El gobierno de la Nación podía decretar el Estado de Alarma, según el art. 116.2 CE y el art. 4 de la L.O. 4/1981 ante "situaciones causadas por alteraciones graves de la normalidad, como desastres, calamidades...siempre que estas situaciones no puedan ser afrontadas con las facultades ordinarias del gobierno".
2. El gobierno ante la magnitud y alcance de la calamidad por la Dana y por los incendios pudo y no lo hizo aplicar la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional que permite al presidente del Gobierno adoptar cuantas medidas protejan las libertades, derechos y bienes de los españoles (art. 15).
3. También podía, pero no asumió la responsabilidad de declarar "zona afectada gravemente por una emergencia nacional", según el art. 23 de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil por acuerdo del Consejo de Ministros, la coordinación del Ministro del Interior con los delegados del gobierno y los órganos competentes de las Autonomías y Entes locales afectados.
Este es el modelo de las sociedades civilizadas en Estados descentralizados. Ante una calamidad pública el Estado actúa como un todo coordinado y eficiente. Se imaginan la imagen de Sánchez, Marlaska y Robles codo con codo desde el primer minuto con Mazón, Rueda, Mañueco, Guardiola y Barbón (éste es de su cuerda, pero ni así porque la mayoría son los "otros").
La realidad es tozuda, miremos brevemente las principales calamidades habidas (me centro en las más recientes). Algunas como el apagón ha dejado de ser actual, la Dana costó vidas irrecuperables y sólo los afectados saben los costes de la reconstrucción, los incendios aún en activo han destruido vidas, casas y patrimonio natural. En todos hay responsabilidades por acción y omisión:
A. Red Eléctrica (REE) es una empresa privada con régimen especial que garantiza el control gubernamental, cuyo accionista mayoritario (20% del capital) es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El apagón eléctrico general, el 28 de abril de 2025, era evitable con una gestión profesional, pero primó el cálculo político: falló por un exceso de generación de fuentes no firmes (fotovoltaica y eólica) que desequilibró fatalmente el sistema y por la falta de generación de respaldo (gas, nuclear, etc.). Sólo en este caso, causado por el poder estatal, el gobierno decretó el nivel 3 de emergencia nacional para tomar el control integral de la crisis. Pero, ningún cargo ha asumido responsabilidades: nadie ha dimitido o ha sido cesado. Este es otro patrón de conducta del socialismo.
B. El gobierno nacional es doblemente responsable de la Dana de Valencia por no activar la ley Seguridad Nacional o la inhibición del Gobierno y del ministro del Interior al no subir la situación operativa al nivel 3 y declarar la “emergencia nacional. https://www.vozpopuli.com/opinion/la-dana-una-tragedia-en-busca-de-responsables.html. Pero sí activó la confrontación. Intencionalmente dejó sola a la autonomía y actuó por necesidad tarde, mal y sin coordinación. Eso no excluye la responsabilidad de la Autonomía en la prevención e ineficacia de la gestión de la crisis, causada en parte por la imprevisibilidad del efecto de la Dana. José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET de la Comunidad Valenciana reconoce ahora errores en la gestión de la Dana "no sabía lo que iba a ocurrir el 29 de octubre en Valencia. No sabía que iban a caer 770 litros en Turís". No se actuó con la debida coordinación de alerta, vigilancia y comunicación entre organismos del Estado, Autonomía y ciudadanos. No se actuó con la debida coordinación y eficacia en la atención a los damnificados ni en las medidas de salvamento y reparación.
El gobierno de España falló estrepitosamente en la prevención: no se adoptaron de medidas que constaban en el Plan Hidrológico de 2001, eliminadas irresponsablemente por el gobierno de Zapatero en 2004. Incluían entre otras medidas en encauzamiento de barrancos, como el del Poyo y la construcción de una presa en Cheste de 8 Hm3 para evitar inundaciones en 16 municipios, ahora inundados. En 2021 la ministra Rivera desautorizó el drenaje y remodelación del cauce del barranco del Poyo, con la construcción de un azud para derivar parte del caudal a una red de acequias. Todas estas responsabilidades preventivas desatendidas presentan una relación causal mediata con los hechos. En los últimos 30 años se han suspendido 9 proyectos para evitar inundaciones en la Huerta Sur de Valencia.
C. El Estado en conjunto (Gobierno, regiones y ayuntamientos) son responsables de la prevención y acción coordinada y eficaz de los actuales devastadores incendios de 6ª generación en diversas regiones. Una vez iniciado un fuego su crecimiento es exponencial por unidad de tiempo transcurrido. La acción rápida y coordinada de todas las administraciones es crucial, porque estos incendios exigen todos los recursos disponibles de todas las administraciones. Si no se corta su desarrollo son casi inextinguibles con altas temperaturas y viento en amplias áreas con mucho "combustible" en el suelo (plantas secas, cultivos) y en vertical (bosques con árboles altos y bajo bosque enmarañado sin mantenimiento.
En esta calamidad pública el gobierno tampoco ha asumido la dirección de la crisis. Otra vez más el gobierno del taimado Sánchez escurre el bulto, otra vez la inhibición de la coordinación del gobierno: Sánchez aparece en avión cuando todo se ha consumido, muestra el careto y se va. Robles muestra la acción de la UME. Es lo normal, es su competencia, pero critica a las autonomías. Marlaska, igual. Sirven al propósito del amo: hágase la confrontación, aunque perezca España.