El próximo día 18 de octubre se celebran en Madrid las primeras Jornadas sobre Derechos lingüísticos en España, organizados por la asociación cívica Impulso Ciudadano, con la colaboración de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid y la Universidad CEU S. Pablo.
La gran mayoría de ciudadanos españoles viven con normalidad su derecho de hablar y ser atendido en español. Es lo normal, pero no ocurre así en las autonomías con lengua cooficial como Cataluña o País Vasco… Es bien conocido porque los medios informan con frecuencia de casos de exclusión, limitación de derechos, abusos en la educación… Desde fuera se ve con extrañeza porque no afecta a sus condiciones de vida, pero desde dentro de estas autonomías (donde viven más el 41% de la población española) se vive de forma directa: afecta a sus condiciones de vida, a sus derechos como ciudadanos españoles, al éxito educativo de sus hijos, a la falta de respeto de las autoridades y algunos funcionarios… Muchos ciudadanos lo viven y sufren como un asedio contra el español que limita sus derechos constitucionales.
Es, pues, muy pertinente el motivo de estas jornadas sobre derechos lingüísticos.
Pero ¿Qué derechos lingüísticos tenemos los españoles?
En primer lugar, la situación es esta: España es una nación de larga duración histórica con una lengua común, el español y otras lenguas regionales: vasco, catalán-valenciano y gallego, entre otras. Las citadas tienen el estatus de lenguas oficiales en sus respectivas autonomías con arreglo a los Estatutos en el marco de la Constitución.
En este contexto, los españoles tenemos reconocido en la Constitución el derecho a usar el español en toda España y la obligación de conocerlo. Este patrón constitucional está asociado a la condición de ciudadanía española. Incluye la capacidad activa de uso, sin límites ni restricciones, y pasiva que obliga a los poderes públicos y funcionarios a garantizar su ejercicio. El conocimiento se adquiere en la vida familiar, social y de forma sistemática en la educación.
En las autonomías con lengua cooficial conviven españoles que hablan habitualmente en español y españoles que hablan habitualmente otras lenguas cooficiales, con derecho de uso, no preferente, y conocimiento a través de la educación. Éstos tienen como españoles el deber de conocer el español lo que facilita la comunicación al compartir el español como lengua común. En todas estas autonomías hay un número significativo de ciudadanos que se manejan en ambas lenguas cooficiales con grados distintos de competencia, pero ningún ciudadano español tiene obligación de conocer y usar las lenguas regionales.
¿Dónde no se respetan los derechos lingüísticos?
Estos derechos no se respetan en las autonomías con lengua cooficial, controladas por la ideológica de los nacionalismos antiespañoles. Ha prevalecido la voluntad política de implantar las lenguas cooficiales con el español como lenguas preferentes en la vida institucional, servicios públicos y privados, comercios… Se ha hecho mediante la creación de deberes ciudadanos de conocimiento y uso, cercenando los derechos personales al imponer obligaciones, establecer requisitos laborales, presiones, señalamientos, violencia, exclusiones y multas. Genera daños en la convivencia y es motivo de conflicto, así lo vienen manifestando muchos ciudadanos en su lucha contra la imposición política, lingüística y cultural a través de asociaciones, investigaciones y estudios, aunque hay ciudadanos que lo aceptan y toleran. Hay evidencias acreditadas de todo ello.
La vulneración de derechos ha llegado a máximos en la educación: en Cataluña, Baleares y País Vasco la educación se imparte en las lenguas regionales como única lengua vehicular, de enseñanza y aprendizaje. El español es tratado como una lengua extranjera. También sucedía en la Comunidad Valenciana, pero recientemente, a través de una regulación legal, son las familias quienes eligen la primera lengua de aprendizaje, sin exclusión de la otra. En Baleares también se intentó, pero ha tenido una ejecución ineficaz durante el presente curso académico. En Navarra hay presiones para ampliar el ámbito de uso del vasco.
¿Quiénes son los responsables de la quiebra del orden lingüístico constitucional?
Las sociedades libres se caracterizan por el ejercicio normal de los derechos y deberes ciudadanos con un doble papel de responsabilidades: los poderes públicos, en su garantía efectiva; y los ciudadanos, en su exigencia plena. Por el contrario, en España los poderes públicos al no garantizar el pleno ejercicio de los derechos lingüísticos en español son responsables de su atropello y vulneración. En primer lugar, los poderes públicos autonómicos per sus regulaciones de normalización lingüística, obligaciones, deberes, requisitos, imposiciones discriminatorias. Ningún español es sujeto a “normalizar”, pues ningún español es anormal por usar el español.
También son responsables, en mayor medida, los poderes públicos de la Nación (gobiernos y Cortes Generales) por dejación de responsabilidad al permitirlo e incluso, como estamos viendo, ampararlo. Llevan décadas dejando hacer, mirando para otro lado al anteponer los intereses partidarios de poder por encima del deber público.
El Tribunal constitucional tiene una especial responsabilidad por falta de unidad, claridad y firmeza aseverativa en la integridad del orden constituido que debe garantizar por encima de cualquier voluntad de poder.
En las Jornadas citadas se tratarán temas como el debate entre derechos lingüísticos y derechos de las lenguas, la lengua común y las lenguas regionales, los derechos lingüísticos en la Función Pública, los conflictos lingüísticos, los derechos lingüísticos en los sectores privados, el impacto de la inteligencia artificial y la traducción. Todo ello en el marco de la situación sociolingüística de la población española que la ideología de los nacionalismos antiespañoles quiere cambiar para crear un mosaico territorial de lenguas “propias” contra la lengua común española.