Sánchez-PSOE han abdicado de la socialdemocracia y abrazado en neocomunismo al pactar con la ultraizquierda y, además, han adoptado el marco mental antiespañol de los secesionistas catalanes y vascos: han legalizado la sedición y amnistiado a los golpistas, les ceden las competencias estatales y les perdonan parte de la monumental deuda con que financian la insurrección.

La gobernanza de la Nación de los gobiernos en minoría en los últimos 7 años ha estado orientada más a las políticas de sus socios, afianzar el control de todas las instituciones a través de peones políticos serviles y fomentar una ciudadanía dependiente, limitada y manipulable como condición de permanencia en el poder que al desarrollo social, político y económico de España. Veamos en concreto esta involución socioeconómica:

Diversos indicadores identifican el declive social y económico que pulverizan la propaganda del gobierno y prensa afín. Es un hecho la pérdida de posiciones en los rankings internacionales con impacto en los diversos estratos sociales, pero especialmente en la clase media y baja con el incremento de las personas en el umbral de la pobreza y exclusión social con rentas inferiores a los 10.000 €/año (el 26,5% de la población en INE-2023).

Salarios

La OCDE-2023 fija el salario medio en España en 21.600 € brutos anuales según esta estructura de rentas: los ingresos de la clase baja son inferiores al 75% del ese valor (hasta 16.200 €/año); la clase media, se sitúa entre el 75% y el 200% de la media (entre 16.200 y 43.200 €/año); y la clase alta, excede el 200% de la renta media (ingresos brutos superiores a 43.200 €/año). Y alerta: “España tiene una clase media más pequeña que el resto de los países de nuestro entorno. Su peso es de menos del 55% de la población frente al 61% de la OCDE”. Y añade: “los países más ricos son aquellos con una mayor parte de la población en el segmento de ingresos medios”. El declive de la clase media en España expresa deterioro económico real. Los costes de la vivienda, sanidad, educación, servicios, carga impositiva y cesta de la compra han crecido por encima del nivel de ingresos. Entre 2018 y 2023 los salarios han crecido un 17% mientras que la cesta de la compra se ha encarecido un 43%. Las causas son diversas, económicas y sociales: rigidez mercado laboral (regulación estatal), fractura de la unidad del mercado (regulaciones autonómicas), inseguridad jurídica, desconfianza, corrupción política, aumento de la carga impositiva, bajos salarios, inflación y aumento de precios.

Productividad

Estos factores citados restan calidad a la actividad económica cuyo impacto repercute negativamente en la productividad. España ha ido cayendo en el ranking de competitividad: ocupa el puesto 40 de 67 (IMD). Desde 2018 hemos perdido 18 posiciones. Causas: inseguridad jurídica, abusos regulatorios, política económica intervencionista, deuda y gasto público...

Sus efectos son notorios en la alta tasa de paro del 10,9%, superior a la tasa de la zona euro del 6,3% (Eurostat), pero con la sangría del paro de los jóvenes menores de 25 años del 26,6% (EPA-4º TRI2024) y la manipulación de los fijos discontinuos con unas 800.000 personas que no trabajan y no constan como parados. “El 83% de los contratos laborales en España son temporales, parciales o fijos discontinuos” (The Objective 4.05.2025), la falta de inversiones e innovación creadora, el pequeño tamaño de las empresas, la fuga de capital humano más cualificado y las barreras burocráticas ciegan el desarrollo productivo.

PIB y PIB per cápita

Esta realidad se esconde en la propaganda oficial que pone el foco en el crecimiento del PIB, pero esconde el estancamiento del PIB per cápita, situado en 27.740 € en 2024. Este dato nos sitúa en el puesto 14 y la baja de la UE-27, muy lejos de la media de 33.530 € de la UE (Eurostat) y por debajo de Italia (33.810 €) o Chipre (32.810 €). España pese a ser la cuarta economía del euro es la 14 en productividad; su economía no converge con el nivel de desarrollo de las familias de la UE, sino que se ha estancado y revertido la tendencia convergente de hace 20 años. Sólo los ingresos de los hogares de Madrid y País Vasco, en retroceso, superan la media de la UE.

El bajo nivel del PIB per cápita es un indicador de baja productividad por la relación existente entre la riqueza media por persona y la eficiencia en la producción de riqueza.

Los españoles comprueban cada día el incremento del coste de la vida, la frustración de muchos jóvenes para alquilar o comprar una vivienda por la relación imposible entre los costes de la vivienda y los salarios reales.

Empobrecimiento sociocultural y político

A estos factores hay que agregar el deterioro creciente del sistema educativo básico, mantenido en posiciones mediocres (OCDE-PISA-2023), y una educación universitaria fuera de las 20 primeras posiciones mundiales, la instrumentalización secesionista de la educación en Cataluña y País Vasco, la “normalización” de la corrupción política y la mentira institucionalizada, la reducción de las expectativas de los jóvenes y el acomodo de muchos de ellos a una vida sin horizontes. El paro endémico y la baja productividad condicionan la vida y futuro de los ciudadanos y sus familias porque lastran las posibilidades de desarrollo.

Por el contrario, son causa del progreso social y económico la salud y extensión de la clase media, la competitividad de empresas y productos, el nivel alto de PIB per cápita, la excelencia educativa, la calidad del Estado de derecho, el prestigio de las instituciones públicas, el rigor y trasparencia en la gestión de los recursos públicos (gasto, deuda, déficit, información).

No es aplicable en la España actual. La propaganda se emplea a fondo para que una población empobrecida, dependiente y manipulable garantice la permanencia en el poder de liderazgos autoritarios e irresponsables como el de Sánchez. Lo que está dejando a su paso es decadencia social y económica, corrupción institucional desde arriba, con el Tribunal constitucional legalizando la amnistía no constitucional, desde dentro con Alegría, Montero y López propalando bulos con descaro sinvergüenza y hasta en el subsuelo con las cloacas (casos Ábalos, Cerdán y Leire Díez), degradación democrática con un Congreso de diputados convertido por Armengol en un guiñapo al servicio del jefe, la irresponsabilidad criminal por la DANA-2024, el descontrol migratorio...

Revertir la espiral de empobrecimiento, económico y moral, que hunde a los ciudadanos es la cuestión en un momento histórico crítico para el futuro de Europa y la paz mundial. España no está ni se la espera. Vivimos ese periodo fatídico de todos los autoritarismos instalados. Sánchez sabe que su tiempo ha terminado, pero sigue obstinado de lo imposible, cada vez más aislado en el bunker monclovita ¿hasta cuándo?

Isaac Asimov, conocido por el gran público moderno por la abominable serie construida sobre su obra (La Fundación), fue un científico al que le interesaba la historia, le gustaba la ciencia ficción, y se le daba bien escribir con sencillez. Produjo decenas de libros y cientos de cuentos y visitó (o redefinió) muchos de los conceptos fundamentales para la innovación, especialmente la robótica. Recomiendo hasta el último de ellos, por mucho que la mayoría hayan quedado obsoletos en un sentido u otro.

“Profession” (https://en.wikipedia.org/wiki/Profession_(novella)), una de sus historias largas menos conocidas (y sin robots ni IAs) trata de una sociedad humana multiplanetaria en la que los jóvenes adquieren sus competencias profesionales mediante transferencia. Llegan a una edad, reciben su competencia, salen al mercado y realizan su labor. El lado negativo es que esas competencias van quedando obsoletas y pierden valor con el tiempo, y esas personas no son capaces de adquirir más.

Un pequeño grupo de personas queda fuera de ese ciclo. Se les priva de esa transferencia, forzándoles a aprender a la antigua, a progresar con esfuerzo, a debatir y experimentar. Lo que parecen parias resultan ser los científicos y creadores, los que generan lo que queda de pensamiento original, los innovadores. Los que crean las competencias que se embotellan, venden, implantan y exportan con cada generación.

Cuando empezamos a ver venir las capacidades de la IA, hubo quien se lo planteó como un peligro para el empleo. No lo es. Es un mecanismo que aumenta la capacidad de las personas para acceder a conocimiento sintetizado y aplicado, la capacidad de reconocer patrones y aplicar ejemplos. Es un aumentador de la productividad y un estandarizador. Y se está aplicando de modo que no hace falta ser un experto en prompts para generar respuestas.

Con la IA, los chavales generan versiones de un examen para practicar problemas, los artistas generan borradores de sus ideas en segundos, los médicos detectan patrones casi invisibles para generar diagnósticos, los investigadores pueden extrapolar moléculas y sus cualidades sin pasar por el laboratorio, y los presidentes del gobierno pueden plagiar con más comodidad. Todo el mundo es más productivo. El conocimiento básico, agregado, destilado, es mucho más accesible y mucho más barato. Eso no perjudica el empleo, pero afecta a otras cosas.

La producción científica ya consistía esencialmente en pequeñas revisiones incrementales sobre tesis aceptadas. Las búsquedas y citas ya se concentraban enormemente por áreas y por papers (el “efecto Google”: lo más citado es lo más visto y por tanto lo más citado). La IA va a aumentar esta ceguera selectiva, esta falta de innovación, este efecto moda. La eficacia de la IA depende de la cantidad de la muestra: sabe más de lo que más se ha hablado, y no sabe nada de cosas nuevas. Quien basa su trabajo en lo que sabe la IA, o la consulta para conocer la actualidad, está trabajando como los jóvenes que adquirían su formación por transferencia. Sí, hará su trabajo de un modo muy eficiente, pero sólo dentro del camino marcado. Dicho de otro modo: un prompt no puede conseguir que un modelo genere algo cuyos componentes no han sido ya conocidos, clasificados, tamizados y asumidos. Se pueden organizar de un modo original: no es poco, pero eso es todo. Y no olvidemos que eso es exactamente lo que hacemos los humanos la mayor parte del tiempo: reconocer y reconstruir patrones aceptados.

La generación de contenido (y conocimiento) original no pierde valor: lo que lo pierde es la generación de iteraciones, porque lo puede hacer cualquiera. Hoy, un logo puede ser creado por IA de forma completamente satisfactoria para la inmensa mayoría de las empresas… pero uno rompedor, uno que innove en forma o significado, no. Un logo creado por IA que destaque de la masa tiene su mérito. Un libro de autoayuda se puede generar automáticamente, sintetizando miles de muestras, pero un pensamiento original no. Incluso un prompt bien hecho tiene un trabajo (y un arte) que no es inmediato. Esto no significa que los diseñadores se queden sin trabajo: significa que han cambiado sus herramientas, que la exigencia de calidad ha subido, y que la tendencia a estandarizar se ha multiplicado. Quien le pedía el logo al sobrino se lo seguirá pidiendo.

La IA también ayuda a innovar, porque la innovación suele pasar por aplicar una idea conocida a un problema nuevo, o entender los patrones que definen un fenómeno inexplorado. Pero ser capaz de orientarla hacia algo nuevo e importante no está al alcance de todos.

El cuento de Asimov, como el modelo de un economista (o este análisis), sólo tiene valor como simplificación. Pero es una simplificación valiosa.

Imagen creada con Flux Schnell y un prompt original.

El actual amago de debate sobre las pensiones produce una frustración importante. Primero por cómo se tergiversan tanto los datos como los argumentos del (político) contrario, y segundo por cómo se obvia lo importante. Hasta los ciegos ven que el sistema actual de pensiones es deficitario, porque se pretende pagar con lo generado por cada vez menos trabajadores. No basta con rezar porque suba el empleo ni con importar trabajadores deficitarios (i.e. que aportan al Estado menos de lo que consumen). No basta con racionalizar un poco ni con “indexar” las pensiones a la inflación. No basta con cargar el sistema bajo mano con dinero de los impuestos. No basta con decir idioteces como que los jóvenes no tendrán pensiones (las tendrán, y los que vamos a pagar el pato somos los de mediana edad).

Hace falta una reforma seria, clara, pausada y a largo plazo. Eso lo sabemos todos: lo que parece que nadie quiere poner encima de la mesa es el coste que tiene el cambio. Porque es un coste que hay que asumir, de un modo u otro, y tapándonos los ojos no va a desaparecer.

Del sistema actual a un sistema financiado

Por suerte o por desgracia ya está todo inventado: hace décadas que instituciones como el Banco Mundial o el IMF (y decenas de economistas) han analizado tanto las opciones como los ejemplos de transición. Y ejemplos no faltan. El sistema que actualmente se considera el mejor del mundo (de acuerdo con el estudio anual de Mercer), el holandés, empezó como el nuestro pero copió el modelo chileno con mejoras propias. Tampoco es el único “sistema robusto” que consigue “generar buenas pensiones, ser sostenible y tener un alto nivel de integridad”.

El modelo holandés se basa en tres “patas”. La primera (obligatoria) es una pensión pública, gestionada por el Estado, financiada por impuestos o contribuciones, y con el objetivo claro de evitar la pobreza. Requiere cincuenta años de cotización para cobrar el importe completo (aunque te dan un 2% del importe por año trabajado) y hasta cierto punto mantiene el criterio “lo que entra por lo que sale” (o “pay as you go”) que ahora tenemos.

La segunda (obligatoria) es una pensión de gestión privada, muchas veces contratada a través de empresas o colectivos profesionales. La cantidad a ingresar se define con el objetivo de llegar a proporcionar una pensión del 75% del salario promedio del pensionista, tras 40 años cotizando.

Y la tercera es voluntaria: es el ahorro privado, que allí se trata como lo que es (dentro de unas condiciones sensatas) en lugar de penalizarse.

Así como el primero es de “resultado conocido” (te corresponde la pensión que el Estado decida pagarte de acuerdo con sus criterios, no del mercado) los otros dos dependen de la rentabilidad de las inversiones. Es decir, son de “entrada conocida” (o “contribuciones definidas”) pero el resultado será el que consigan los gestores. Que por supuesto tienen muy regulado en qué pueden invertir.

Este último punto es importante porque la rentabilidad obtenida por los gestores suele estar por encima del crecimiento del PIB, que es la “rentabilidad” del dinero que se queda en el bolsillo público. Cuando toda la pensión es de “resultado conocido”, la diferencia entre lo que generaría tu dinero en el mercado y lo que de hecho ha generado (lo que ha crecido la economía), la ponemos con impuestos.

Correcciones necesarias

Antes de entrar en cómo podríamos pagar lo que queremos pagar, hay que revisar qué queremos pagar exactamente. España es, con Grecia, el país de la OCDE más generoso con sus pensionistas (la pensión inicial media está más cerca del último sueldo medio), pero ese dato esconde disparidades evidentes, así como autoengaños importantes.

El más conocido es el sistema por el que se calcula la pensión, tomando en cuenta el sueldo de los últimos años trabajados y no la media (y menos las cotizaciones reales). Esto implica que las personas que han cobrado cada vez más a lo largo de su carrera (a día de hoy, esencialmente, funcionarios) reciben más que si se calculara sobre la media, y quienes han cobrado menos al final (lo que ya no es tan raro, y será más común según aumente la edad de jubilación) salen perdiendo.

El que centra el debate son las pensiones contributivas más bajas. En algunos casos porque se ha permitido un nivel de contribución bajísimo (el caso de muchos autónomos) y en otros por bajos ingresos reales, hay pensiones que dejan a ex trabajadores en riesgo de pobreza. El grado en que los impuestos de todos deben complementar los ahorros es una decisión que conviene tomar con datos y no con soflamas.

El que nadie quiere comentar son las pensiones no contributivas y la forma de acceder a ellas; la extensión de derechos sociales a personas que no han cotizado en España, ni son familia de cotizantes, no acaba con subsidios e ingreso mínimo vital.

En general, tanto los requisitos para acceder a una pensión española como su cuantía necesitan revisarse. Desde hace demasiado tiempo nos hacemos trampas al solitario como si sobrara el dinero.

Cambio de sistema

No basta con decidir sacar el dinero a gestoras de fondos para que el problema de viabilidad desaparezca. Más que nada porque el dinero no se puede “sacar”. No está: en nuestro modelo (que, por mucho que ahora lo tachen de “estafa piramidal”, ha sido el habitual en todo el mundo hasta hace poco) no hay un ahorro gestionado por el Estado sino una pasarela desde el bolsillo de los trabajadores hasta el de los jubilados, suplementado por impuestos; la “hucha de las pensiones” es a día de hoy una ficción que encima no pagaría ni 16 días.

De hecho, el dinero que el Estado adeuda a los actuales y futuros pensionistas ni siquiera figura como deuda. Lo que llamamos “deuda de la Seguridad Social” (que ha pasado de 55.000 millones en 2020 a superar los 126.000 millones a fines de 2024 https://www.bde.es/wbe/es/noticias-eventos/actualidad-banco-espana/notas-banco-espana/la-deuda-de-las-administraciones-publicas-se-situo-en-1622-mm-de-euros--en-noviembre-de-2024-y-su-crecimiento-se-modero-hasta-el-29-interanual.html, mucho más que lo que hay en la “hucha”) es sólo lo que la Seguridad Social reconoce que debe al Estado por las transferencias que ha recibido en los últimos años para pagar las prestaciones no contributivas -como marca la Ley- y una parte de las contributivas. Es decir, el desfase entre gastos e ingresos.

La deuda real, tal como la contabilizaría una empresa, es el importe estimado de los derechos reconocidos de pensionistas y trabajadores. Todo lo que tiene que pagarse en el futuro, por derechos ya adquiridos.

Una empresa (o un Estado serio) no tendría que tener todo eso en mano, pero sí los fondos necesarios para generar esas cantidades si las invirtiera adecuadamente. Es decir, fondos cuya rentabilidad estimada permitiera cubrir esos compromisos de pago.

La transición completa de un sistema como el nuestro a uno sostenible como el holandés tarda mucho tiempo (unos 30 años, dice el Banco Mundial). Durante parte de ese tiempo, el Estado (los ciudadanos) asume una carga doble: por un lado, pagar las obligaciones que ya tiene adquiridas, y por otro, dotar los fondos para poder pagar las venideras (recordemos que hay una parte del sistema que sigue siendo “lo que entra por lo que sale” o “pay as you go”, pero el resto debe generar fondos de pensiones invertidos en los mercados). Llega un punto en que el coste total de ambas cosas empieza a ser menor que el de seguir financiando con impuestos y contribuciones las pensiones, al modelo actual, pero no es inmediato. El tiempo es depende de las obligaciones asumidas y de la forma de la pirámide poblacional.

Esta tabla del Banco Mundial muestra el periodo de “doble pago”, y también la alternativa: costes crecientes para el Estado (para los ciudadanos) a medida que envejece la población.

El impacto de ese “doble pago” es evidente. Hay una generación que o bien va a pagar muchos más impuestos, o bien va a acumular mucha más deuda pública… o bien va a ver una reducción seria de gastos en otras facetas de lo público. El coste concreto dependerá de la generosidad de las pensiones y de la estructura de población, principalmente. Holanda, por ejemplo, dedica hoy a generar pensiones “uno de cada cinco días” de trabajo, lo que deja un poco menos para otros gastos del Estado.

Si no abordamos un cambio en la forma de financiarlas, tendremos que reducir seriamente las pensiones. Una opción que no parece aceptable políticamente, pero que será difícil evitar si se aborda el cambio demasiado tarde o con poca capacidad de maniobra. Tanto Italia como Reino Unido (e incluso Grecia) han reducido las pensiones desde los 90, con mayor o menor disimulo.

Con estas cartas tenemos que trabajar. Esta es la razón por la que España no puede seguir aumentando gasto (y deuda) en empleo público redundante y prestaciones sociales a ciudadanos extranjeros. Tenemos que apretarnos el cinturón y aumentar la eficiencia en la gestión, porque antes o después (no hay otra opción) vamos a tener que hacer esta transición. Cuanto más tarde, peor. Y cuanta más deuda hayamos acumulado para entonces, mucho peor.

Y a día de hoy (o a este jueves, al menos), los partidos políticos españoles siguen sin ponerle el cascabel al gato y actuando como si todo lo que hiciera falta fueran dos retoques, un poco menos de paro y un acuerdo vacío para celebrarlo. Ninguna de las tres cosas va a detener el envejecimiento de la población, que es la causa de la quiebra del sistema de pensiones tradicional.

Si quieren más referencias sobre este tema:

• Análisis del Fondo Monetario Internacional del paso de Holanda al sistema actual.

• Análisis del Banco Central Europeo del impacto y complicaciones de pasar a un sistema de aportación fija y resultado variable.

• Funcionamiento y tensiones del sistema holandés, de Pensioen Federatie.

• La reforma de la reforma, o un sistema moderno en la vida real (es decir, con sus problemas) analizada por ING Think.

Finalmente, hay fuentes peores que la cuenta en Twitter de Jon González (@jongonzlz).

Pero sobre todo, lean el primer link del Banco Mundial.

Imagen de Ravi Patel vía Unsplash.

Efectos: la clase media se empobrece, crece el porcentaje de población con riesgo de pobreza, el número de personas en situación de carencias materiales severas aumenta (ha pasado del 7,7 % en 2022 al 9% en 2023. INE).

El Producto Interior Bruto (PIB) crece por motivos ajenos al crecimiento económico real en los sectores económicos básicos: agropecuario, industria, construcción, servicios…con una tendencia: crece el sector servicios (de 63,5% al 68,53%) y decrece la industria (de 26,29% al 20,24% (STATISTA, 2024) y un rasgo dominante: escaso valor añadido con baja productividad y competitividad que aleja la inversión productiva. El dato del PIB crece, pero de forma anómala que resta prosperidad socioeconómica por dos motivos:

—Por el incremento del gasto público en sueldos, pensiones, ayudas y subvenciones. Es el crecimiento por pagos públicos, pero a cuenta del alza de la presión fiscal (desde 2019 se ha incrementado en 2,9 puntos de PIB, mientras que la media en la UE prácticamente no ha variado en este periodo, FEDEA-2023), del déficit y el consiguiente aumento de la deuda pública. Desde 2018 con los gobiernos de Sánchez se ha incrementado en 375.000 ME. A finales de 2024 la deuda pública real, global y de las autonomías, es superior a 1,82 billones (34.634 € por habitante). La proyección estimada del coste en intereses de la deuda es de 44.000 ME en 2026, un 25,7 % más que en 2023.

El PIB ha subido por el aumento del empleo, el turismo y el gasto público, entre otros motivos por el derivado de la inmigración que asciende a 8,8 millones de personas (18,1% de la población total española (FUNCAS-2024). En los últimos 20 años ha crecido 9,4 puntos (2002: 7,7%; 2023: 17,1%) con esta distribución porcentual por procedencia: hispanoamericanos (55,8%), otros europeos (22,3%), marroquíes (18,4%), chinos (3,4%).

Dado que cobran sueldos, ayudas etc. hacen subir el PIB, pero este indicador económico ajeno al crecimiento de la economía en términos reales induce a errores interpretativos y a utilizaciones políticas como hace el gobierno: “somos el país de la UE con mayor crecimiento del PIB”.

—La relación entre el PIB y la inflación no deja lugar a duda: en realidad, el PIB durante el año 2024 ha bajado si restamos la inflación que, pese a su reducción desde 2022, se ha mantenido en cotas superiores al 2,7 de media a falta del dato de diciembre.

Un indicador más descriptivo es la Renta per cápita o crecimiento con relación a la población de un país. En el caso español, su evolución comparada con las principales economías de la UE ha crecido menos según datos de EUROSTAT: sólo se ha incrementado en 320 € entre 2018 y 2023 con 25.210 €, por debajo de la media de la zona euro (30.690 €).

De hecho, este “crecimiento” del PIB es decrecimiento real de la riqueza nacional. Queda en evidencia con el indicador de la Renta Personal Disponible (RPD) o renta real que disponen los individuos de un país, esto es, su poder adquisitivo para distribuir entre el consumo, la inversión y el ahorro. Este indicador evidencia la caída de los ingresos reales per cápita de los hogares españoles por la subida de los precios del consumo, incrementando en más del 30% el coste de la vida. Es muy significativa la reducción de la capacidad de inversión en vivienda entre jóvenes por el desajuste entre el alza de los precios y la precarización laboral, agravada por la carencia de políticas efectivas de vivienda social.

En general, la evolución de la RPD desde 2019 evidencia un crecimiento raquítico que afecta especialmente a las rentas bajas y medias, con una tendencia al ahorro para atender a las deudas y por la incertidumbre.

Además de la incertidumbre política, la incertidumbre laboral con una tasa de paro superior al 11%; el más alto de la UE y de la OCDE. Es alto, pero además está infraestimado según FEDEA. La cifra de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social esconde a más de 700.000 ciudadanos en una situación laboral de “fijos discontinuos” que se contabiliza sin trabajar y cobrando subsidios. Todo ello, lleva a revisar a la baja el número de afiliados reales a la Seguridad Social. Es engañoso equiparar la producción vinculada a un puesto de trabajo efectivo con el no trabajo a cargo del gasto público. Esta situación afecta más a jóvenes con el agravante de que la tasa de paro de este segmento de la población laboral es superior al 27,4% (EUROSTAT) siendo la más alta de la UE.

El sector joven de la población española es el más perjudicado por las rigideces de la estructura productiva española, con los elevados datos de paro juvenil citados que impide su inserción laboral en el mercado de trabajo. También por la dificultad de independencia personal para construir un proyecto vital autónomo que requiere un techo: adquisición o alquiler de una vivienda habida cuenta de los salarios reales. Pero además gravita sobre los jóvenes un tercer perjuicio, especialmente limitador: un sistema educativo peor que mediocre en términos generales, con altas tasas de abandono prematuro de los estudios básicos (13,6%, Encuesta de Población Activa, 2023); escasa relación entre formación superior y empleo (somos el segundo país de la UE con mayor porcentaje de titulados universitarios desempleados); la producción científica ha aumentado un 30,5% entre 2016 y 2020 respecto a igual periodo anterior, aunque con bajo impacto de transferencia de resultados. Es alarmante la sangría de jóvenes cualificados que marchan de España buscando mejores condiciones profesionales y laborales: en 2021, salieron de España 19.622 jóvenes con formación superior (INE), y el estudio del Círculo de Formación indica que 8 de cada 10 jóvenes universitarios trabajarían fuera de España, por la escasez de puestos cualificados.

No es que los jóvenes españoles sean mediocres o peores en comparación con otros, es que el sistema educativo, implantado en los últimos 40 años a través de 5 leyes socialistas ¾LODE (1985), LOGSE (1990), LOPEG (1995), LOE (2006), LOMLOE (2020) ¾ han determinado un modelo educativo refractario a la excelencia, es decir, castra el potencial de los alumnos. Dos notas lo caracterizan: la concepción instrumental de la educación, subordinada a fines políticos del constructivismo social y su plasmación en el constructivismo educativo, esto es, anteponer la ideología al conocimiento, y el igualitarismo (Pedagogía progresista) al desarrollo personal (Pedagogía científica). Dicho de otra manera: antepone el relativismo cultural, con la construcción de identidades ideológicas, al aprendizaje de conocimientos sistemáticos para el desarrollo personal a través de la disciplina del aprendizaje.

Está objetivamente acreditado a través de: a) pruebas de medición internacionales de competencias básicas en alumnos de 2º de ESO (OCDE-PISA) en matemáticas, comprensión lectora y ciencias, b) de rendimiento lingüístico en lectura (PIRLS) en alumnos de 4º de Educación Primaria, y c) de conocimientos matemáticos y científicos en alumnos de 4º de Educación Primaria y 2º de ESO (TIMSS). En todas estas pruebas en las distintas ediciones habidas obtenemos resultados generales en la zona intermedia con puntajes normalmente inferiores a la media. Se exceptúan algunas pocas regiones españolas.

Este modelo socioeconómico socialcomunista es estructuralmente deficitario, pese al engañoso crecimiento del PIB. Nos empobrece pues lleva aparejado un decrecimiento de recursos para servicios básicos: educación, sanidad, infraestructuras, mantenimiento de carreteras, cuencas fluviales, etc. El Estado de Bienestar queda afectado y a la baja. Pero lo más grave es la cultura social normalizada que nos acostumbra a la mediocridad, a la reducción de las oportunidades, a la dependencia de los subsidios, a vivir con falsedad, corrupción e incertidumbre, tergiversadas y edulcoradas con la propaganda del poder y sus terminales mediáticas.

Nos acercamos a las fechas tradicionales para esa reflexión que suele llevarnos a los famosos propósitos de año nuevo. Ese momento en el que paramos, respiramos, y dejamos atrás algunas cosas que, vistas con perspectiva, no eran tan urgentes, buenas o sanas, y buscamos objetivos mejores para el año que viene. O al menos pasamos un buen rato con amigos y familia, que tampoco sobra.

Estamos viviendo un fin de ciclo político. Por mucho ruido mediático, muchas campañas de revival de los 70 con la cara de Franco y muchos apretones de filas que organicen, la capacidad de legislar del gobierno actual es tan frágil como la situación procesal de su presidente. Nuestro sistema político está montado de tal manera que lo único que puede derribar a Sánchez es la vergüenza torera de sus socios, o la suya si la encuentra. Pero su empeño en legislar mal y por decreto ley tiene consecuencias cada vez más visibles y respuestas cada vez más audibles. Puede arrastrar la agonía, pero es lo que es.

No es mal momento, entonces, para entender porqué hay que cambiar de gobernante y también de agenda. No es simplemente porque legisle mal, porque pacte con golpistas o porque mienta. Es porque está causando daños serios. Bajo toda esa propaganda de “el mayor crecimiento de la UE” hay algo mucho peor que una mentira.

Lo que crece es el Producto Interior Bruto (PIB, la suma de lo que ganamos todos, de un modo u otro). Lo que no crece, y se olvidan de contarnos, es lo que gana cada uno, el PIB per cápita o por habitante: desde 2019 hasta 2023 ha subido un 0,1%. Hasta Italia ha logrado casi un 5%.

Para entender ésto, imaginemos una familia en la que ambos trabajan, y ganan en total 60.000 euros año (el “PIB” serían 60.000, el “PIB per cápita” serían 30.000). Ahora imaginemos que a ese hogar se suma un abuelo con pensión no contributiva mínima (7.250 euros año). El PIB ha subido a 67.250, pero per cápita ha bajado: ahora sólo tienen 22.417 euros para cada uno. Un 25% menos.

Si vemos el detalle del crecimiento del que presume Sánchez, y le restamos la inflación, veremos que este año, en todas las industrias, ha bajado (se gana menos) salvo ligeramente en la agricultura… y que ha subido el PIB de la administración pública. El “crecimiento” son pagos públicos, ya sean sueldos, pensiones, o ayudas. El resto ha caído. Y el PIB per cápita, calculado a precios constantes o no, ha caído. Fuente: https://es.tradingeconomics.com/spain/gdp-per-capita-ppp

¿Cómo “sube” entonces? Añadiendo “abuelos”. Los habitantes totales de España ganamos más porque hay más habitantes cobrando, aunque sólo crezcan las prestaciones sociales. En resumen, es el aumento de gasto derivado de la inmigración. Y como dicen los números, ese aumento no se está traduciendo en crecimiento del PIB de industria, construcción o servicios.

Sobre el papel (del Ministerio de Interior) hablamos de 42.231 inmigrantes irregulares sólo desde Enero a Septiembre. Un 59,1% más que en el mismo periodo del año pasado.

Hace unos meses escribí que para que una persona cubra su parte del gasto público tiene que ganar por encima de 36.000 euros (https://www.tocandocampanas.org/p/si-no-ganas-36781-euros-al-ano-no). Es una simplificación pero es cierto. Cuando se nos dice que las pateras traen a quienes pagarán las pensiones, mienten. Las personas que llegan en patera (a diferencia de los inmigrantes cualificados que llegan en avión desde, digamos, Venezuela o Rumanía) tienen una probabilidad muy baja de generar esos ingresos, sencillamente porque carecen de la formación y herramientas para alcanzar los puestos de trabajo donde se cobran. No sólo no nos van a pagar las pensiones: van a seguir cobrando más de lo que aportan toda su vida, en forma de sanidad pública, educación, servicios sociales. Les vamos a pagar la pensión a ellos.

En la medida en que cobran, hacen “subir” el PIB, pero no la riqueza de los españoles; en la medida en que lo pagamos entre todos los que producimos (la deuda se paga) reduce los servicios públicos disponibles por cabeza. Hay menos dinero para cada uno.

Esto supone menos dinero por persona para sanidad y educación. Supone menos medios para la justicia. Supone menos servicios sociales. Supone menos vivienda pública. Y supone mucho menos dinero para inversiones en infraestructura, del tipo que llevan años congeladas. Del tipo necesario para que los trenes lleguen a tiempo. Del tipo necesario para encauzar ríos y salvar vidas.

No estamos cumpliendo la ley vigente. No se construyen los grandes centros de tramitación de asilo que exige Europa y requiere el número de irregulares. No se expulsa a los que la justicia decide repatriar. Estamos tirando dinero descontrolado a una estructura improvisada de acogida que no garantiza nada, que sirve para ignorar de facto la ley, que sobrecarga nuestro Estado del Bienestar, con la mala excusa de que lo necesitamos para “pagar pensiones”. Y ni siquiera es verdad.

El deseo de ayudar a quien lo necesita es admirable. Pero se está haciendo muy mal, y las cosas mal hechas tienen consecuencias. Ahora que se aproxima el cambio de ciclo es importante que no asumamos estas políticas por simple inercia, por creer que no hay opciones, o por miedo a las etiquetas.

Y también es importante tener claro que dejar de maquillar las cuentas no es suficiente para crecer, crear oportunidades, recuperar poder adquisitivo, y construir un país donde el Estado de Derecho ( que garantice unos medios independientes, la separación de poderes, o derechos tan básicos como la libertad de opinión en Alsasua o de educación en lengua materna en Baleares) no dependa de la conveniencia del gobernante. Para todo eso hace falta un programa que lo ofrezca, y un electorado que lo exija.

Es importante que saquemos el partidismo del debate y veamos el estado real de la economía, y las consecuencias de las políticas en curso. Y que el año que viene, o cuando el hormigón armado del rostro de Sánchez finalmente se desmorone, tomemos un camino de análisis y reforma basado en datos, no en slogans.

Mientras tanto, que aproveche el turrón.

Imagen generada con IA usando Bing.

La pregunta tiende dos partes: cuánto se consume, y cuánto se aporta. Una es más sencilla que otra.

Gasto público por nivel de ingresos: ni idea

Si asumimos que todos consumimos igualmente servicios como seguridad, defensa, o igualdad, queda una parte importante de gasto público que tiene una clara intención redistributiva, proporcionando a toda la población acceso a servicios sanitarios, educativos, o de transporte, de una calidad que no podrían pagar sin esa solidaridad. Lo mismo pasa con las pensiones: en un país que paga bastante mas que la media, hay muchas personas que las cobran sin haber contribuido a la Seguridad Social (viudedad, invalidez, pensión mínima).

Hay factores que encarecen los servicios prestados (dispersión geográfica, gobiernos nacionalistas con sus ineficiencias atadas a la promoción de un idioma o una agenda de construcción nacional) y factores que los abaratan (administración eficiente, concentración de la población). Hay situaciones familiares, orígenes y situaciones legales, más o menos caros para el Estado. Está claro que no todas las personas de un mismo nivel de renta consumen los mismos servicios públicos, pero parece probable que exista una correlación ya que existe una propensión mayor a no usarlos a medida que aumenta la renta, y no sólo porque estén diseñados para ello (i.e. ayudas sólo disponibles por debajo de unos niveles de renta o patrimonio). Ninguna agregación es justa con el caso individual.

Y por supuesto está la deuda. Hay gasto público que no se paga hoy, pero se financia con deuda que igualmente es atribuible a los contribuyentes, aunque sea una simplificación.

No he podido encontrar un análisis oficial que de respuesta a esta pregunta, ni han podido hacerlo otros economistas o entidades a los que pregunté (sin insistir mucho). Quizá es un dato complejo, o una pregunta incómoda. Pero no es una pregunta ociosa.

Aportación al gasto público por nivel de ingresos: una aproximación

En 2012 el gasto público medio por ciudadano, de cualquier edad y condición, rozaba ya los 10.000 euros anuales ( Expansión ); en 2023 el gasto público per cápita ya estaba en 13.964 euros y sigue subiendo. Es evidente que no todos los salarios generan esos ingresos al Estado, sea por renta, IVA, cuotas u otros impuestos, y la mayor parte de la población española no tiene un trabajo remunerado, por edad, salud o elección.

En concreto, a finales del primer trimestre de 2024 el número de “activos” (personas que dicen que quieren y pueden trabajar) era de 24.227.900 personas, y el de “ocupados”  (personas con trabajo remunerado) de 21.250.000 (Ministerio de Trabajo y SS ).

Para ser coherentes, busquemos los datos de población de 2023. A finales de año en INE censaba 48.085.361 habitantes en España, creciendo en más de 600.000 personas al año, y con un 17% de habitantes nacidos fuera de España (INE).

En un primer y burdo cálculo, tenemos que el 55,81% de la población (nuestros hijos, padres, cónyuges que eligen no trabajar, y otras personas variadas) no aporta ingresos al Estado. Si las empresas no pagaran impuestos, esto significaría que cada uno de los que trabajan tendría que aportar 31.598 euros (en efectivo o deuda) para cubrir los gastos comunes… pero las empresas también cotizan.

El impuesto de sociedades y las cuotas de las empresas a la seguridad social, principalmente, pero también otros impuestos y tasas municipales, por ejemplo, carga con una parte importante de gasto público. Concretando, en 2023 el Estado ingresó 28.519 millones de euros por Impuesto de sociedades y 20.757 millones por impuestos especiales (frente a 113.123 millones por IRPF). Hay otros capítulos significativos (tasas) sin datos para atribuirlos (Agencia Tributaria)

Las empresas también pagaron 107.611,3 millones de euros de cotizaciones sociales frente a los 33.243,2 millones deducidos a los trabajadores, simplificando otro poco (Seguridad Social).

Esto nos deja un gasto público por cotizante de 23.907,6 euros al año.

Y ahora, querido lector. pregúntese con sinceridad… entre IRPF, IVA y Seguridad Social, ¿paga usted de verdad 24.000 euros al año al Estado?

Para facilitar el cálculo, digamos que con los tramos de IRPF actuales, y asumiendo que se gasta TODO lo que ingresa (y todo al 21% de IVA) y que cotiza a la Seguridad Social el 7% de sus ingresos, empieza usted a cubrir su parte a partir de los 36.781 euros de ingresos brutos anuales. Y sí, eso implica que sus ingresos netos son 12.873 anuales y el resto se lo lleva el Estado, como señalarían los amigos de Fundación Civismo… pero hoy voy a otra cosa.

Siguiendo con el foco puesto en el contribuyente como unidad de cálculo simplificado, el salario medio en 2022 fue de 26.948,87 euros (INE , no ha publicado datos posteriores).

Extrapolando con datos de 2021 (INE) más de un 64,37% de los trabajadores españoles cobran menos de lo necesario para pagar su parte del gasto público español. Pongamos un 70%.

Si el ingreso medio es inferior al necesario para cubrir el gasto público per cápita, estamos gastando por encima de nuestras posibilidades. Y la diferencia anual entre gastos e impuestos va a deuda (por eso ha crecido como ha crecido) y la deuda se acaba pagando. Que se lo digan a los griegos.

Si el ingreso medio fuera superior al gasto per cápita, podríamos hablar de la calidad del sistema fiscal o su eficacia redistributiva. Mientras sea inferior, y con un déficit descontrolado, lo más importante que se puede decir es que no funciona. No estamos cubriendo gastos, y cada euro añadido nos acerca más a un ajuste forzado, ya sea por Bruselas o por los mercados.

El cruce de las funciones

Si tuviéramos una idea seria del consumo de servicios públicos por tramo de renta, podríamos cruzarla con el nivel de aportación al gasto público. Nos daría una idea de en qué nivel de ingresos, una persona pasa de consumidor neto de servicios a contribuyente neto. Y me da la impresión de que sería un indicador bastante interesante de cara a diseñar y evaluar políticas fiscales y sociales.

Entre otras cosa, ayudaría a dejar claro que cada vez que añadimos un euro de gasto público (por ineficiencia, por subida salarial, por contratación, o por creación de nuevas ayudas o subsidios) sale del mismo sitio. Un sitio que no es capaz de pagar ni siquiera el coste actual, y desborda en billones de euros de deuda.

Si tienen vuecencias mejores datos o reflexiones, se agradecen. Que esta mañana de playa no da para más.

Imagen: El rey Juan contando el dinero de otros, “Robin Hood” de Disney.