En estos años hemos visto cumplirse el peor sueño de la razón: el abuso de poder, la degradación del Estado nacional en aras del progresismo, la corrupción sistemática, la mentira disfrazada de ideología supremacista jaleada por activistas a sueldo para tener controlado el gallinero clientelar. Los disidentes, esto es, la mayoría de los españoles, fachas a batir de ultraderecha. La izquierda y secesionistas otra vez en guerra contra España como en la cainita II República con pretensión de totalidad: los demás sobran, sometidos a la exclusión con virulencia: “muros”, “cordones sanitarios”...Entonces el sectarismo totalitario llevó a la guerra civil. ¡Qué pronto olvidamos el mal evitable!

A la mitad de la legislatura los golosos socios de Sánchez le han perdido el respeto. Saben que el naufragio se acerca y exigen lo indecible. Prueba de ello es que no se ponen de acuerdo para aprobar leyes. La Moncloa y su terminal del Congreso de Diputados son la cueva de Ali Baba, presididos por dos sectarios de libro. Todos viven del erario sin producir nada útil para el bien común a medio y largo plazo. Es clamoroso el abandono de lo fundamental que atañe a todos. Cito algunos: seguridad de fronteras contra la inmigración descontrolada, ampliación del potencial de la red eléctrica y ferroviaria, conservación de carreteras, obras de infraestructura para prevenir inundaciones, prevención durante otoño e invierno de incendios de 6ª generación que vendrán en verano, competitividad y competencia económicas, amenazadas por el intervencionismo neocomunista y el absentismo laboral, un 68% superior a la media de la UE, independencia judicial y medios para ser efectiva, libertad económica y unidad del mercado, libertad para hablar y ser atendidos en español en toda España, coartada por secesionistas y afines como el PSC y PSE... y como colofón exigencia de estándares democráticos básicos en la vida pública: convocar sin dilación elecciones libres, dimisiones por responsabilidades políticas. Nuestra cultura democrática es baja: nadie asume responsabilidad, dimite o es cesado. La red de poder clientelar es una masa con una ley interna ¡prietas las filas!: contra hechos e indicios criminales del poder, relato, masaje y propaganda. Los hechos criminales de mañana borrarán los anteriores. La vida sigue y el foco cambia, pero el proceso de degradación avanza, sólo hay que mirar con perspectiva.

Este gobierno no está para gobernar la Nación, no podría aunque quisiera por la contradicciones insalvables de sus socios, algunos de ellos enemigos declarados de España, eso le hace ilegítimo.

Sánchez es incapaz de aprobar los presupuestos por tercer año consecutivo. No le importa lo más mínimo pese a violar la Constitución: es preceptivo presentar y aprobar el presupuesto del Estado como condición de validez de un gobierno democrático. Está fuera del orden constituido los manejos dinerarios del ejecutivo sin control parlamentario. Sánchez lo reduce a un simple trámite: no va a quitarme el poder pese a lo que diga la Constitución, para eso tenemos a Pumpido. Más ahora que vienen curvas para la mujer y el hermano, su fiscal general, sus adláteres Ábalos y Cerdán, en chirona. Como nos recuerda la fábula de Samaniego: todos sus “humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que les domina”. Veremos si realmente perecen como merecen porque han hecho del Estado su finca particular de abuso, incompetencia y latrocinio. Por eso necesitan huir hacia delante y seguir a toda costa al precio que sea.

En estas condiciones cuando haya elecciones generales sobresale la duda razonable sobre el fraude electoral habida cuenta de los antecedentes en 2019 y 2023, acreditados por la Guardia Civil con redes para captar votos por correo en varias provincias. Las elecciones se aderezarán con alguna crisis, escándalo con agitación de la calle extremando la polarización contra la derecha. Habrá que estar atentos al voto por correo, a las urnas selladas, al recuento electoral y las actas custodiadas.

Aunque no se diga Sánchez está en clave electoral. Tiene a Tezanos ocupado en dar moral de victoria con cocina de datos de encuestas, pero el desprestigio del CIS es clamoroso por eso ahora usa a Iván Redondo en la carrera de marketing para colocar a Sánchez en cabeza para agrupar el voto de izquierda y arañar votos a los secesionistas.

Estamos en un tiempo de descuento hasta el final de una legislatura, que no había de haber empezado, y no sabemos cómo ni cuándo acabará. El tiempo que resta hasta 2027 sólo puede ser de zozobra, con el patriarca al mando contra su otoño de poder y descomposición, su socia comunista imbuida de la lucha de clases, el golpista huido de la justicia, el secesionista vasco de historial terrorista. Esta banda totalitaria no soltará el poder por las buenas. Tienen casi al alcance de su mano la destrucción de la España constitucional con la división cantonal, ahora llamada plurinacional.

Este tiempo de descuento es un momento, más o menos largo, de oportunidades donde los aciertos y los errores van rápidos porque en la mente de muchos se miran desde el final, desde el desenlace. Se producirán hechos intencionados que funcionan como catapultas, como el penalti decisivo en un tiempo de descuento.

A estas alturas de la película es un poco tarde para incidir en que estamos gobernados por un equipo de incompetentes sectarios que no respeta el Estado de Derecho, apoyado por partidos cuyos intereses distan mucho del general. La situación ha dejado atrás el esperpento, y nos salvamos del desastre sólo por los funcionarios y ciudadanos que siguen cumpliendo con sus obligaciones y con la ley pese al ejemplo de nuestros dirigentes.

Ante la falta de solvencia moral, sentido político o soluciones para problemas prácticos, el gobierno hoy se cubre fabricando enemigos internos y externos. Sobre todo externos, que no se defienden mucho. Toda la cruzada del aparato sanchista (desde Bildu hasta Comisiones Obreras) y sus ingenuos a favor de una Palestina que no tiene nada que ver con la dictadura de Hamás en Gaza, es un ejercicio más de búsqueda de una identidad colectiva en la que arroparse, y de la que excluir al rival político. La oposición ya no son sólo difamadores fascistas, ¡son genocidas!

Es un debate falso, además de inútil: tan poco práctico como pretender determinar el sexo de los ángeles con manifestaciones, artículos o tertulias televisivas. Sólo sirve para distraer un poco del marasmo diario de corrupción, incompetencia, falta de gestión, y consecuencias dramáticas del buenismo oficial.

Pero ese marasmo ya ha llegado a nivel de saturación. Si no genera un vuelco es sencillamente porque no hay elecciones, y no las hay porque los partidos de “la banda” siguen comprados con el dinero y el futuro de todos… y porque la población no tiene una expectativa real de algo radicalmente mejor, que la motive para exigir esas elecciones en la calle.

Sabemos que hay un problema de inmigración ilegal mal asimilada, pero las soluciones de unos son vaporosas, y las de otros imposibles o ilegales. Sabemos que no podemos pagar las pensiones con las cuotas, pero nadie ha hablado en serio de las reformas (posibles, necesarias, caras) que las harían sostenibles. Sabemos que el Estado de Derecho está colgando de un hilo, pero nadie se compromete a devolver la independencia a las instituciones y la neutralidad a la administración si sale elegido. Sabemos que el abuso identitario de nacionalistas y populistas está creando injusticias por todo el país, pero nadie promete ponerle el cascabel al gato.

Sabemos, por fin, que el bienestar no aumenta a base de dedicar cada vez más gente a repartir lo producido por los demás (o de traer más gente que cobre poco), sino a producir más entre todos, pero seguimos sin hablar claro frente a los neomalthusianos, los amigos del “crecimiento cero”, los defensores de “lo público” por sistema, y los que confunden capitalismo con estupidez (o con globalización ciega). El capitalismo no es extraer cada vez más, es sacar cada vez más utilidad a los mismos materiales. Es hacer más con menos (menos energía, menos materias primas, menos tiempo desperdiciado) para que los productos cuesten menos y más gente los pueda comprar, aumentando el nivel de vida de todos los implicados.

Pero en lugar de buscar mejorar la productividad, aquí estamos reinventando el comunismo callejero, y esperando que instituciones internacionales nos enseñen a mejorar la competitividad de nuestras empresas. ¿Es que no vemos el terreno que llevamos perdido? ¿Estamos intentando suicidarnos también económicamente?

En este país de nuestras entretelas hasta los militantes socialistas saben que Sánchez es un desastre a todos los niveles, y su régimen un peligro que dejará secuelas. Saben lo que no quieren. Pero no quieren algo diferente porque no ven a nadie proponiendo nada más que frases radicales sin contenido, o “moderación” sin compromiso de cambio.

Hace unos días, los restos de Ciudadanos reunidos se proponían “capitalizar el descontento” para vender “moderación”. Señoras y señores, no es momento de moderación. Es momento de abrir debate y exigir a quien quiere gobernarnos tras las próximas elecciones (en el PP, en Vox, en el propio PSOE, en SALF) que proponga y comunique medidas claras y contundentes, medidas posibles y articuladas, que permitan creer en un futuro próspero, justo, seguro, sencillamente ilusionante.

O también podemos seguir hablando de la franja de Gaza como si fuéramos a arreglar algo.

Es tiempo de cambiar de tercio.

Fotomontaje basado en imagen de Documerica vía Unsplash.

Anticipar el futuro no es una ciencia, pero es una querencia humana desde siempre, acuciada por la conciencia que trasciende el momento fugaz de los presentes y la certeza de fragilidad de la vida, tanto en la vida personal como de las sociedades humanas. A través del tiempo ha sido tarea de arúspices, adivinos de toda laya y profetas para asistir a los creyentes, ansiosos de vislumbrar más allá del aquí y ahora.

Le sucedió a Creso, siglo VI a. C. rey de Lidia (Oeste de la actual Turquía) con gran poder militar y económico, promotor de las artes. Se expandió hacia el este con la conquista de Frigia y Panfilia hasta el río Halys (actual río Kizilirmak), límite con el imperio persa. Se dirigió al Oráculo de Delfos, beneficiado por sus regalos, y preguntó a la Pitia sobre su expansión más allá del río. El Oráculo con calculada ambigüedad sentenció: "si cruzas el río Halys un imperio caerá". Atacó por sorpresa seguro de su poder, pero el imperio que cayó fue el suyo, vencido por Ciro II rey de Persia.

En la era de la razón, los estudios de prospectiva, los analistas de geoestrategia de poder militar, económico y de control social armados con cálculos probabilísticos saturados de datos ofrecen escenarios de futuro que amplían el horizonte del presente, siempre inseguro. La inteligencia artificial generativa ya es usada, mientras se deje, para romper las costuras del presente al servicio del poder.

No obstante, pese al empeño, el futuro es incierto, siempre hay con contar con factores identificados o emergentes que a la postre resultan decisivos al conjugarlos con otros. Así puede comprobarse retrospectivamente al mirar con perspectiva la historia humana:

Quién iba a decirles a los europeos del siglo XIV, en los albores del Renacimiento, que su vida estaría marcada por la peste negra, la pandemia que afectó también a Asia y norte de África, propagada por las pulgas de las ratas, asoló el continente con casi el 60% de muertos con variaciones entre países, la hambruna por la escasez de mano de obra para el cultivo, la reducción del comercio y la Guerra de los Cien Años.

Quién iba a decir a los alegres ciudadanos de Occidente de los locos años 20 del siglo XX que se estaba incubando la hecatombe de dos guerras mundiales devastadoras. Sólo la II GM produjo más de 55 millones de muertos entre civiles y combatientes. Quién les diría a los esperanzados occidentales durante el orden internacional creado después de la I GM se desarrollarían las condiciones de la II GM con grave crisis económica (1929) y apaciguamiento de las democracias a los dictadores, como en la reunión en Múnich (1938) entre Chamberlain, primer ministro británico, y Hitler.

Ahora, en la segunda década del siglo XXI, se erige un nuevo Eje mundial de estados totalitarios contra Occidente, formado por China, Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia e Irán, reunidos en Pekín, unidos en una relación estratégica, en la celebración del 80º aniversario de la rendición de Japón en la guerra Sino-Japonesa, durante la II GM, con un desfile de poder militar en la plaza de Tiananmén. China y Rusia han firmado un tratado económico para la construcción de un gasoducto entre Rusia y China para proveer gas ruso a China para neutralizar las sanciones de Occidente. También los ciudadanos rusos ya no necesitarán visado para entrar en China. Los lazos entre China y Rusia se vienen estrechando desde 2022 frente a Occidente, en especial contra EE. UU. y Europa en su guerra contra Ucrania, su voluntad de expansión imperial en el Ártico, acciones de espionaje e interferencia en el Báltico y distintas naciones de Europa. El Consejo de Europa reconoce la interferencia rusa en el intento de golpe de Estado de los secesionistas catalanes contra España.

Este nuevo Eje de dictaduras del 3 de septiembre de 2025 confiere un nuevo significado a la reunión de Trump con Putin en Alaska el 15 de agosto de 2025. El compadreo de Trump con Putin viene a legitimarlo, pese a estar perseguido con orden de arresto por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Putin juega sus cartas en ambos tableros, pero su trayectoria aleja a Rusia de Occidente ¿Será Trump el nuevo Chamberlain? Su estrategia aislacionista del America first, el trato a los socios occidentales como subordinados con aranceles arbitrarios, somete a Europa a la condición de colonia económica y su errática política con Ucrania da oxígeno al tirano ruso, ofende a Canadá con el desprecio a su soberanía y a Dinamarca con sus maniobras de anexión de Groenlandia.

Todo apunta a un mundo del mañana como el de ayer, incapaz de romper las cadenas violentas del deseo mimético que se reproduce en toda la trágica historia humana ¿Estamos ante una nueva guerra fría entre el nuevo Eje y Occidente? Los puntos calientes de confrontación son Europa, por el expansionismo ruso iniciado en Ucrania con el apoyo de China y Corea del Norte, y el Pacífico, por el expansionismo chino para anexionar Taiwán y extender su influencia en Asia. África y América del sur son espacios de colisión por la penetración e influencia tanto de EE. UU como de las fuerzas del Eje.

La carrera por el desarrollo del poderío tecnológico-militar, las ojivas nucleares y el uso militar de la inteligencia artificial son amenazas globales de alcance planetario. La dictadura se afianza en el mundo mientras la democracia liberal retrocede. El orden global está condicionado por la voluntad de poder totalitario frente al Estado de derecho internacional. Las sociedades occidentales han renunciado al valor, al compromiso con la seguridad, la libertad responsable, el esfuerzo y la competencia. En esta ocasión el totalitarismo puede vencer mañana.

En todos estos hechos que comprometen seguridad, libertades y bienes, el patrón de conducta del poder público ha sido y es la división: ayuntamientos y autonomías por un lado, implicados directamente por la catástrofe, pero con recursos insuficientes, y el gobierno nacional por otro de quien dependen los grandes recursos (ejércitos, red ferroviaria y viaria, colaboraciones con otros países, Aemet, y la estructura del poder del Estado con 22 ministerios, 36 secretarias de Estado, 38 subsecretarias y secretarias generales, 130 direcciones generales y además 14 comisiones interministeriales y planes como el de Recuperación, Transformación y Resiliencia). Una maraña de órganos y cargos de partido, caro, burocrático e ineficaz ante las amenazas que sufren los ciudadanos.

El patrón de conducta del poder público, estatal y autonómico, muestra las miserias de un modelo caracterizado por la fragmentación, politización sectaria y elusión de responsabilidades. Pero el patrón de comportamiento no es equidistante: la confrontación política es la forma de gobernar de Sánchez y los suyos, incluso en las calamidades públicas pese a los daños en personas y bienes. Entiende el poder como una guerra sin cuartel contra los "otros", reducidos en la propaganda a escoria ultraderechista, aunque sean autoridades elegidas por los ciudadanos. Es su estrategia para perpetuarse en el poder como patrimonio personal. Su papel tanto en la Dana de Valencia como con los incendios se resume en estar ausente, no implicarse, eludir la responsabilidad directa. Ahora durante los largos días de incendios no se ha inmutado, ha seguido de vacaciones a cuerpo de rey absoluto en Lanzarote. Su carácter político quedó definido durante la Dana en su mensaje frío y distante: "si quieren ayuda, que la pidan". Pero hemos comprobado que pese a pedirla, alcaldes y presidentes autonómicos, la ayuda no llega con la cantidad y premura requerida. Sólo después del desastre aparece como salvador con planes de ayudas cuya ejecución deja mucho que desear: véase en los damnificados por el volcán de la Palma o con los damnificados de la Dana: de las 320.000 solicitudes de ayuda más del 60% no se han ejecutado (El Debate, 27.08.25).

En las calamidades citadas al principio otra cosa bien distinta hubiera sido si se hubiera actuado con responsabilidad pública desde el primer momento, esto es, con unión de esfuerzos y recursos coordinados por el Estado dejando a un lado la confrontación. Es el modelo constitucional del art. 103.1 "La administración pública (se entiende que toda) sirve con objetividad a los intereses generales y actúa según principios de eficacia, jerarquía...y coordinación..." La idea gubernamental de Cogobernanza es ajena al orden constituido: España es un Estado unitario y descentralizado en autonomías regionales con delimitación competencial respectiva, pero con prevalencia del Derecho estatal sobre el autonómico (art. 149.3 CE), incluso con competencias exclusivas de las autonomías, avalado por el Derecho comparado (EE. UU, RFA siendo estados federales), porque el interés general legítimo, atribuido al Estado, predomina sobre los intereses de las partes.

Para más escarnio de los españoles, tres leyes, eludidas intencionalmente por el gobierno, avalan la intervención directa del Estado ante situaciones graves que afecten a la vida, seguridad, libertad y bienes:

1. El gobierno de la Nación podía decretar el Estado de Alarma, según el art. 116.2 CE y el art. 4 de la L.O. 4/1981 ante "situaciones causadas por alteraciones graves de la normalidad, como desastres, calamidades...siempre que estas situaciones no puedan ser afrontadas con las facultades ordinarias del gobierno".

2. El gobierno ante la magnitud y alcance de la calamidad por la Dana y por los incendios pudo y no lo hizo aplicar la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional que permite al presidente del Gobierno adoptar cuantas medidas protejan las libertades, derechos y bienes de los españoles (art. 15).

3. También podía, pero no asumió la responsabilidad de declarar "zona afectada gravemente por una emergencia nacional", según el art. 23 de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil por acuerdo del Consejo de Ministros, la coordinación del Ministro del Interior con los delegados del gobierno y los órganos competentes de las Autonomías y Entes locales afectados.

Este es el modelo de las sociedades civilizadas en Estados descentralizados. Ante una calamidad pública el Estado actúa como un todo coordinado y eficiente. Se imaginan la imagen de Sánchez, Marlaska y Robles codo con codo desde el primer minuto con Mazón, Rueda, Mañueco, Guardiola y Barbón (éste es de su cuerda, pero ni así porque la mayoría son los "otros").

La realidad es tozuda, miremos brevemente las principales calamidades habidas (me centro en las más recientes). Algunas como el apagón ha dejado de ser actual, la Dana costó vidas irrecuperables y sólo los afectados saben los costes de la reconstrucción, los incendios aún en activo han destruido vidas, casas y patrimonio natural. En todos hay responsabilidades por acción y omisión:

A. Red Eléctrica (REE) es una empresa privada con régimen especial que garantiza el control gubernamental, cuyo accionista mayoritario (20% del capital) es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El apagón eléctrico general, el 28 de abril de 2025, era evitable con una gestión profesional, pero primó el cálculo político: falló por un exceso de generación de fuentes no firmes (fotovoltaica y eólica) que desequilibró fatalmente el sistema y por la falta de generación de respaldo (gas, nuclear, etc.). Sólo en este caso, causado por el poder estatal, el gobierno decretó el nivel 3 de emergencia nacional para tomar el control integral de la crisis. Pero, ningún cargo ha asumido responsabilidades: nadie ha dimitido o ha sido cesado. Este es otro patrón de conducta del socialismo.

B. El gobierno nacional es doblemente responsable de la Dana de Valencia por no activar la ley Seguridad Nacional o la inhibición del Gobierno y del ministro del Interior al no subir la situación operativa al nivel 3 y declarar la “emergencia nacional. https://www.vozpopuli.com/opinion/la-dana-una-tragedia-en-busca-de-responsables.html. Pero sí activó la confrontación. Intencionalmente dejó sola a la autonomía y actuó por necesidad tarde, mal y sin coordinación. Eso no excluye la responsabilidad de la Autonomía en la prevención e ineficacia de la gestión de la crisis, causada en parte por la imprevisibilidad del efecto de la Dana. José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET de la Comunidad Valenciana reconoce ahora errores en la gestión de la Dana "no sabía lo que iba a ocurrir el 29 de octubre en Valencia. No sabía que iban a caer 770 litros en Turís". No se actuó con la debida coordinación de alerta, vigilancia y comunicación entre organismos del Estado, Autonomía y ciudadanos. No se actuó con la debida coordinación y eficacia en la atención a los damnificados ni en las medidas de salvamento y reparación.

El gobierno de España falló estrepitosamente en la prevención: no se adoptaron de medidas que constaban en el Plan Hidrológico de 2001, eliminadas irresponsablemente por el gobierno de Zapatero en 2004. Incluían entre otras medidas en encauzamiento de barrancos, como el del Poyo y la construcción de una presa en Cheste de 8 Hm3 para evitar inundaciones en 16 municipios, ahora inundados. En 2021 la ministra Rivera desautorizó el drenaje y remodelación del cauce del barranco del Poyo, con la construcción de un azud para derivar parte del caudal a una red de acequias. Todas estas responsabilidades preventivas desatendidas presentan una relación causal mediata con los hechos. En los últimos 30 años se han suspendido 9 proyectos para evitar inundaciones en la Huerta Sur de Valencia.

C. El Estado en conjunto (Gobierno, regiones y ayuntamientos) son responsables de la prevención y acción coordinada y eficaz de los actuales devastadores incendios de 6ª generación en diversas regiones. Una vez iniciado un fuego su crecimiento es exponencial por unidad de tiempo transcurrido. La acción rápida y coordinada de todas las administraciones es crucial, porque estos incendios exigen todos los recursos disponibles de todas las administraciones. Si no se corta su desarrollo son casi inextinguibles con altas temperaturas y viento en amplias áreas con mucho "combustible" en el suelo (plantas secas, cultivos) y en vertical (bosques con árboles altos y bajo bosque enmarañado sin mantenimiento.

En esta calamidad pública el gobierno tampoco ha asumido la dirección de la crisis. Otra vez más el gobierno del taimado Sánchez escurre el bulto, otra vez la inhibición de la coordinación del gobierno: Sánchez aparece en avión cuando todo se ha consumido, muestra el careto y se va. Robles muestra la acción de la UME. Es lo normal, es su competencia, pero critica a las autonomías. Marlaska, igual. Sirven al propósito del amo: hágase la confrontación, aunque perezca España.

El integrismo lingüístico inspira políticas y actitudes de imposición y defensa dogmática, esto es, irracional de las lenguas que consideran suyas, llegando incluso a conductas fanáticas al obligar a los demás a usarlas por todos los medios a su alcance, incluida la violencia como la reciente vandalización y destrozo de la heladería Helados Dellaostia en el barrio de Gracia de Barcelona, con rotulación en catalán y español, pero atendían a los clientes en español. Una clienta, familiar de un político de ERC pidió un helado de “maduixa”, fresa en español. El vendedor no lo entendió, la señora se enfureció y empezó el drama del supremacismo victimista. La máquina de odio y destrucción puesta en marcha: redes, asociaciones secesionistas subvencionadas por el gobierno Illa, Ómnium cultural, Plataforma per la Llengua y otros tienen identificado un enemigo a destruir, expresado en redes por Antonio Baños (CUP): "Este local es nuestro enemigo ¡Hasta que cierre!". Ahora se suma el partido Aliança Catalana: declara la guerra a los comercios que usan el español, tildados de anticatalanes. Un enjambre de fanáticos se ha lanzado a las calles en busca de culpables. En dos días han presentado más de 25 denuncias. Rememora, mutatis mutandis, el boicot judío totalitario de los nazis (Judenboykott).

Todo se basa en normas catalanas anticonstitucionales (Ley de Política lingüística de 1998, no recurrida al Constitucional por el Estado, y el Código de Consumo de Cataluña). Establecen que "los consumidores tienen el derecho de ser atendidos en la lengua oficial que escojan". Si se expresan en catalán se les debe atender en catalán lo que exige recursos de disponibilidad lingüística a los establecimientos, esto es, contratar solamente a trabajadores con dominio de las lenguas regionales. Esto crea obligaciones lingüísticas a los trabajadores en contra de su derecho constitucional, pues sólo hay deber de conocer el español como lengua oficial.

Durante más de cuatro décadas los secesionistas se han hecho fuertes en las autonomías, convertidas en feudos donde su poder prevalece en el territorio y sus habitantes. Han desarrollado políticas lingüísticas beligerantes de imposición de las lenguas regionales hasta excluir el español, pese a ser la lengua oficial socialmente mayoritaria.

Los hechos concretos son bien conocidos por una gran mayoría de españoles que soportan y padecen la prepotencia incivil de las políticas lingüísticas: se sienten agraviados por la exclusión del español en las instituciones, servicios públicos e incluso en empresas privadas; con sus impuestos se financia la educación, que excluye el español como lengua vehicular y de aprendizaje; los derechos de sus hijos son atropellados al imponerles la inmersión lingüística en las escuelas (directa en Cataluña e inducida en el País Vasco); las familias más atentas comprueban la manipulación ideológica a que someten a sus hijos en la enseñanza de la Historia; muchos ven limitados sus derechos laborales como ciudadanos españoles, por los requisitos lingüísticos exigidos; empresas y comercios sufren las multas por rotular en español, perseguidos por comisarios lingüísticos; los medios de comunicación (públicos y financiados) controlados por los secesionistas excluyen el español con menoscabo a la memoria común de unión entre españoles...

Estos hechos son pauta criminal "normalizada", no simples anécdotas. Han logrado crear una "frontera" lingüística de dominación interior y exclusión exterior de los españoles. Es la evidencia de la quiebra del orden lingüístico constitucional, ratificado por los españoles en referéndum nacional. Significa que los derechos lingüísticos de los españoles no rigen en Cataluña y País Vasco y se expande a otros territorios. En consecuencia, se vive una situación de excepción constitucional, es decir, totalitaria, de funestas consecuencias para la vida en libertad, pues la arbitrariedad es la norma. Ha sido posible y lo sigue siendo por acción de los secesionistas (también de otros partidos) y la dejación de responsabilidad del Estado (gobiernos, Cortes y Tribunal constitucional) que han dejado hacer e incluso han adoptado el marco conceptual de los secesionistas contra el orden constituido.

Nada de lo expuesto cabe en el orden lingüístico constitucional. Conviene recordarlo, se funda en dos principios básicos:

1. La Constitución establece el derecho de ciudadanía para el español: "todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo" (CE, 3.1).

2. Las lenguas cooficiales con el español, en algunas autonomías, son lenguas de uso normal (vehiculares), pero no preferentes.

La Constitución, por decisión expresa del poder constituyente (Comisión y Pleno del Congreso de diputados, 1978) situó al español en un plano diferente a las lenguas regionales cooficiales. En efecto, el pleno del Congreso constituyente aprobó, por amplísima mayoría de 278 votos a favor, 20 en contra y 13 abstenciones, rechazar la "exclusividad" del catalán y el "deber de conocerlo" (enmiendas 105 y 106, respectivamente, presentadas por el grupo de Minoría catalana).

Este acuerdo, aplicable por analogía a todas las lenguas regionales, es norma constitucional: determina el significado, alcance político e interpretativo del texto constituido CE, 3.2-3).

De ambos principios se infieren los siguientes criterios, útiles para discernir los hechos, normativos y fácticos, y las interpretaciones sobre lenguas cooficiales del Tribunal constitucional:

— EN TODA LA NACIÓN. Sólo el español es lengua oficial común de todos, en todo el territorio nacional. Todos los españoles tienen derecho a ser atendidos en español, oral y escrito, por todas las instituciones públicas estatales, autonómicas y locales y a usarlo sin limitaciones.

· Todos los españoles tienen derecho a conocer el español como lengua culta y aprender en español materias principales no lingüísticas en el sistema educativo.

· Los españoles no tienen el deber de conocer y usar las lenguas cooficiales regionales.

— EN LAS AUTONOMÍAS CON LENGUA COOFICIAL. El español y las lenguas cooficiales en sus autonomías son lenguas de uso normal de todas las administraciones autonómicas y locales.

· Algunos españoles tienen derecho a usar las lenguas cooficiales con el español y a su enseñanza en el sistema educativo, sin preferencias, pues como españoles el español también es su lengua: no hay discriminación por atenderlos en español.

· Las lenguas cooficiales son lenguas vehiculares de todas las instituciones autonómicas y locales. Bilingüismo institucional simétrico en ambas lenguas, salvo que la ley contemple zonas específicas de hablantes en español como, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana.

· El conocimiento y uso de las lenguas cooficiales con el español no son exigibles.

No puede imponerse el plurilingüismo obligatorio, esto es, aprender y usar las lenguas regionales, pues es voluntario.

— ES CONTRARIO AL ORDEN CONSTITUIDO. El monolingüismo en lenguas regionales, como la inmersión lingüística obligatoria o inducida, multar por usar el español, así como crear obligaciones, requisitos y exigencias de disponibilidad lingüística. Vulneran derechos, dividen y excluyen.

Estos principios y criterios de cooficialidad lingüística —entre una lengua común y otras regionales— coherente con nuestra historia lingüística ya no existen; han sido dinamitados por las políticas lingüísticas de los secesionistas, asumidos a la práctica por otros partidos, pese a ser políticas que vulneran derechos personales y dañan la convivencia. Estas políticas incompatibles con la Constitución no responden a motivos lingüísticos sino políticos, orientados a la secesión con la construcción de naciones antiespañolas.

El integrismo lingüístico instalado se orienta a este fin de ruptura, cuyo motor es el proceso secesionista, basado en el mito de una comunidad imaginada y, en su raíz, la violencia, núcleo interno fundacional del mito, pero, objetivamente son simples intereses de clase. Es como una bola de nieve construida alrededor de privilegios de una élite, primero burguesa en el primer tercio del siglo XX y ahora pequeñoburguesa, política y funcionarial. Casi todos ellos viven, según formas distintas, de los recursos públicos.

Revertir el integrismo instalado en las instituciones es un imperativo político de salud constitucional. Es condición necesaria para la convivencia lingüística en libertad, pero exige determinación e inteligencia. Exige un ley estatal del español garante de los derechos y deberes expuestos antes. Pero corregir la desmesura consolidada demanda actuar por la vía cultural (criterios e información) y la política, con sanciones administrativas (inhabilitación y multas) por incumplimiento, sin excluir las penales.

La expulsión de Vito Quiles del Congreso de los Diputados es un claro reflejo de la creciente tendencia a silenciar a quienes en España se atreven a cuestionar el orden establecido por la partitocracia. El periodismo de Quiles, más allá de su estilo provocador, es espejo de la indignidad democrática de los interpelados. Sus preguntas se enmarcan dentro de un contexto grave: el de un sistema político que, a pesar de su aberrante realidad, se considera, increíblemente, por encima del bien y del mal.

Las instituciones llevan tiempo tratando de amordazar a los medios críticos usando sus palancas financieras y legislativas, y repartiendo carnés de buenos y malos periodistas. Curiosamente, entre los primeros se encontraban aquéllos que descalificaron como “máquina de fango” a los que osaron descubrir los escándalos que hoy copan las portadas. Ese vacío de integridad lo han ido ocupando personajes como el propio Quiles o Bertrand Ndongo. Su labor no es nueva: forma parte de una larga tradición española.

Los encuentros de Quiles con políticos tienen una dimensión grotesca, de esperpento valleinclanesco, que los hace memorables. Su garbeo por Valencia con José Luis Ábalos es tal vez el documento que mejor define la España del tardosanchismo. Mientras Ábalos paseaba a su perro, Quiles aprovechaba para preguntarle sobre los catálogos de prostitutas que supuestamente él mismo utilizaba en sus andanzas ministeriales. Esas imágenes de Ábalos respondiendo por peteneras mientras su pastor alemán hacía sus necesidades sobre la acera tienen mayor valor estético e informativo que mil sesudas tribunas.

La política española actual se caracteriza por su escasa tolerancia a la crítica. En el Reino Unido, periodistas como Jeremy Paxman crearon escuela a partir de sus interrogatorios incisivos y despiadados, desde la misma BBC. Los políticos, primeros ministros incluidos, se enfrentaban a preguntas durísimas, repetitivas, a interrupciones constantes cuando trataban de escabullirse. En España, en cambio, el político se reserva el derecho de expulsar al periodista del recinto legislativo. El presidente convoca ruedas de prensa sin prensa. Qué tremendo y lamentable contraste.

Ahondando en el valor cronístico del esperpento, las intervenciones de Bertrand Ndongo junto a Vito Quiles dan una buena medida de nuestra decadencia. Cuando ambos coinciden, Quiles formula las destempladas preguntas mientras Ndongo repite sus chanzas a mayor escarnio del interpelado, como hacía Bigote Arrocet en las películas de Chiquito de la Calzada. En la tragicomedia de la política española actual, el decoro del dúo Quiles – Ndongo es, sencillamente, el que corresponde a la dignidad de los asaltados: no se merecen a un Paxman, sino a este dúo sacapuntas multirracial.

Por ello, su expulsión es otra vuelta de tuerca en la manipulación de la libertad de prensa por parte del poder político. Así, Gabriel Rufián le ofrecía a Quiles la posibilidad de ser readmitido en el Congreso si hacía las preguntas adecuadas a los destinatarios que él dijera. Pretendiendo ser gracioso, Rufián demostraba su alma totalitaria. Este tipo de purificación mediática es menos simpática que Quiles, Ndongo, Bigote, Chiquito y el perro de Ábalos: es una amenaza existencial para la democracia. Rufián es cínico, sí, pero sobre todo es profundamente antidemocrático: propone un modelo de periodismo tamizado por el poder.

No siempre fue así. Hace sólo un par de décadas, programas de sátira política como Caiga Quien Caiga hacían de la irreverencia parte sustancial del espectáculo democrático. Da hasta pereza decirlo: la España de hoy es mucho menos libre que la de entonces. El verdadero peligro de esta expulsión no es ya la eliminación de una voz crítica, sino la normalización de un modelo de periodismo homologado, donde sólo se permiten las preguntas que el poder está dispuesto a tolerar.

La democracia española está perdiendo una herramienta más ante la voracidad de la clase política: la capacidad de cuestionar, interrogar e incluso ridiculizar al poder. La expulsión de Vito Quiles es mucho más que un episodio cutre de censura. Es un reflejo del estado en que se encuentra nuestra vida pública: como es tal el nivel de ignominia que sólo puede abordarse sanamente desde el sainete, el Congreso opta por prohibir el sainete.

Pero detrás de la risa hay una tragedia: el aviso a navegantes de un sistema regentado por individuos incapaces de mantener la dignidad del mismo. Por más que se escuden en el decoro institucional, en el orden, o en el supuesto buen periodismo, lo que están haciendo es deslizarse por la pendiente húngara y venezolana. Expulsan a Vito Quiles porque éste porta, además de un micrófono, un espejo cóncavo que les muestra la plenitud de su cochambroso esperpento.

Además, con cálculo han logrado la mayoría con manejos de interés. Han eliminado del debate y votación al magistrado Macías, el magistrado Campos, ex ministro de Sánchez y progresista se autoexcluyó por haberse manifestado en contra de la amnistía. Los cuatro magistrados restantes, Enríquez, Arnaldo, Espejel y Tolosa han votado en contra y emitido votos particulares. En cuestiones tan relevantes como la controvertida amnistía, el presidente, por responsabilidad, tendría que haber procurado el consenso, pero ha actuado como fiel servidor del poder político en contra de su deber.

La Constitución no es de estos magistrados, es de los españoles. Su única y exclusiva misión es ajustarse a los proposiciones y contenidos aprobados en la fase constituyente que fue sancionada en Referéndum por los españoles (1978). El TC es el único órgano constitucional que no depende de ningún otro poder del Estado, pero se han puesto a la orden de Sánchez y sus socios. Saben que la amnistía no consta en la Constitución por expresa decisión del constituyente y mucho menos esta autoamnistía elaborada por delincuentes (Boye, Puigdemont, Junqueras). Por tanto, es falaz el argumento de que lo no prohibido expresamente está permitido porque es justo lo contrario: los poderes públicos sólo pueden hacer lo que la ley permite y según los procedimientos legales. Esto se llama Estado de derecho. La exclusión de la amnistía no es un conjunto vacío a disposición del legislador, sino que pertenece a un conjunto lleno, cuyo techo constitucional es el indulto con expresa prohibición del indulto general art. 62, i CE). Mucho más significa la amnistía por eso no consta: está vedada desde el principio. Así se acordó en la Ponencia constitucional del 3.11.1977. En el punto 4º del acta de la reunión dice: "Por lo que se refiere a la materia de la amnistía se acuerda no constitucionalizar este tema". El rechazo y exclusión de la amnistía en la Constitución fue aprobada por las Cortes constituyentes.

El motivo es simple: el indulto personal borra la pena por el delito, pero no la culpa que permanece. Este es el techo de responsabilidad de la Constitución: los delincuentes, individualmente, pueden lograr la absolución de las penas, pero no la culpa por los delitos juzgados en sentencia firme. La amnistía va más allá, borra la culpa y el delito como si no hubieran existido. Queda claramente fuera del marco constitucional porque anula el principio de responsabilidad por los actos delictivos, en coherencia con el "Estado social y democrático de Derecho que se instituye ex novo después del franquismo (art. 1,1 CE)

Estos magistrados se lo han saltado a la torera, han legalizado la irresponsabilidad por los delitos. Lo más grave es que lo han hecho a sabiendas. Su deber ante la ley de amnistía era simple: decir al legislador si queréis la amnistía hay que cambiar la Constitución por los procedimientos del Titulo X. Han corrompido su reputación, el prestigio del Tribunal de garantías constitucionales y han hecho el peor servicio a los españoles. Han destruido el principal valor de la Constitución por intereses sectarios: el Estado de derecho al legalizar la arbitrariedad con rango constitucional con la fractura del del principio constitucional de igualdad. Esa puerta ha quedado abierta a futuro. Además, rompe el equilibrio de la división de poderes: el Congreso de diputados tiene barra libre aprobar todo lo que no prohíba expresamente la Constitución y aunque lo prohíba de forma expresa o tácita también puede aprobarse en función de argumentarios ad hoc en función de intereses.

La sentencia del TC sobre la amnistía expresa el desmesura de la racionalidad, guiada por intereses teleológicos de entrada (ideología, grupo progresista de adscripción). Más acá de los argumentarios está el texto constitucional que expresa la voluntad constituyente de principios, valores, instituciones y procedimientos acaecida en un momento histórico del que hay memoria. No es un texto cualquiera interpretable libremente, sino una realidad viva a cuya constitucionalidad o no se accede directamente por el entendimiento de “lo constituido” como expresión de la voluntad constituyente. Este es el marco, contenido y límite de la actividad interpretativa de la racionalidad.

Kant afirmaba (Crítica de la razón pura) que la debilidad de la razón consiste en alejarse al máximo de la experiencia y tiende a empantanarse en contradicciones especulativas. El aparato interpretativo con descripción y análisis de hechos, argumentos y contraargumentos abonados con antecedentes y citas, síntesis y conclusiones puede llegar a afirmaciones distantes de la realidad que procura el entendimiento para “darle apariencia de verdad a su ignorancia”. Incluso visto en conjunto el edificio argumentativo puede llevar a la comprensión de su subordinación a un fin teleológico, más o menos explícito ab initio, pero real para validar determinadas posiciones en detrimento de otras más adecuadas o ajustadas al orden constituido desde un enfoque sistemático como sucede con ley de amnistía.

Estos casos ilustran cómo el poder interpretativo de los órganos constitucionales se otorgan una potestad creativa o constituyente que no tienen. Eso es lo que ha hecho el TC con la ley de amnistía. Evidencia que la Constitución y la Justicia constitucional no son lo mismo, tienen una naturaleza diferente: la razón de ser de la interpretación constitucional es la subordinación al “hecho constituido”, no a la inversa. El aparato argumentativo no puede contrarrestar ni anular el conocimiento práctico que procura el entendimiento sobre la exclusión intencional de la amnistía en la Constitución. La politización del órgano de garantías constitucionales ha corrompido su naturaleza.

La Constitución del consenso de los españoles desde hoy es letra muerta, todo es interpretable, a disposición de políticos ambiciosos y de magistrados de parte. Damnatio memoriae.

Su carta a la militancia del PSOE trasluce una personalidad desquiciada que ha perdido el sentido de la realidad propia de los autócratas en su declive. Alucina al decir que “hay un plan de demolición moral y peligro democrático...contra su gobierno legítimo”. Los serviles de su entorno son incapaces de decirle que él es el peligro democrático y la carcoma moral: perdió las elecciones, forzó una mayoría pactando con secesionistas y filo-terroristas, gobierna para intereses particulares (indultos, amnistía, cesiones competenciales y recursos), sigue amarrado a un poder que no le pertenece (sin presupuestos, sin mayoría, con corrupción sistémica desde su entorno familiar a la cúspide del partido). Es imposible que no supiera e incluso es posible que lo alentara por la relación estrecha personal con Ábalos, Cerdán y Koldo. Sólo hay que verlos a los cuatro en el Peugeot en estrecha complicidad a la conquista del PSOE. Sí, no son tres, son cuatro. Hasta ahora el “uno” ha sido hábil para escurrirse como una anguila y echar tinta de calamar para distraer, protegerse y confundir. La carta a la militancia es un ejemplo.

Es patética la imagen que transmite de una persona a la que han pillado desde dentro. Hemos vislumbrado las prácticas corruptas consolidadas e impunes por toda la geografía española y en el extranjero, los subterfugios del poder que comprometen toda su trayectoria desde el principio: las malas prácticas académicas con la tesis, las maniobras poco democráticas para hacerse con el control del partido, el favoritismo con las ambiciones de su mujer a cargo del erario, el enchufe del hermano, el control de las instituciones del Estado con nombramientos de personas serviles sin competencia... Si queda alguien lúcido de su confianza debe decirle ¡basta ya!, ¡mírate en el espejo y repite varias veces!: “yo soy un peligro para la democracia”. Porque la democracia no es de nadie en concreto. Es del conjunto de la población española. Son los españoles en elecciones limpias quienes tienen la competencia de decidir su propio futuro y cuanto antes mejor porque el gobierno actual no puede esgrimir legitimidad, pues depende de corruptos y enemigos declarados de la Nación española. Pues de esto se trata, Sánchez es el presidente de la Nación española no de una banda de oportunistas y delincuentes.

La investidura le dio el marchamo de legalidad y legitimidad de origen, pero no la del ejercicio, pues ésta depende de mayorías que permitan aprobar presupuestos y legislar para la mayoría y el progreso de la Nación. Es de lo que carece desde el principio. Durante toda la legislatura va a rastras mendigando apoyos a sus interesados socios negociando el futuro de España con corruptos y huidos de la Justicia (Puigdemont-Cerdán), con condenados por corrupción (Junqueras), ahora esquivos, para sacar más y aprovecharse de su debilidad. La crisis abierta con el informe de la UCO le exige recomponer los pactos de la indignidad que sustentan su gobierno. Reunión en la Moncloa, sede del gobierno de España, con lo que queda de Sumar, Compromís va por libre, después con el condenado por desobediencia y malversación, Turull, con penas de inhabilitación, indultado por Sánchez, para amarrar su apoyo, Podemos se ausenta, Rufián (ERC) elude por ahora la foto, PNV consigue más competencias.

La legitimidad en democracia es un estándar político y moral exigente incompatible con Sánchez y su gobierno. Está fuera del rango básico de la legitimidad exigible que no puede deducirse del acto de la investidura, ni mucho menos alargarse durante toda una legislatura. En estas condiciones lo normal en democracia es dimitir o convocar elecciones generales porque la democracia pertenece al pueblo soberano no a un líder soberbio y prepotente que amenaza con el caos porque pueda gobernar la oposición. España seguirá adelante y muy probablemente mejor, visto lo visto, sin Sánchez y su banda.

Su destino está echado. Él es el máximo responsable del PSOE. Él ha nombrado tanto a Ábalos y a Cerdán y ha confraternizado con Koldo. Estos casos corruptos con manejo de dinero, amaños de contratos, cobro de comisiones e indicios de financiación ilegal del PSOE han sido grabados desde dentro del partido por Koldo para guardar sus espaldas. Es poco creíble su relato dulzón y victimista de no saber nada, de haber sido engañado. Sánchez ha negado la evidencia de la corrupción en la cúspide del partido y ha arremetido contra la oposición haciendo suya la máxima “la mejor defensa es el ataque”.

La soflama del progresismo es incapaz de engañar a personas con dos dedos de frente. Sabe que el PSOE va a la baja y la vía abierta desde dentro por las grabaciones de Koldo sólo han empezado a achicar podredumbre de personas, instituciones y relaciones tóxicas en España y el extranjero (Venezuela, República Dominicana, paraísos fiscales...). La UCO y la Guardia Civil están amenazadas en su independencia, Marlaska limita sus recursos para mermar su eficacia investigadora ante la ciénaga de

corrupción.

Sí, en efecto, hay un “plan de demolición moral y peligro democrático”, pero protagonizado por Sánchez y sus socios con la complicidad silente y aprovechada del PSOE.

Sánchez está instalado en el marco cognitivo de los totalitarios: “la democracia soy yo”

(artículo publicado en Vozpópuli, 22.06.2025)

La Constitución española es un texto escrito que expresa la voluntad constituyente de principios, valores, instituciones y procedimientos acaecida en un momento histórico del que hay memoria, aprobada reglamentariamente y sancionada por el pueblo español (1978). Por tanto, no es solamente un texto cualquiera susceptible de interpretaciones, sino una realidad viva a cuya constitucionalidad o no se accede directamente por el entendimiento de “lo constituido” como expresión de la voluntad constituyente. Este es el marco, contenido y límite de la actividad interpretativa de la racionalidad. Kant afirmaba que la debilidad de la razón consiste en alejarse al máximo de la experiencia y tiende a empantanarse en contradicciones especulativas.

La ponencia citada se explaya en profusas argumentaciones y conclusiones muy alejadas del conocimiento derivado del entendimiento del “hecho constituido” (lo trato después). Las citas y argumentaciones de la ponencia aparecen subordinadas ab initio a un fin teleológico con el propósito de validar la ley de amnistía que contamina todo el edificio argumentativo.

Diversos juristas han identificado algunos núcleos argumentales erróneos de la ponencia para validar la amnistía. Uno es directamente político: “mejorar la convivencia”. Intención loable, pero el TC no es competente en materia de convivencia; no es su función. Garantizar la convivencia es competencia individual, social y política, pero no de un órgano de garantías constitucionales. Otro es aditivo o creativo: ir más allá de la Constitución al afirmar que “es permitido lo que no está prohibido expresamente”. Este principio rige en la vida civil como garantía de las libertades civiles. Sin restricciones legales específicas, los individuos son libres de actuar (permissum videtur id omne quod non prohibitur), pero es impropio e inadmisible de la justicia constitucional, pues amplia sin límites la potestad legislativa de los parlamentos y subordina la potestad garantista del tribunal constitucional. Así, la Constitución queda reducida a un simple referente formal carente de fuerza vinculante en función de intereses agregados de la agenda política. Hay multitud de cosas que no constan en la Constitución y no por ello están permitidas en un enfoque sistemático del orden constituido. Por ejemplo, la bigamia o el canibalismo no constan en la Constitución, pero no pertenecen al orden constituido como tampoco a amnistía.

Por el contrario, la doctrina constitucional, después de los abusos de poder que condujeron a las guerras mundiales, evolucionó hasta entender la Constitución como un todo normativo vinculante, “norma fundamental” en expresión del Kelsen, irreductible a la creación de contenidos constitucionales nuevos por el parlamento. La Constitución es un límite al poder político. Esta es la función garantista de los tribunales constitucionales, opuesta a la barbarie de supeditar la Constitución al poder sin límites de trágicas consecuencias. La ponencia del TC incurre en el vicio de legitimar una voluntad de poder inconstitucional. Es un vicio de bulto, arbitrario.

Como la amnistía no consta en la Constitución para justificarla necesita recurrir falazmente al principio ilimitado de “lo no prohibido es permitido”. En términos constitucionales tiene un efecto devastador porque corrompe la “unidad de sentido de la Constitución como un todo”, excluyente de lo que no consta de forma expresa. Así fue aprobada y sancionada la Constitución. Si se quieren añadir contenidos debe hacerse de forma inequívoca a través de la Reforma constitucional como está previsto en la propia Carta Magna, en el Titulo X, a través de dos procedimientos (arts. 167 y 168).

Pero, volvamos al principio, al orden constituido en el proceso constituyente. Aquí está el motivo por el cual la amnistía no cabe en la Constitución, fue expresamente excluida del texto constitucional por las Cortes constituyentes (en coherencia con los acuerdos de la Ponencia constitucional del 3.11.1977 de no incluir la amnistía en la Constitución). Y así consta en el texto constitucional sin dejar resquicio a la duda o al juego de las interpretaciones. En efecto, la Constitución en el Título II, de la Corona, otorga al rey “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales” (art. 62, i). En consecuencia, se entiende que el derecho de gracia incluye el indulto personal motivado y excluye de forma expresa el indulto general. Aquí está el techo del derecho de gracia. La amnistía ni se nombra. El motivo es simple: el indulto personal borra la pena por el delito, pero no la culpa que permanece. Este es el techo de responsabilidad de la Constitución: los delincuentes, individualmente, pueden lograr la absolución de las penas, pero no la culpa por los delitos juzgados en sentencia firme.

La amnistía va más allá, borra la culpa y el delito como si no hubieran existido. Queda claramente fuera del marco constitucional porque anula el principio de responsabilidad: la culpa por los actos delictivos. Este principio guarda coherencia sistemática con los principios y valores constituidos. En efecto, España con la Constitución se instituyó como “Estado social y democrático de derecho” (art. 1) con sometimiento de todos, “ciudadanos y poderes públicos a la Constitución...” (art. 9). La responsabilidad por el delito es la norma constitucional en oposición a la arbitrariedad que supone la amnistía. Hay constituciones que contemplan esta figura; la nuestra no.

El Tribunal constitucional es un poder público sometido únicamente a la Constitución. Significa que no puede ir más allá con argumentaciones creativas o que excedan el marco constituido. Tampoco a validar leyes no constitucionales como la de amnistía. En la propia ponencia se expresa que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”, otorga así, arbitrariamente, prevalencia al poder legislativo en contra de su función garantista. La amnistía no es materia legislativa porque como se ha expuesto no figura en la Constitución y su contenido material sobrepasa con creces el techo constitucional en materia de derecho de gracia.

El Tribunal constitucional nos debe respeto a los españoles y a la Constitución cuyos miembros juraron o prometieron cumplirla y hacerla cumplir a todos. Si el TC declara constitucional la amnistía, incluso con salvedades e interpretaciones conformes, faltará a sus deberes inexcusables. Por lo expuesto, no hay argumentos que puedan justificar lo injustificable: la amnistía no pertenece al orden constituido. Los argumentos expuestos en la ponencia no pueden contrarrestar ni anular el conocimiento práctico que procura el entendimiento.

(publicado en Vozpópuli, 10.06.2025)

Santos Cerdán no es sólo un señor que manda en el PSOE. Es el artífice del pacto socialista con populistas y radicales, escenificado por primera vez en Navarra, con el que se puso a prueba el modelo del pacto de investidura que hoy nos gobierna. Es el muñidor (en Suiza y sin testigos, que luego lo graban todo) de los pactos con Puigdemont, el delincuente huido con el que se ha tratado la compraventa de escaños a cambio de leyes a la medida.

María Chivite es criatura de Santos Cerdán, como lo es su gobierno regional. Un gobierno que no tiene la capacidad de respuesta que Navarra necesita ante su declive económico, ni la capacidad de acción que necesitan las poblaciones navarras donde ya no existe ni la libertad de quejarse de los abusos de los sectarios. Un gobierno al que otras regiones adelantan por derecha, izquierda y centro, y que pierde oportunidades a diario.

Pedro Sánchez es criatura de Santos Cerdán, tanto como Cerdán es criatura de Sánchez. La manipulación de su reelección, la gestión con mano de hierro en un partido que (hasta esa reelección) tenía una cierta democracia interna, el uso de “fontaneros” para acallar oposición interna y arrinconar rivales, son acciones de Cerdán con las que se ha ganado el puesto de “mano derecha” que ha ejercido, en compañía de Ábalos, desde entonces.

El gobierno de España es criatura de Santos Cerdán, porque se construye sobre un pacto que es una reedición del de Navarra. Un pacto que parecía imposible a Sánchez (imposible, insufrible, impensable… e incompatible con el sueño, como decía el afectado) hasta que vio que le compensaba. Un pacto que se agrava con la presencia de partidos con la intención explícita de degradar el Estado de Derecho y las instituciones españolas, además de su prestigio internacional.

El programa legislativo y de gobierno en España es criatura de Santos Cerdán, porque se deriva de esos pactos suicidas y de la necesidad de blindarse ante el manifiesto comportamiento delictivo de tantos cargos socialistas, empezando por los que gobiernan el partido (eso significa ser “secretario general”). El ataque directo, masivo y sistemático al prestigio y la independencia de la justicia (nombrando a los jueces que juzgarán a los políticos y controlando a quien decide si acusarles o no), la neutralización de los cuerpos de investigación de la Policía, la infiltración de empresas públicas y de comunicación (controlando la publicidad y a quienes viven de ella), son medidas totalitarias que sólo benefician a quien necesita protegerse. Son medidas que perjudican al partido, al país, hasta a Sánchez, pero benefician a sus parásitos.

El 12 de Junio se hizo público el informe de la UCO que documenta la corrupción de altos cargos del PSOE y de su gobierno, repartiéndose mordidas en la concesión de obra pública. No se documenta la implicación directa de Sánchez (aunque Aldama ya acusa directamente a su esposa de presionar a los dueños de Air Europa pidiendo contrapartidas por el rescate). Pedro Sánchez ha comparecido, pedido perdón por dejarse engañar, y prometido una auditoría del partido. Podía haber prometido una del Zoológico de Madrid, que tiene lo mismo que ver.

El informe no acusa al PSOE de financiación ilegal. Señala indicios de corrupción personal masiva en la secretaría general del PSOE y en varios ministerios, con un reparto por provincias del cobro de mordidas en obra pública. Pero francamente, las mordidas son lo de menos. Lo importante es lo que prueban sobre el régimen político que nos gobierna.

Los papeles de la UCO han dejado claro el problema real de España. No es un gobernante sin escrúpulos o un partido sin principios. Es lo que les utiliza para medrar. El régimen de Santos Cerdán, que ha dado forma a lo que aún gobierna España, es sencillamente una cleptocracia. El gobierno por, y para, ladrones.

Imagen: el reparto de los cleptócratas, creada con IA.

Hago un recorrido histórico y jurídico de la lengua española desde la Alta Edad Media en convivencia con las otras lenguas hispanas. El español desde su origen ha devenido un eje de cohesión nacional y convivencia frente al fraccionamiento político-lingüístico.

Con casi 500 millones de hablantes nativos, el español trasciende fronteras y se consolida como un vehículo esencial de comunicación y cohesión a nivel mundial. Sin embargo, en España, esta lengua universal se enfrenta a retos singulares, derivados de su convivencia con lenguas cooficiales en determinadas regiones como el catalán, el gallego, el valenciano o el euskera.
Examino cómo esta coexistencia, lejos de ser un espacio de enriquecimiento mutuo, ha generado tensiones políticas y sociales que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Desde la educación hasta la administración pública analizo cómo ciertas políticas lingüísticas priorizan las lenguas regionales, marginando al español pese a su estatus de lengua propia de todos los ciudadanos españoles y oficial en todo el territorio nacional.

A través de un enfoque crítico y documentado, denuncio las prácticas que discriminan a los hispanohablantes en regiones con cooficialidad lingüística donde viven casi 20 millones de españoles, y pongo de manifiesto cómo estas políticas limitan la movilidad, la igualdad de oportunidades laborales y el acceso a derechos básicos. Al mismo tiempo, reivindico el valor del español como nexo civilizatorio universal, capaz de conectar a millones de personas con un patrimonio espiritual y económico: cultural, literario, comercial, científico y tecnológico compartido.

Lejos de proponer una uniformidad excluyente, planteo la necesidad de una política lingüística nacional inclusiva, que respete la diversidad sin menoscabar los derechos de los hispanohablantes. Con datos, argumentos y una apuesta por el consenso constitucional, hago una llamada a recuperar la convivencia armónica que inspira nuestra democracia.

Han convertido el catalán en un instrumento de dominación contra las personas según un patrón excluyente: sometimiento o marginación con delaciones, multas y señalamiento, cuando debería convivir en igualdad con el español en la vida civil, institucional, educación y medios de comunicación. Secesionistas y socialistas han convertido el catalán en lengua del poder contra la sociedad, pues la mayoría social en Cataluña tiene el español como lengua habitual. El Pacte Nacional per la Llengua, firmado ahora por el gobierno de Illa (PSC) con ERC, Comunes y algunas asociaciones subvencionadas, es un dique totalitario contra al orden constitucional y los derechos civiles. Busca condicionar al Tribunal Constitucional que debe sentenciar sobre la eliminación del carácter oficial y vehicular del español en la educación por la Ley del Parlament 8/2022. Los más belicosos (Junts y CUP) no firman; quieren mucho más. Estamos, pues, ante otra manifestación de la dictadura lingüística, ejercida con prepotencia, abuso de poder y violencia. Sí, con violencia, pues la ejercen con señalamientos, multas, marginación, coacciones, exclusión...

El proyecto político del catalanismo es la secesión de España y la guerra de exclusión del español es una de sus armas para construir una sociedad homogénea, con el catalán como única lengua de identidad personal. Este es el fin de su lucha sin cesiones, por todos los medios, porque lograr el dominio lingüístico, mental y emocional de una masa crítica de población haría inevitable la secesión. He aquí el motor del proyecto de élites catalanas secesionistas contra la catalanidad española de larga y fecunda tradición multisecular con dos lenguas ¾español y catalán¾ de comunicación y cultura. Como no pueden lograr la secesión a las bravas con un enfrentamiento militar como hace Putin con Ucrania, emplean otras “armas” de lucha para ampliar su poder.

Los partidos secesionistas catalanes (Junts, ERC, CUP y AC) se sienten dueños de las competencias cedidas por el Estado y las utilizan como armas de separación. Ahora cuentan con el colaboracionismo entusiasta del PSOE y del PSC: la presidencia de Illa depende de ellos.

Hasta que logren la independencia total operan, cual rémora, como un Estado aparte con la complicidad de Sánchez-PSOE. Están creando las condiciones de “frontera”, esto es, imposiciones, requisitos y sanciones lingüísticas junto con el control migratorio. Sánchez en precaria minoría ha pactado, por los siete votos de Junts, la transferencia inconstitucional, aunque sea por delegación, de las migraciones y el control fronterizo. Ya tienen preparado el proyecto de ley migratoria catalana: establece que para acceder a la residencia o tener permiso de trabajo a otros extranjeros es exigible el conocimiento del catalán. También puede ser exigible a otros ciudadanos españoles procedentes de otras provincias, pues la Ley 8/2022 estableció que la única lengua propia y vehicular de Cataluña es el catalán, aunque está recurrida por inconstitucional al TC desde 2022. Miremos si no el paralelismo establecido por Jordi Turull, secretario general de Junts: “si conocer el castellano en Zamora es un requisito para obtener los permisos, conocer el catalán para los que estén en Cervera o Palafrugell también tiene que ser, como es normal, porque el catalán es la lengua propia de Cataluña”.

El español, lengua mayoritaria de los ciudadanos catalanes es reducida a la condición de lengua extranjera en Cataluña: lengua de los españoles, no de los catalanes. Estos mensajes como una gota malaya filtran en la conciencia de muchos, crea adictos fanáticos, pero también rechazo de muchos catalanes, tanto de lengua materna catalana o española, contra el sectarismo y la manipulación. Tanto es así que la mayoría de los jóvenes opta por el español como lengua habitual.

La estrategia de manipulación a propósito de la lengua llega incluso a la encuesta periódica sobre unos lingüísticos en Cataluña IDESCAT. (ver en https://www.idescat.cat/novetats/?id=5138). Además de preguntar sobre la lengua materna, que permite distinguir la evolución de hablantes nativos en catalán y lengua de uso habitual, añaden la lengua de identificación para comprobar cuantos no nativos en catalán se identifican con esta lengua (ciudadanos asimilados que se identifican con el catalán en detrimento de su lengua materna). Estos son los porcentajes sobre la lengua de identificación: el 30% de la población se identifica con el catalán, el castellano es la lengua de identificación del 40,4% de la población. La clave está en el siguiente dato que ha aumentado desde 2018: el catalán junto con el castellano son las lenguas de identificación del 14,6% de la población, muchos de ellos hablantes de español que se identifican también con el catalán. Puede ser la vía intermedia para la decantación identitaria por el catalán como única lengua. Este es el fruto preciado después de tantas presiones, violación de derechos y cuantiosos recursos públicos dedicados a la hegemonía del catalán en la vida pública y privada (más de 100 millones de euros en 2024 sin contar con los medios públicos y financiados de radio y televisión exclusivamente en catalán. Sólo el presupuesto de la Corporación catalana de Medios Audiovisuales asciende a 330,5 millones de euros en 2024).

El dogmatismo con la lengua como signo identitario asociado a motivos raciales es un rasgo característico de los nacionalismos esencialistas. Lo encontramos en los nacionalismos vasco, catalán, galés, irlandés, quebequés, etc. aunque con enfoques bien distintos desde el cívico galés al étnico integrista catalán.

Los ideólogos nacionalistas, tanto catalanes, vascos y gallegos, desde el siglo XIX construyen las diferencias identitarias basadas en motivos raciales y lingüísticos con marcadores distintivos que nutren el supremacismo y la xenofobia. Por ejemplo, Pompeyo Gener (1848 ¿? -1920) “creemos que nuestro pueblo (Cataluña) es de una raza superior a la de la mayoría de los que forman España”. En similares términos, Pere Muntanyola, Francisco Cambó o Prat de la Riba (Catalunya es “La comunitat de gents que parlan una mateixa llengua, tenen una historia comuna, y viuen agermanats per un mateix esperit... “Usar en tots los actes publichs y privats la llengua catalana, com a única oficial de Catalunya”, en el Compendi de la doctrina catalanista, 1894). Y más recientes, Jordi Pujol (denigrando a los andaluces: poco hechos, anárquicos, ignorantes, desarraigados...), Joaquim Torra (los españoles, bestias con forma humana...con un bache en su cadena de ADN), Oriol Junqueras (los catalanes, más proximidad genérica con franceses e italianos).

Actualmente, la investigación genómica ha sido contundente en el desprestigio de la identidad racial y lingüística (ver en, Genes, pueblos y lenguas, Cavalli-Sforza, 1992), pero los nacionalistas la han sustituido por la “identidad cultural” con la lengua diferencial como motivo esencialista del patrioterismo nacionalista: “la lengua es la nostra patria”, objetivamente falso. La investigación de Stephen Burgen en, Las lenguas de Cataluña (2020) evidencia el multifacetismo y fluidez de las identidades lingüísticas: “Los catalanes multilingües tienen un enfoque fluido del lenguaje que no está ligado a la identidad”. “Viven el lenguaje más como una herramienta...”

Por el contrario, las políticas secesionistas imponen a la población cuando tienen poder institucional un código de selección fuerte: identificación/no identificación; uso habitual/no uso habitual, que funciona a la práctica como patrón de diferenciación identitaria y emocional como estrategias de hegemonía cultural. Sus éxitos políticos se sustentan en la identidad diferencial, cultivada con la exclusión lingüístico-cultural y la xenofobia: cancelación de España, el español y los símbolos comunes (bandera, memoria compartida...). En el actual Estado constitucional español les ha funcionado; han ganado todas las batallas contra la unidad y la igualdad de derechos. Han sometido a sectores de la población a su visión cultural y política, con vínculos fanáticos de pertenencia, esto es, sectarios, intransigentes e intolerantes. Es difícil “salir de la tribu secesionista”, por eso es interesante la experiencia de personas que logran salir y recuperar su conciencia personal, criterio propio y libertad de pensamiento.

En estas condiciones el catalanismo no ha evolucionado hacia un nacionalismo cívico con arreglo a la Constitución, sino que se ha reforzado como movimiento político secesionista. Sigue anclado en la etnicidad esencialista lingüístico-cultural porque les da poder y resulta eficaz como arma de frontera que divide, separa y excluye. He aquí el fracaso rotundo del orden institucional de la Constitución, pues una de sus bases fundacionales era la integración solidaria de los nacionalismos en la Nación española. Los secesionistas son responsables por acción pertinaz, los gobiernos nacionales por omisión y dejación y el Tribunal Constitucional por acomodo y cesión al marco conceptual nacionalista (doctrina creativa y en parte contradictoria con el orden constituido).

Hemos cedido en lo fundamental: la catalanidad española. Veámoslo con perspectiva que desautoriza el argumentario nacionalista: catalanes, vascos, gallegos y el resto de los españoles, como aragoneses, navarros, asturianos, leoneses, castellanos, valencianos, etc. comparten el mismo espacio geográfico durante generaciones con intercambios constantes que abarcan linajes, comercio, trabajo; descienden del mismo tronco étnico y mayoritariamente lingüístico (latín) excepto el vasco siendo esta lengua factor del desarrollo del español que devino lengua común para todos; han convivido durante siglos desde la Edad Media, primero en diversos reinos, condados y señoríos hasta la unidad dinástica de la monarquía hispánica, a comienzos del siglo XVI, y a partir del siglo XIX dentro del constitucionalismo moderno. Juntos lucharon contra la dominación musulmana entre los siglos VII y XV para reconstruir la unidad política, cultural y religiosa. Cuando se conquistó Granada se produjeron en Barcelona “las más grandes manifestaciones de alegría que nunca se habían hecho” (dietarios de la Diputación General). También contra la invasión napoleónica, a comienzos del siglo XIX, como fueron los levantamientos populares de Barcelona y Gerona. Galdós relata así el asedio de Gerona: “todos eran españoles los que hablaban en catalán y en español, luchaban unidos con heroicidad y soportaban la crueldad, el hambre y las privaciones”. O en 1860, Víctor Balaguer en su crónica expresa el delirio catalán por el triunfo del ejército español en África a su llegada a Barcelona. El hecho es que la mayoría de las familias vascas, catalanas y gallegas tienen ascendencias de otros españoles, existe una memoria compartida, símbolos y valores con un sentido de pertenencia a la nación española.

Estos ejemplos consuetudinarios de catalanidad española contrastan con el ambiente político y cultural actual dominado por la degradación nacionalista. Las élites secesionistas han destruido los valores fundamentales de la sociedad catalana con la corrupción política y económica, la malversación, el adoctrinamiento educativo y la propaganda.

El catalanismo, también el vasquismo y el galleguismo se construyen en contra de la verdad, la unidad y el entendimiento, con argucias, mitos y argumentarios falaces siempre para servir a intereses de élites políticas, económicas y mediáticas.

Revertir esta desmesura que degrada la vida es más que un deber moral, es una obligación política, educativa y cultural.

(artículo publicado en Voz Populi, 17.05.2025)

Rul atiende a THE OBJECTIVE después de que su libro fuera uno de los elegidos por Impulso Ciudadano para promover un Sant Jordi alternativo para escuchar las voces que discrepan del sistema de inmersión lingüística en catalán. Y en una coyuntura muy concreta, ya que en breve el Tribunal Constitucional dictará su fallo respecto a las leyes del anterior Govern de Pere Aragonès para eludir el 25% de horas lectivas en castellano en las aulas catalanas.

Estrategias de control social

En su libro asegura que las «estrategias de control social» que se emplean en los institutos catalanes «utilizan el conocimiento de la psicología aplicada, la neurobiología y la sociología para ejercer un dominio social mediante influencias selectivas y recurrentes, a personas y grupos con afinidades étnicas y culturales a través del poder institucional, la información interesada, la propaganda, las subvenciones, la presión ambiental, así como aproximarse a los diferentes por origen, lengua o costumbres, para integrarlos incidiendo, incluso, en los rasgos vulnerables de la personalidad».

Entre estas estrategias, destaca la de «atraer la atención a núcleos de interés nacionalista», que se basa en «enfocar determinados temas o motivos en detrimento de otros». «Cuando a través del poder posicional, institucional, social o mediática se logra que unos centros de interés ocupen el campo receptivo audiovisual, se logra distraer la atención de otros temas o motivos con lo que pasan a otro plano de interés».

Nacionalismo catalán y adoctrinamiento escolar

Otra estrategia es «crear problemas y ofrecer soluciones nacionalistas». Es decir, cuando los profesores plantean un problema, se espera causar impacto en la audiencia. «Por ejemplo, si se pone el foco en la violencia terrorista con noticias e imágenes, se induce la demanda de medidas que incrementen la seguridad, a costa de la libertad. Otro ejemplo, si se dice a través de las instituciones de la Generalidad y los medios públicos y subvencionados con dinero público que el causante de los problemas de Cataluña es España («España nos roba», «no nos dejan votar», «no nos dejan decidir», «queremos ser libres y no nos dejan», «España no es democrática», «España es franquista», etc.), se alimentan sentimientos de desapego y desprecio, así como soluciones de ruptura con España.

«Logros fraccionados»

El uso de las «emociones» para llegar «a la mente» también es una de las estrategias, según Rul. «El sentimiento hacia los símbolos catalanes como la lengua, la bandera, el himno y las instituciones se prodiga y utiliza como superior, antitético y excluyente de los símbolos de España».

Esta estrategia del nacionalismo se ha ido haciendo de forma gradual para mitigar una reacción en contra. Y que se acepten cosas que, años antes, habrían sido inaceptables para la mayoría. «En la década de los ochenta del siglo XX, la lengua castellana y la catalana eran cooficiales con el mismo estatus jurídico y vehicular, pero a partir de la década de los noventa se va consolidando la idea de que el catalán es la ‘lengua propia’ de Cataluña hasta convertirla en ley, lo que convierte el castellano, pese a ser formalmente cooficial, en la «lengua impropia».

Hablar sobre el 1-O en clase

Todo este gradualismo para avanzar en la nacionalización de los estudiantes se aceleró con el 1-O. El libro aporta documentos, fotos, correos electrónicos y comunicados que circularon por muchos institutos catalanes para posicionarse ya fuera a favor del referéndum o en contra de la «violencia policial» en 2017. Y posteriormente, a favor de la liberación de los políticos independentistas encarcelados o de las huelgas estudiantiles pro independentistas.

Un caso palmario que expone es cuando la editorial La Galera «envió un enlace a centros docentes con el diseño de una actividad sobre los incidentes del 1-O para que los alumnos hablaran en clase de los sucesos habidos en Cataluña el domingo 1 de octubre de 2017. En la propia web de la editorial se recoge esta información sobre «cómo hablar en clase de lo que sucedió» y se posicionan en contra de la «violencia policial».

Rul señala que este «proceso gradualista» de «adoctrinamiento» sigue vigente. Si bien ahora el procés independentista no representa una amenaza de primer orden, defiende que el modelo educativo está lejos de garantizar la imparcialidad política y la neutralidad ideológica. España, afirma en su obra, se sigue tratando como una realidad distante y abstracta -en el mejor de los casos- o directamente como un «problema» para los intereses de Cataluña.

(Reportaje publicado el 1.05.2025 en The Objective por Laura Fábregas) https://theobjective.com/sociedad/educacion/2025-05-01/inspector-jubilado-adoctrinamiento-escolar-cataluna/

El sistema de responsabilidad en las sociedades regidas por el Derecho se funda en principios objetivos y subjetivos sobre cómo actuar en determinadas situaciones para prevenir y evitar daños en vidas y haciendas y, en su caso, repararlas.

En consecuencia, en la Dana-2024 importa evaluar el hecho dañoso (la tragedia habida), los responsables inmediatos, estatales y autonómicos, competentes en la prevención y gestión de la trágica inundación y los responsables anteriores por eludir ejecutar planes preventivos objetivados en informes técnicos.

Veámoslo con detalle:

1. Hecho trágico de la inundación. De la magnitud de la calamidad pública por inundación, acaecida el 29 de octubre de 2024, principalmente en la cuenca del bajo Turia (Valencia), zonas de Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, dan cuenta estos datos abrumadores: 235 ciudadanos muertos (227 de la Comunidad Valenciana, 7 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía), destrucción de casas, edificios, coches, carreteras, vías de tren, campos de cultivo, dolor e impotencia de los supervivientes, seguido del socorro insuficiente ante la devastación.

La causa meteorológica fue una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), esto es, un sistema de baja presión en niveles altos de la atmósfera, estacionario y aislado de la circulación general de la atmósfera, alimentada por las altas temperaturas del Mediterráneo. La cantidad de agua caída en la cabecera del Bajo Turia (entre los municipios de Utiel, Requena, Chiva y Turís) fue extraordinaria: en solo 3 horas y 20 minutos cayeron 618,01 l/m2, el agua equivalente a un año de lluvias en la zona. La estación meteorológica de Turís registró una precipitación acumulada diaria de 771,81 l/m2 con una precipitación máxima en una hora de 184,6 l/m2 (valor máximo registrado en España).

Su impacto afectó a la presa de Forata por peligro de rotura que ocupó la atención de las autoridades y al caudal oscilante del barranco del Poyo, que pudo hacer dudar a los responsables, pero fue el causante material de la trágica inundación. Este barranco es una rambla de unos 40 Km desde las montañas de Chiva hasta la desembocadura en la Albufera que atraviesa una zona inundable y densamente poblada. A lo largo de día, la evolución del caudal osciló desde los 264 m3/s con los que comenzó la mañana, descendió a 55,86 m3/s a las 14:35 horas, siguió bajando a los 28,70 m3/s a las 15:30 horas, pero a partir de las 17:25 horas hubo un aumento brusco del caudal con una subida exponencial que alcanzó los 2.282 m3/s a las 18:40 horas, cinco veces más que el caudal del río Ebro (la capacidad del barranco del Poyo es de unos 100 a 120 m3/s). La Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ) tardó más de dos horas en avisar del riesgo de desbordamiento hasta las 18:49 horas y lo hizo por correo electrónico al 112. La Generalidad Valenciana dilató el envío de la alerta al móvil hasta las 20:11 horas.

2. Responsabilidades inmediatas. Integra el sistema de competencias entre poderes públicos (Estado y Autonomías) y responsabilidades específicas de autoridades y funcionarios.

La AEMET indicó nivel rojo de riesgo extremo a las 7:31 horas y la Generalidad valenciana lo decretó a las 7:45, pero lo comunicó a los móviles a las 20:11 horas. Hay responsabilidad política de los responsables de la Generalidad Valenciana y, en su caso, judicial. Los tribunales habrán de determinar las responsabilidades penales de autoridades y funcionarios en la prevención de daños personales por la trágica inundación. Cuentan tres factores incidentes: la situación del barranco del Poyo, cuyas obras de seguridad para derivar parte el caudal no se han ejecutado durante décadas, las responsabilidades de prevención, control y gestión diligente de las autoridades no limitada a Valencia pues también afectó a otras autonomías y la inevitabilidad de la inundación por la cantidad extraordinaria de lluvia que puede abonar el criterio de “fuerza mayor” por acontecimientos imprevisibles (caudal con tendencia a la baja y brusca subida después) o inevitables, cuyo efecto jurídico puede exonerar a las administraciones de responsabilidad, pues altera radicalmente la prestación de los servicios públicos.

Por vía judicial se han presentado diversas querellas y denuncias, como la presentada al TSJCV contra el Sr. Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana, inadmitida en diciembre de 2024. Otras en el Tribunal Supremo contra la inacción del Gobierno central, Sres. Sánchez, presidente del Gobierno, Grande-Marlaska, ministro del Interior, Sras. Robles, ministra de Defensa y Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, por su condición de aforados. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, núm. 3 de Catarroja está investigando la responsabilidad penal de la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalidad Valenciana, Sra. Pradas, y del exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Sr. Argüeso. El foco de esta línea de investigación está puesto en la gestión autonómica (lo que hicieron o dejaron de hacer) de estos dos responsables de la administración valenciana para objetivar su posible negligencia criminal en la gestión de la emergencia.

En el Estado autonómico el tema central es determinar si la responsabilidad es solo de la autonomía, en este caso valenciana, del gobierno nacional o de ambos. La legislación sobre la materia, estatal y autonómica, da lugar a interpretaciones como está sucediendo entre las competencias autonómicas y las estatales. Así, el Estatuto Valenciano atribuye competencia exclusiva sobre la protección civil y la seguridad pública, pero sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución Española y en las leyes estatales. La magnitud trágica de la inundación apuntala la responsabilidad estatal como se explica a continuación, pues sobrepasa el ámbito autonómico y compromete las competencias de respuesta a catástrofes graves de la Administración del Estado, del presidente del Gobierno, Consejo de ministros o ministro del Interior, en función de dos referentes legales que atribuyen competencias irrenunciables:

A. Declaración de zona afectada gravemente por una emergencia nacional, en aplicación de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil:

- Son “emergencias nacionales” (EN) las que requieren coordinación de Administraciones diversas, por afectar a diversas autonomías o exijan recursos supraautonómicos (art. 28).

- El ministro del Interior debe declarar la EN a iniciativa propia o a instancia de las autonomías. Actuar con rapidez y eficacia (arts. 29 y 34).

- El ministro del Interior es el competente para dirigir la EN: ordenar y coordinar todos los recursos estatales, autonómicos y locales (art. 30), el mando de la UME (art. 37) además de la propia sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

B. Aplicación de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, cuyo artículo 12 señala los órganos competentes en materia de Seguridad Nacional: el Gobierno, el presidente del Gobierno y los ministros, no los órganos autonómicos, que sólo tienen un papel colaborativo dentro de sus competencias. Es al presidente del Gobierno a quien le corresponde declarar la “Situación de Interés para la Seguridad Nacional”, que le permite adoptar cuantas medidas protejan las libertades, derechos y bienes de los españoles (art. 15).

El hecho incuestionable es la inhibición del Gobierno y del ministro del Interior al no subir la situación operativa al nivel 3 y declarar la “emergencia nacional”. El comité de crisis, reunido el día de la inundación, presidido por la vicepresidenta Montero, Sánchez estaba de viaje a la India, con Grande-Marlaska, Bolaños, Robles y, telemáticamente, Ribera y Bernabé entre otros, decidió por iniciativa propia o decidida por Sánchez no asumir la responsabilidad de la emergencia nacional, ni tampoco declarar la “situación de interés para la Seguridad Nacional”, agravado por una declaración de Sánchez el día 2 de noviembre que marcará su ejecutoria pública: “si necesita más recursos (la Generalidad), que los pida” dejando al gobierno autonómico solo en la dirección y coordinación de una catástrofe que le superaba, reducida a protección civil con arreglo a la Ley valenciana 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias. Faltó la dirección unitaria y la actuación coordinada inmediata: las 48 horas siguientes fueron caóticas, con asaltos y robos y casi medio año después no se ha logrado la normalidad. Hay responsabilidad política del Gobierno, de Sánchez y Grande-Marlaska, por dejación de funciones y obligaciones competenciales irrenunciables; las judiciales, las determinará el Tribunal Supremo.

El tamaño de la calamidad pública habida excede y no puede subsumirse en una gestión ordinaria de emergencias de la autonomía teniendo en cuenta los recursos de que dispone. La progresiva implicación de unidades del ejército, policía, guardia civil evidencian la realidad de una emergencia nacional por la aportación de recursos estatales, además de los autonómicos, municipales (bomberos, protección civil, etc.) y ciudadanos (una avalancha de voluntarios se puso a limpiar y asistir a los damnificados ante la impotencia autonómica y la parsimonia irresponsable del Gobierno). El Estado adoptó medidas a posteriori: declaró luto oficial (RD 117/2024, 30.10), respuesta a los daños (RDL 6/2024, de 5.11 y RDL 7/2024, de 11.11). Eludir la responsabilidad de dirección directa del Estado en esta crisis responde a una estrategia política de desgaste de Mazón (manifestaciones, insultos) al amparo de la idea sanchista de Cogobernanza Estado-Autonomías, pero carece de entidad jurídica. El TC la declaró no conforme con el Derecho español según el art. 103.1 de la CE. No existe tal Cogobernanza sino competencias irrenunciables, eficacia, jerarquía, coordinación con sometimiento a la ley y al Derecho.

3. Responsabilidades anteriores o mediatas. El Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables tiene descritas 32 áreas con riesgo potencial de inundación. Uno de ellos es el que ahora se ha inundado, pero ya ha sufrido 68 inundaciones previas. Siempre que llueva fuerte como ahora con más de 500 l/m2 en la cabecera zona (Requena-Utiel) las aguas descenderán rápidas por barrancos e inundarán las zonas bajas próximas al mar.

Tuvimos un Plan Hidrológico Nacional (2001) que no se ejecutó porque Zapatero en 2004 decidió suspenderlo y no se ejecutó ninguna de sus disposiciones que incluía la construcción de la presa de Cheste con capacidad de unos 8 Hm3 para evitar inundaciones en 16 municipios, muchos de ellos ahora afectados por la inundación. Tampoco se ejecutó la restitución y adaptación de los cauces naturales de los barrancos de Torrente, Chiva y Pozalet con dos diques de contención. Tampoco el encauzamiento de los barrancos de Carraixet y Palmaret y la adaptación de los cauces naturales del barranco del Poyo y todas las demás disposiciones. Hay responsabilidad en todo ello que por no ser inmediata no se tiene en cuenta.

Los Planes de la Generalidad Valenciana del gobierno del presidente Puig de 2007 y del 2021 no establecieron medidas efectivas de ordenación para la prevención de riadas de las zonas inundables. Hay responsabilidad en todo ello que por no ser inmediata no se tiene en cuenta.

La ministra Teresa Ribera desautorizó, en 2021, las propuestas de la CHJ (2020) de drenaje y remodelación del cauce del barranco del Poyo, a su paso por los municipios afectados por la DANA, con la construcción de un azud (derivación de parte del caudal en una red de acequias para evitar inundaciones) por ser incompatible con la Ley de la Huerta de Ximo Puig (2018). El presidente Sánchez excluyó de su plan climático con 235.000 ME la presa de Cheste que evitaría inundaciones en Valencia Sur. Todas estas responsabilidades preventivas desatendidas presentan una relación causal mediata con los hechos. La cuenca del Bajo Turia es una bomba de relojería. Ahora ha estallado y lo volverá a hacer si no se ataca la causa: el barranco del Poyo, de Chiva, la seguridad de las presas y el urbanismo. Hay responsabilidad política y, en su caso, judicial del presidente del Gobierno y de la Sra. Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición ecológica.

En los últimos 30 años se han suspendido 9 proyectos para proteger a los ciudadanos de la Huerta Sur de las inundaciones ¿quién asume y responde por los daños evitables ocasionados?

Desde 1789, una palabra mágica que contiene todos los futuros imaginables y nunca está tan cargada de esperanza como en las situaciones desesperadas; es la palabra revolución

Simone Weil

Desde el día que tomó posesión, el 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro ha intentado instalar en la cultura política colombiana una nueva épica revolucionaria. Con el Rey Felipe VI entre los invitados, Petro inició su discurso inaugural ordenándole a los soldados de la Casa Militar que trajeran la espada de Simón Bolívar. Esta es la misma espada que supuestamente –pues corren varios mitos urbanos– el Movimiento 19 de abril (M-19), la organización armada a la que perteneció Petro en su juventud, se robó en 1974 de la Casa Museo del Libertador en Bogotá. El movimiento guerrillero la devolvió en gesto de paz en 1991.

Apelar a la espada de Bolívar sería el primero de varios gestos, símbolos y rituales que han acompañado su presidencia: por ejemplo, banderas del M-19 exhibidas en mítines políticos, además de las imágenes de sombreros, sotanas y otras reliquias de los rebeldes de su santoral personal, en especial de Jaime Bateman y Álvaro Fayad –sus correligionarios en la clandestinidad–, y del cura Camilo Torres, líder carismático del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Episodio aparte merecen sus alambicadas y sobre todo ambiguas declaraciones en X (antes Twitter): a veces, denotan una reivindicación del M-19 que firmó la paz en 1990 y fue protagonista de las reformas sociales que introdujo la Constitución de 1991; otras veces, Petro transmite melancolía por los años en que los fusiles intentaron alumbrar la revolución en América Latina. En otro país esto sería anecdótico, pero no lo es en uno que ha sido pródigo en parir novelistas, ciclistas, cantantes y guerrillas, una de ellas una antigualla que persiste desde 1964.

¿Cómo explicar la nostalgia revolucionaria en quien llegó a la cumbre del poder del Estado que combatió en el pasado con las armas? Huelga decir que Petro ha sido leal con su desmovilización y ha ocupado cargos de responsabilidad institucional durante más de 30 años. Luego, no es un quintacolumnista, y quienes así lo ven sufren de una de las enfermedades políticas de nuestra época, en la que las palabras “fascista” y “comunista” se atribuyen a los adversarios ideológicos con fanática ligereza.

Pero es cierto que en Petro conviven dos almas que libran un combate entre el Ello revolucionario que quisiera ser y el Superyó estadista que debería ser, entre el revolucionario locuaz y el político que debe transar. Por supuesto, también se pueden ensayar otras explicaciones que bascularían entre lo ideológico y lo pragmático. El primer gobernante de izquierda en la historia republicana del país llegó al poder precedido de un descontento acumulado, que estalló en las calles entre 2019 y 2021, y de una amplia expectativa ciudadana por las reformas que implementaría. No obstante, sin mayorías en el Congreso, equipado de un acendrado desprecio por la tecnocracia administrativa y marcado por su incorregible personalismo, muy pronto quedó en evidencia que la improvisación y un trasnochado estatismo modelarían el contenido de sus reformas, lo cual ha resquebrajado seriamente –por incoherente a veces, por ineficiente otras tantas– su narrativa del “Cambio”. Por eso no es casual que sus proclamas a medias reformistas, a medias revolucionarias, pero siempre ambiguas y dirigidas a sus incondicionales, aparecen cuando languidece el respaldo ciudadano. El pasado es también para Petro un salvavidas de ocasión.

La revolución después de la Revolución

Aunque el mito revolucionario nunca ha tenido en la historia de Colombia el peso político y cultural que tuvo, por decir algo, en Chile con Allende o en México con su proyecto nacionalista, Petro invoca ahora una versión actualizada del mismo, que consiste en hacer del país una “potencia mundial de la vida”, cuyos pilares son la economía sin combustibles fósiles, la negociación de paz con los grupos armados, el potenciamiento de la biodiversidad y la visibilización de los excluidos de siempre. El lector paciente puede asomarse a sus discursos en la Asamblea de Naciones Unidas para corroborar el batiburrillo entre la prosa de Eduardo Galeano y la grandilocuencia de Hugo Chávez y de Fidel Castro, marca registrada de la retórica de la vieja izquierda latinoamericana.

No obstante, es innegable que en el programa de gobierno de Petro subyacen intuiciones normativas correctas. Sin embargo, el gobierno de Colombia comparte el presente paradójico de las izquierdas contemporáneas: logran un relativo éxito al situar la sensibilidad progresista en la agenda global (posneoliberalismo, medio ambiente, identidades, igualdad, feminismo, justicia fiscal, reconocimiento), pero enfrentan una enorme dificultad a la hora de concertar e implementar medidas eficaces y sostenibles. La política, lo sabían bien los estadistas pero lo ignoran los gobernantes–influenciadores, no es el reino de las buenas ideas ni de las ocurrencias sino de los proyectos colectivos posibles.

Este realismo o pragmatismo, por llamarlo de algún modo, supone saber elegir los enemigos y qué batallas dar. Sin embargo, en su más reciente escenificación como aspirante a líder revolucionario regional, Petro se ha pertrechado de una espada de papel –el escuálido antiamericanismo que nunca ha echado raíces en una nación que solo en 2023 recibió 389 millones de dólares de ayuda de Estados Unidos– y cual Quijote extraviado se le plantó a Donald Trump, exigiendo un trato digno a los migrantes deportados, un asunto en el que, no cabe duda, le asisten poderosas razones éticas y jurídicas. Pero su desconcertante desdén por el incalculable costo económico que le traería a Colombia una guerra arancelaria con su principal socio comercial puso sobre la mesa, una vez más, su versión más populista y demagógica. Los revolucionarios, lo sabemos bien, suelen hacer cuentas alegres.

El último Buendía

En Colombia, los críticos más intransigentes se refieren a Petro como “guerrillero”, con la misma trivialidad con la que el actual presidente, en sus épocas de congresista, llamaba a sus contradictores “paramilitares” o “mafiosos”. Obviamente ello no solo es desleal con el debate democrático, sino que además contiene una imprecisión histórica: Petro nunca fue un guerrillero del modo como lo fueron Manuel Marulanda Vélez (FARC) o Fabio Vásquez Castaño (ELN), ni ocupó un lugar protagónico en la organización armada, surgida tras el fraude al exdictador Gustavo Rojas Pinilla, candidato por la Alianza Nacional Popular (Anapo), en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970.

“El eme”, como se llama coloquialmente, ha sido la guerrilla más romantizada en la historia colombiana. Por ejemplo, en sus memorias (Una vida, muchas vidas), Petro le atribuye al movimiento un papel precursor en la tolerancia hacia los homosexuales, pues el poeta Luis Vidales era parte de sus cuadros dirigentes. Sin embargo, no dice una palabra de la ejecución del sindicalista José Raquel Mercado que conmocionó al país en 1976. El M-19 se definía como un movimiento nacionalista y popular, dos adjetivos relativamente extraños en la idiosincrasia política colombiana. Pero, en las décadas de los setenta y ochenta, cuando el país vivió 17 años bajo la figura constitucional del estado de sitio y los disidentes o sospechosos de socialismo padecieron la represión y persecución estatales, “el eme” atrajo amplias simpatías en sectores populares e intelectuales. Esta atmósfera cultural y emocional ha sido recreada bellamente por Juan Gabriel Vásquez en su reciente novela Los nombres de Feliza. Ahora bien, no fue la resistencia al autoritarismo lo que le dio al M–19 un lugar en la historia de la democracia nacional, sino su desmovilización en 1990 y su posterior éxito electoral como la tercera fuerza política que redactó la Constitución, mano a mano con los históricos partidos Liberal y Conservador.

Por eso digo que Petro no fue un guerrillero al uso. Y el M–19 tampoco se consideraba una guerrilla, sino un ejército revolucionario y popular que, a imitación de la campaña independentista de Simón Bolívar contra las tropas realistas, luchaba por una “democracia real”. El M–19 ha tenido una imagen más bien ambigua pues llegó a ser percibido como una organización armada romántica y popular, que presumía de tener un pensamiento propio pues despreciaba el estalinismo, el maoísmo y el guevarismo. Y se le recuerda más por sus golpes de efecto –el robo de la espada de Bolívar (1975) y de las 5.000 armas de una guarnición militar (1979), la toma de la Embajada de República Dominicana (1980) y el asalto al Palacio de Justicia (1985)– que por la crueldad con la que secuestró y asesinó a decenas de civiles.

Esta ambigüedad ha acompañado la trayectoria de Gustavo Petro desde sus 18 años. Ello explica la combinación de retórica nacionalista, mesianismo internacionalista y folclore patrio que exhibe en sus peroratas. El M–19 es para Petro su primer amor, aquel que nunca se olvida y que con el paso de los años se idealiza. Este pasado que se resiste a pasar define el talante de este revolucionario melancólico, su tendencia a rodearse de incondicionales, así como su inocultable desdén por administrar y gobernar para dedicarse más bien a predicar día y noche sobre el apocalipsis mundial, los conflictos lejanos y las soluciones utópicas.

Al presidente revolucionario le gusta definirse a sí mismo como el último Coronel Aureliano Buendía, protagonista de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, seguramente por su valentía para emprender batallas cada vez que puede, y siempre y cuando su adversario no sea de izquierda, claro está. Sin embargo, Petro se parece más bien a José Arcadio Buendía, y sus sermones revolucionarios son la versión 2.0 de la terquedad con la que el fundador de Macondo y padre del coronel hablaba interminablemente de sus pócimas.

Imagen de neil macc vía Unsplash.

Hace un par de días, la Vicepresidenta Primera del Gobierno dijo públicamente que una sentencia judicial (la que absolvía a Dani Alves) era una vergüenza y que la presunción de inocencia no podía primar sobre el testimonio de mujeres "jóvenes y valientes".

Las dos afirmaciones suponían un ataque directo a principios democráticos básicos.

La primera en tanto en cuanto como miembro del gobierno (¡Vicepresienta!) debe guardar un respeto exquisito por las decisiones judiciales, ya que las críticas desde el poder ejecutivo a los jueces o a las sentencias son un ataque a la independencia judicial; tal y como ha establecido tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea.

La segunda porque la presunción de inocencia es una elemento esencial del Estado de Derecho que no puede ceder ante nada ni nadie.

Algunos han comentado que María Jesús Montero había obrado por ignorancia. Nunca me lo ha parecido así; lo que viene confirmado por el tweet que ha difundido hoy, tras conocerse ya las reacciones de todas las asociaciones de jueces y fiscales y de muchos juristas que, como no podía ser de otra forma, han dicho alto y claro que las afirmaciones de Montero eran inadmisibles. Un tweet en el que no rectifica, dice que no acepta lecciones del PP (como si hubiera sido solamente el PP quien se hubiera indignado por sus palabras) y mantiene su crítica a la presunción de inocencia como principio al sostener que:

"la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo".

No haré una exégesis de estas últimas palabras; porque lo relevante es que no rectifica las que dijo el día 29 de marzo y que deberían haber supuesto su cese inmediato, sin darle siquiera la oportunidad de dimitir; cosa que, obviamente no ha pasado.

Y no ha pasado porque las palabras de Montero del día 29 no son fruto de la ignorancia; sino que forman parte de una estrategia que lleva desarrollando el PSOE desde hace años y que consiste en el sistemático cuestionamiento a los jueces y al sistema judicial, buscando una deslegitimación de los mismos que permita sentar las bases para adoptar medidas de control sobre los jueces, de los pocos poderes que se resisten al desembarco de los fieles a Sánchez.

La primera parte de la afirmación anterior (búsqueda de la constante deslegitimación de los jueces) está suficientemente contrastada: los ejemplos de descalificaciones desde el Gobierno a los jueces son abundantes. Impulso Ciudadano, asociación con la que colaboro, lo ha denunciado reiteradamente en diversas instancias, incluida la Comisión Europea, y ha recopilado declaraciones de miembros del Gobierno que son completamente inadmisibles desde los parámetros de respeto que exige la garantía de la independencia judicial.

De la segunda parte también hay abundantes indicios. El primero, el intento de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que socialistas/comunes/nacionalistas tuvieran las manos libres para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En esta línea también se inscriben los intentos de modificación del sistema de acceso a la carrera judicial y el intento de aumentar las causas de abstención y recusación de los jueces. De manera indirecta, el intento de reducir el ejercicio de la acción popular, unido al vergonzoso control partidista de la Fiscalía, también contribuyen a limitar las posibilidades de actuación de los tribunales. En esta línea, también se incardina el reciente intento de que el Tribunal Constitucional, ahora controlado por afines a Sánchez, impida el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales ordinarios. Una auténtica aberración que no solamente choca frontalmente con las exigencias del Derecho de la Unión Europea, sino que roza la prevaricación; si se puede aplicar ese tipo penal a los magistrados del Tribunal Constitucional (lo que no está claro, por cierto).

Como decía hoy Cayetana Álvarez de Toledo, el Gobierno está en guerra con el Derecho. El Derecho, en tanto que límite de la voluntad (o el capricho) de quien tiene el poder molesta.

- Molesta que se cuestione la amnistía regalada a quienes hace 7 años intentaron derogar la Constitución.

- Molesta que se haya condenado a los que desviaron dinero público en el caso de los EREs.

- Molesta que se investigue al Fiscal General del Estado por utilizar su cargo con el fin de difundir datos personales de un contribuyente y así perjudicar a la oposición.

- Molesta que se investigue la creación de un cargo sin contenido para dar un sueldo al hermano del Presidente del Gobierno.

- Molesta que se investigue la utilización de la Moncloa para favorecer los negocios de la mujer del Presidente del Gobierno.

- Molesta que se investiguen los tratos de favor a altos cargos del gobierno criminal de Maduro que tienen prohibida su entrada en la UE.

- Molesta que se investiguen los negocios con las mascarillas, en tiempos del COVID, de altos cargos socialistas.

Esto es lo que en realidad molesta, y la sentencia de Alves no creo que, en el fondo, perturbe mucho a quien comparte "mayoría de progreso" con quienes están acusados de haber utilizado dinero público para el pago de compañía sentimental femenina o de haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento en las que las víctimas son mujeres; o con quien ha votado a favor de una ley que ha reducido las penas de no pocas personas condenadas por violación. Lo que sucede es que ha sido vista como una oportunidad para intentar profundizar en el descrédito del único poder que ahora mismo hace frente a la asociación de socialistas y nacionalistas que nos gobiernan.

No, María Jesús Montero no dijo lo que dijo el 29 de marzo por ignorancia. Sabe muy bien lo que hace; y lo que hace es intentar dividir a la sociedad española y levantar un muro que separe a los "suyos" de los "otros"; sin importar que para levantar ese muro tenga que volar la Constitución.

Al revés, volar la Constitución, a estas alturas, ya parece una consecuencia querida por estos que no se paran ni siquiera ante la presunción de inocencia.

Imagen de Sam Xu vía Unsplash.

Artículo originalmente publicado en The Objective el 20 de Marzo de 2025.

En estos tiempos tan revueltos por los que transcurre nuestro día a día en la Unión Europea, con graves asuntos sobre la mesa, como una defensa que no se sabe muy bien cómo estructurarla, un pacto migratorio del cual casi nadie conoce los entresijos, una toma de decisiones complicada en la que las instituciones a veces parece que no estén, nos lanzan por todas partes que todo ello se tiene que hacer en defensa de los valores europeos. El problema mayor, en este contexto, aparece, cuando rascas un poco en los mensajes y te das cuenta de que en la mayor parte de ellos no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de valores europeos.

Tras una larga discusión, cuyo hito más visible se produjo en la Convención sobre el futuro de Europa y la Conferencia Intergubernamental, que dieron lugar al Tratado de Lisboa, el Art. 2 del Tratado de la Unión Europea regula los valores de la Unión. Conozco directamente el asunto porque en aquellos momentos yo estaba integrada en el Grupo de trabajo de la Convención coordinado por Giuliano Amato.

Dispone textualmente, el art. 2 TUE, en el primer párrafo, que los valores de la UE son: «Respeto de la dignidad humana, de la libertad, de la democracia, de la igualad, del Estado de derecho, así como también el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías» como fundamento de la Unión; al mismo tiempo, el segundo párrafo del mismo artículo, afirma que los enumerados en el párrafo primero son valores comunes a los Estados miembros y que están presentes en «una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre las mujeres y los hombres».

Este doble registro, constituido por los valores como fundamento de la Unión Europea y por los que están presentes en la sociedad europea, constituye una estructura básica para el sistema jurídico de la Unión y, como consecuencia, es necesario definir cuál es su naturaleza, qué funciones realizan y qué instrumentos de garantía tienen.

Con respecto a la naturaleza, la precisión de la reglamentación de la UE, con una redacción muy concreta en el art. 2 TUE, no abre un camino similar al «activismo judicial» habido en los Estados Unidos, que permitiera la creación de normas superiores derivadas del propio el Tratado; y no es tampoco adecuado acercarse a lo que la jurisprudencia alemana ha definido como la «tiranía de los valores», es decir, la aplicación indiscriminada de valores, positivizados o no, por parte del intérprete jurisdiccional. La positivación de los valores en el Tratado de la Unión Europea implica, en contraste con estas otras interpretaciones, que se tengan que analizar valores precisos y concretos, incluidos explícitamente en un texto jurídico (el Tratado) que está en la cúspide del ordenamiento de la Unión y que tiene un valor normativo directamente vinculante (hard law).

¿Cuáles son los valores a tener en cuenta? Los que constan en el art. 2 TUE que hemos mencionado. No cualquier otra institución jurídica o cualquier otro «valor» que se nos pueda ocurrir. Los valores europeos, hoy por hoy, están en esa lista y, si no nos gustan y queremos quitar alguno o incluir otros, es necesario reformar el Tratado de la Unión Europea, con todo lo que ello conlleva.

¿Para qué sirven los valores incluidos en el art. 2 TUE? Ello también está regulado en el propio Tratado, de manera muy distinta a la regulación que sobre valores se contiene en varias constituciones de los Estados miembros, donde tienen una función eminentemente interpretativa. Como funciones concretas que el Tratado les otorga podemos señalar que, por una parte, los valores quedan explícitamente reconocidos en el art. 3.1 TUE como finalidades de la Unión; por otra parte, cuando un Estado quiera adherirse a la Unión, debe firmar explícitamente que va a respetar los valores del Artículo 2 y comprometerse a promoverlos en común (Art. 49 TUE), requisitos sin los cuales no es posible ser admitido como Estado miembro. Son, pues, los valores, requisitos de entrada y permanencia en la Unión, so pena de enfrentar las sanciones que pueden derivar de la puesta en riesgo o de su violación.

Además, los valores, como instituciones jurídicas, tienen un contenido concreto, un bien jurídico subyacente, que no puede ser desnaturalizado, lo cual va a implicar que los valores que se contienen en el Tratado de la Unión Europea, proyecten ese contenido en toda interpretación y aplicación que se realice sobre los mismos. No son conceptos jurídicos indeterminados, pues se concretan en numerosas regulaciones, tanto en los Tratados como en el resto del Derecho de la UE; incluso se han elaborado marcos de referencia con indicadores para verificar su efectividad, como es el caso del Estado de derecho, por poner un ejemplo, que tiene marcados los contenidos en sendos documentos de la Comisión Europea. Los valores se tendrán que proyectar, pues, no sólo en la interpretación, sino también en la aplicación o efectividad de las políticas europeas, tanto las interiores como las exteriores. Porque de otro modo, la Unión Europea puede desplegar los instrumentos de control que tiene legalmente establecidos para defender el cumplimiento de los valores.

La UE tiene varios mecanismos para defender los valores. Unos son de naturaleza política, como el «procedimiento de sanción por infracción de valores» del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el «diálogo estructurado» entre la Comisión y el Estado miembro que presuntamente los infringe, el «mecanismo preventivo» que se encarga de evaluar la situación del Estado de derecho (uno de los valores incluidos en el TUE) en los Estados miembros y de proponer medidas adecuadas en caso de violaciones y, recientemente, se ha establecido una vinculación directa entre el respeto del Estado de derecho y la recepción de los fondos europeos, especialmente los derivados del Fondo de Recuperación NextGenerationEU, que se adoptó para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.

Otros instrumentos de defensa de los valores son de naturaleza jurisdiccional, como podría ser la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la interposición de un recurso de incumplimiento contra el Estado concernido por parte de la Comisión Europea, aunque también podría ser presentado por un Estado miembro contra otro Estado miembro.

El procedimiento de sanción del Artículo 7 TUE implica que podrán tomarse medidas contra un Estado miembro si hay un claro riesgo de violación de alguno de los valores de la UE en ese Estado. El procedimiento del artículo 7 es muy complicado, pues en él han de intervenir todas las instituciones de la UE. El Estado puede defenderse porque, evidentemente, en un Estado de derecho cualquier acusación debe poder tener como contrapartida el derecho de defensa de la persona, órgano o institución afectada.

Al tener que intervenir todas las instituciones se ha visto, tras los intentos de aplicación del artículo 7 TUE a Polonia y Hungría, por poner en riesgo el Estado de derecho, que la regulación concreta del artículo contiene un procedimiento poco operativo, difícil y farragoso, en especial porque el Estado acusado tiene voz y voto en el procedimiento. También se pretendió aplicar a Francia por los hechos acaecidos entre 2010 y 2012, donde hubo serios y poco conocidos problemas sobre la expulsión masiva de personas de etnia gitana, nacionales de otros Estados miembros de la UE, lo cual resultaba inaudito y ciertamente xenófobo.

Además de los hechos que ocurrieron en Francia, que, por cierto, fueron condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; tampoco se respetaron en Rumanía varias decisiones de la Corte Constitucional, pidiéndose también la aplicación del artículo 7 TUE. Y en el caso de Hungría y Polonia se intentó aplicarlo cuando el Poder Judicial se vio recientemente sometido a presiones muy fuertes por parte del Ejecutivo. Pero cada vez que se ha comenzado a poner en marcha este mecanismo se ha visto que no funciona con eficacia. El problema mayor consiste en que, en la toma de decisión para aplicarlo interviene el Consejo, en el que están todos los gobiernos de los Estados miembros, incluido el del Estado presuntamente infractor, con lo que enseguida queda bloqueado el procedimiento porque hay que tomar la decisión por unanimidad.

El denominado «diálogo estructurado» lo realizan la Comisión y el Estado miembro presuntamente infractor para intentar salir del embrollo por fases que la propia Comisión determina. Es lo que se está llevando a cabo entre España y la Comisión para la renovación del Consejo General del Poder judicial (fase terminada con la renovación que se realizó a finales de 2024) y para cambiar el modo de designación de los vocales del Consejo para concordarlo con los estándares europeos (fase actual, no terminada todavía).

Existe también el «mecanismo preventivo» o «mecanismo pre-artículo 7», es decir, un instrumento pensado para activarse con el fin de no tener que llegar a aplicar el artículo 7 TUE con el procedimiento de sanción. Se trata de un procedimiento más sencillo, basado en el diálogo y la negociación con el Estado miembro, pero que tampoco está funcionando del todo, y así se ha demostrado en su activación en el caso de Polonia y de Hungría o Rumanía. En este procedimiento pueden intervenir órganos auxiliares, como la Comisión de Venecia, la Agencia de derechos fundamentales, tribunales constitucionales, expertos externos, etc., para poder analizar mejor lo que está sucediendo, y con ello apreciar debidamente si hay un riesgo claro de violación del Estado de Derecho. Los resultados no son espectaculares, pero ha resultado un poco más operativo que el procedimiento de sanción del art. 7 TUE, especialmente en el caso de Polonia donde, el cambio de gobierno tras las últimas elecciones, ha contribuido a generar una paulatina evolución positiva en cuanto a la independencia del Poder Judicial, vinculada al respeto del valor del Estado de derecho, y el progresivo desbloqueo de los fondos retenidos.

Respecto de los mecanismos jurisdiccionales es importante destacar que cualquier juez interno, que también es juez europeo, si en el transcurso de un litigio, aprecia que la norma interna no respeta los estándares de Estado de derecho prescritos por la UE, puede presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La admisión a trámite de esta cuestión implica la suspensión de la aplicación de la norma cuestionada hasta que el Tribunal de Justicia emita la sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Si la sentencia fuera de disconformidad entre el derecho interno y el derecho europeo la primacía de este último implica que no se pueda aplicar la norma interna contraria a las normas de la Unión. Ello se ha activado para determinar si la Ley de Amnistía respeta o no los valores de la UE y estamos a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión. Y la Audiencia de Sevilla se está planteando presentarla en relación con la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el caso de los ERE en Andalucía.

Por último, si en el transcurso de cualquier actuación o si se aprecia incumplimiento de las obligaciones que el que un Estado miembro tiene que asumir por el hecho de su pertenencia a la Unión Europea, entre las cuales está el respeto a los valores y qué implican tanto el respeto de normas procesales como medidas substantivas, la Comisión Europea puede interponer un recurso de incumplimiento o de infracción contra el estado incumplidor ante el Tribunal de Justicia de la Unión. La sentencia normalmente comporta, además de la constatación de la infracción, fuertes sanciones económicas. A Hungría, por ejemplo, les fueron suspendidos varios programas europeos, el Programa Erasmus y el Programa Horizon entre ellos. En el caso de Polonia, además de congelarles los fondos a recibir, se multó a este país a pagar un millón de euros al día hasta que no acometiera cambios que garantizasen el respecto a la independencia del Poder Judicial.

Vemos, pues que la Unión Europea es bastante más que el acceso a fondos, que un mercado común, pues hoy en día ya tiene una componente política importante y sus estructuras federativas permiten la definición de políticas y una toma de decisión fundamentadas en valores concretos, enumerados en el Tratado de la Unión Europea y que tienen instrumentos de protección o garantía. Así que no se puede hablar de cualquier manera sobre los valores de la UE. No los podemos inventar ni tergiversar. Hay que atenerse a lo que, como instituciones jurídicas que son, se regula en el Tratado y se despliega en los mecanismos de salvaguarda que he señalado.

Foto de Gus Tav vía Unsplash.

Nec minor est virtus, quam quaerere, parta tueri: Casus inest illic; hoc erit artis opus ⁽¹⁾
(Ovidio).

Para José Javier Olivas Osuna, que en su defensa de la democracia en España perpetúa a Montesquieu al continuarlo por otras vías.

[“¡Montesquieu ha muerto!”, sentenció, olvidando a Salustio, el ahora compungido Alfonso Guerra siendo vicepresidente del Gobierno, contribuyendo así a realizar la profecía. Hoy, cuando, sin requerir auxilio de terceros totalitarios, las democracias extraen de su costilla putrefacta la gangrena que expedirá un día al parecer no tan lejano su certificado de defunción, conviene volver a las ideas del profeta a fin de medir el calado de la antedicha sentencia y, frente a sus premonitorias palabras, asumir que los ciudadanos debemos optar entre vegetar en nuestras jaulas más o menos doradas o arriesgarnos al desafío de preservar la libertad como forma de defender nuestra dignidad y nuestro futuro. Porque no hay consuelo en comprobar que la tumba es lo suficientemente amplia como para acoger en ella también a los sepultureros.

He traído aquí un resumen del itinerario de Montesquieu por la política, en el que mi labor ha sido sólo seleccionar (y traducir) dentro de una selección ya establecida por el profesor de la Universidad de Bolonia Domenico Felice, maestro en Montesquieu y tantos más, desde el propio Salustio a Voltaire, a quien deseo rendir aquí homenaje a su extraordinaria labor de profesor y ciudadano; homenaje que extiendo al por tanto tiempo colaborador suyo, el infatigable Piero Venturelli, a quien el destino pugnó por rendir justicia a sus méritos sin conseguirlo. Ojalá el resumen mínimo que sigue del legado del Barón de la Brède sepa advertir contra la jactancia de los agoreros que se ufanan de cantar su entierro, ficticiamente ajenos al hecho de que la muerte anunciada por el grave repique de las campanas es la de la democracia].

*

Quienes nutren proyectos ambiciosos se las arreglan para crear una suerte de anarquía en el Estado. En su época, Pompeyo, Craso y César admiraron con sus logros: establecieron la impunidad para todos los delitos públicos; abolieron cuanto podía detener la corrupción de las costumbres, que una buena administración podía poner en práctica; y tal cual los buenos legisladores aspiran a hacer mejores a sus conciudadanos, aquéllos se las ingeniaron para volverlos peores, introduciendo el hábito de corromper al pueblo con dinero; cuando se les acusaba de manipuladores, corrompían incluso a los jueces, cometiendo fraudes electores mediante violencias de todo tipo; y cuando se les defería a la justicia amenazaban a los propios jueces ⁽²⁾.

Ningún poder ilimitado puede ser legítimo, porque no puede haber tenido un origen legítimo.

*

Es una experiencia eterna que todo hombre que detente el poder propenda a su abuso hasta que encuentre límites. ¡Quién lo diría: la propia virtud necesita límites!

A fin de evitar el abuso del poder es menester que el poder frene el poder.

Las leyes deben mortificar, ahora y siempre, el orgullo del dominio.

Finalmente, la República romana antigua fue aplastada; no cabe acusar de ello a la ambición de determinados particulares, sino que menester es acusar al hombre, tanto más ávido de poder cuanto más tiene, y que lo desea todo porque ya posee mucho.

*

El espíritu del legislador debe estar marcado para la moderación. El bien político, como el bien moral, se halla siempre entre los dos extremos.

*

Aparentemente, la naturaleza humana debería rebelarse sin tregua contra el gobierno despótico. Empero, a pesar del amor de los hombres por la libertad, a pesar de su odio contra la violencia, la mayor parte de los pueblos se le somete.

*

La naturaleza del Estado despótico es la de concentrar en una sola persona todos los poderes fundamentales del Estado.

Así como el miedo es el resorte del gobierno despótico, su fin es la tranquilidad. Que no es propiamente paz, sino ese silencio de las ciudades que precede a su ocupación por el enemigo.

En los Estados despóticos la religión influye más que en otras partes: es un miedo que se añade a otro miedo.

El miedo abate todo valor y extingue todo sentimiento de ambición.

Los déspotas se burlan de la naturaleza humana. El poder ilimitado se burla de todo.

El despotismo es tan terrible que se revuelve contra quienes lo ejercen.

Nadie es tirano sin ser simultáneamente un esclavo.

La dureza del despotismo puede incluso destruir los sentimientos naturales mediante los sentimientos naturales mismos. Eso acaece cuando se llega al punto de inducir a las mujeres a abortar para no traer al mundo hijos destinados a vivir bajo gobierno semejante.

*

Un gobierno absoluto ejerce su poder incluso sobre las mentes de sus súbditos: los induce a pensar como él quiere.

Existen dos especies de tiranía, una real, que consiste en la violencia del gobierno; otra de opinión, que se advierte cuando los gobernantes adoptan decisiones que violan el modo de pensar de una nación.

No hay tiranía más cruel que la ejercida a la sombra de las leyes y con los colores de la justicia; cuando, por decir así, un desventurado se ahoga en la misma tabla en la que se había salvado.

La tiranía es siempre lenta y débil en sus comienzos, en tanto en su vértice es rauda e incisiva; al principio no muestra más que una mano que socorre, para oprimir más tarde con una infinidad de brazos.

Augusto (he ahí el nombre dado por la adulación a Octavio) restableció el orden, esto es, una servidumbre duradera; en un Estado libre, en efecto, en el que se acaba de usurpar la soberanía, orden se denomina a cuanto puede fundar la ilimitada autoridad de uno solo. Se llama, en cambio, desorden, disenso, mal gobierno, cuanto se halla en grado de mantener la honesta libertad de los ciudadanos.

*

Cuando alguien desea transformar su poder en un poder absoluto, en lo primero que siempre piensa es en simplificar las leyes.

Un hombre que aspira a la soberanía busca, más que lo útil al Estado, lo que favorece su causa.

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La política es una lima sorda que va royendo y que llega sin ruido a su fin.

Un gobierno libre se halla en fermentación permanente, y es incapaz de preservarse cuando no se corrige por medio de sus leyes.

El gobierno republicano de la antigua Roma fue admirable porque, desde su nacimiento, su constitución era tal –merced al espíritu del pueblo, la fuerza del senado y la autoridad de ciertos magistrados– que pudo enmendarse cualquier abuso de poder.

Por lo general, los autores atribuyen a las escisiones internas la causa de la ruina de la Roma antigua; se les escapa que dichas escisiones eran en cambio necesarias, que habían existido siempre y por siempre deberían mantenerse. Fue la grandeza de la república la sola causa que produjo el mal y mutó los tumultos populares en guerras civiles (…). Vale como regla universal que cuando la tranquilidad reine por doquier en un Estado que se arrogue el nombre de república, se puede estar seguros de que la libertad no existe ⁽³⁾.

*

La ley, en general, es la razón humana en cuanto gobierna a todos los pueblos de la Tierra; y las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser sino los casos particulares a los que dicha razón humana se aplica.

Las leyes pueden convertir a los hombres en bestias y a las bestias en hombres.

Al igual que las leyes inútiles debilitan las leyes necesarias, las que pueden ser violadas debilitan la legislación.

Menester es obrar de modo que las leyes no se conciban yendo contra la naturaleza de las cosas.

En una república que hace cumplir las leyes se percibe que el Gobierno mismo se halla sometido a ellas y soporta su peso.

Cuando en un Estado popular dejan de cumplirse las leyes, al ser la corrupción de la república la sola causa, el Estado está perdido.

Existen dos clases de corrupción: uno, cuando el pueblo no observa las leyes; el otro, cuando está corrompido por las leyes: mal incurable, porque tiene sus raíces en el propio remedio.

*

Puesto que en democracia el pueblo parece hacer lo que quiere, se ha puesto la libertad en este tipo de gobierno; pero así se ha confundido el poder del pueblo con la libertad del pueblo.

La libertad filosófica consiste en el ejercicio de la propia voluntad, o al menos… en la convicción que se tiene de ejercer la propia voluntad. La libertad política consiste en la seguridad, o al menos en la convicción que se tiene de la propia seguridad. Para que esa libertad exista es menester organizar el gobierno de modo que se impida a un ciudadano temer a otro ciudadano.

Cuando el poder legislativo se halla unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura no hay libertad; y es que existe el temor de que el mismo monarca o el mismo senado hagan leyes tiránicas que ejerzan tiránicamente.

No hay libertad si el poder judicial no está separado el poder legislativo y del ejecutivo. De estar unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, puesto que el juez sería al mismo tiempo legislador. Si unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.

La obra maestra de la legislación consiste en saber situar bien el poder judicial.

La libertad de un ciudadano es parte de la libertad pública. En el Estado democrático, tal cualidad es, cierto, parte de la soberanía.

La libertad consiste principalmente en no estar constreñidos a cumplir una acción que la ley no ordena, condición ésa en la que se está sólo al estar gobernados por leyes civiles: somos, pues, libres porque vivimos bajo leyes civiles.

*

La fuente más venenosa del Imperio Bizantino fue el no haber sabido comprender la naturaleza y los límites del poder eclesiástico y del secular, lo que lleva a una y otra partes a caer en continuos errores.

Distinción semejante, la base en que se apoya la tranquilidad de los pueblos, se funda no sólo en la religión, sino asimismo en la razón y en la naturaleza, las cuales exigen que cosas realmente separadas, y que no pueden subsistir sino separadas, nunca sean confundidas.

*

Cuanto el cielo dista de la Tierra, tanto el verdadero espíritu de igualdad lo está del de igualdad extrema. El primero para nada consiste en hacer de modo que todos manden y que a ninguno se mande, sino en obedecer y mandar a los iguales. Dicha igualdad en absoluto propende a abolir a los jefes, sino a tener por jefes sólo a los iguales.

Los hombres son todos iguales tanto en el gobierno republicano como en el despótico: en aquél, por ser todo; en éste, por no ser nada.

En una república, la virtud es el amor a la patria, esto es, el amor a la igualdad. No se trata de una virtud moral ni cristiana, sino política, y es el resorte que mueve el gobierno republicano.

En una democracia [directa], el amor a la república no es más que amor a la democracia, y éste, amor a la igualdad, que es a su vez amor a la frugalidad.

En los gobiernos despóticos, en los que uno se siente impelido a actuar en aras de las comodidades de la vida, el déspota sólo puede dar dinero como recompensa. Pero en las repúblicas, donde reina la virtud, móvil autosuficiente que excluye a los demás, el Estado premia sólo con el reconocimiento de la misma.

*

Las formalidades de la justicia son necesarias a la libertad.

En el gobierno republicano está en la propia naturaleza de la constitución que los jueces sigan la letra de la ley. No es lícito interpretar una ley como lesiva para ningún ciudadano en lo relativo a sus bienes, su vida o su honor.

Los jueces son sólo la boca que pronuncia las palabras de la ley: seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su severidad.

Cuando el juez presupone, las sentencias devienen arbitrarias; cuando, por el contrario, lo hace la ley, da al juez una regla fija.

La severidad de las penas se aviene mejor al gobierno despótico, cuyo principio es el terror, que a la monarquía o la república, cuyos resortes [respectivos] son el honor y la virtud.

*

De dos partidos, el de quienes no siguen la corriente suele ser el mejor.

Hay algo que debería hacer temblar a todos los ministros en la mayor parte de los Estados europeos: la facilidad para sustituirlos.

Los ministros obran siempre contra la libertad: odian las leyes porque obstaculizan todas sus pasiones.

*

Antes que ver tantas instituciones destinadas a mantenerlos, preferiría de lejos que en un Estado no hubiera pobres.

*

Un príncipe privado de moral es siempre un monstruo.

La esclavitud comienza siempre en el sueño.

⁽¹⁾ “No hay menor virtud en conservar las cosas que en componerlas; aquí cabe el azar, aquello es obra del arte” (Ovidio, Arte de amar, L. II. [Nota mía]).

⁽²⁾ “Los Estados arruinados, con toda la situación ya en bancarrota, suelen tener estos epílogo desastrosos: los condenados son rehabilitados en todos sus derechos, los prisioneros son soltados, se hace volver a los exiliados, se invalidan los hechos juzgados. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que aquel Estado se derrumba; cuando esto acontece, nadie hay que piense que queda alguna esperanza de salvación” (Cicerón, Verrinas, 2ª sesión, Discurso V [Nota mía]).

⁽³⁾ “Afirmo que quienes maldicen los tumultos entre los nobles y la plebe no hacen sino reprobar aquello que fue causa primera del mantenimiento de la libertad en Roma y dan más valor a los rumores y gritos nacidos de ellos que a los buenos efectos que generaban” (Maquiavelo, Discorsi sulla prima deca di Tito Livio, livro I, cap. 4. [Nota mía]).

Imagen: retrato de Charles de Montesquieu por Jacques-Antoine Dassier (fragmento).

El alineamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, con la política expansionista rusa desplegada por Putin ha colocado a Europa en una situación crítica. Ante el fundado temor de que Rusia podría en un futuro no muy lejano atacar otros Estados europeos (los Bálticos, Finlandia o Moldavia), la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha advertido de que nos esperan “decisiones difíciles” y presentado un plan de rearme de 800.000 millones. La crisis de seguridad que atraviesa el continente y la ineludible necesidad de desarrollar una política de rearme que sirva de disuasión frente al imperialismo ruso es uno de los principales problemas que deben afrontar España y el resto de países europeos. En la medida en que vivimos en democracias parlamentarias, la sede en la que procede debatir y acordar las políticas de defensa es el Parlamento.

El presidente Sánchez de la misma forma –y cabe intuir que por las mismas razones- que su homóloga italiana se ha desmarcado del discurso de von der Leyen y ha rechazado la utilización del término “rearme”. Sánchez preside un Gobierno de coalición que está integrado por partidos contrarios a la Alianza Atlántica y que rechazan la adopción de medidas de rearme frente al expansionismo ruso. A Meloni le ocurre lo mismo en su país. Si en nuestro caso el Gobierno se sostiene gracias al apoyo de comunistas, separatistas y otras fuerzas de la extrema izquierda, en el caso italiano es la ultraderecha la que garantiza la estabilidad del Gobierno. Y tanto la ultraderecha como la ultraizquierda defienden posiciones que objetivamente solo benefician a la Rusia de Putin.

Sea de ello lo que fuere, es en el Parlamento donde procede exponer a la opinión pública las diferentes posturas en torno al plan de “Rearme” (porque rearme es incrementar la producción y compra de misiles, munición, drones y sistemas de defensa aérea). La lógica de la democracia parlamentaria atribuye al Parlamento la función de control de la política de defensa que corresponde al gobierno y corresponde igualmente al Parlamento la aprobación de los presupuestos generales, que es el instrumento jurídico-político constitucionalmente previsto para recoger la inversión en defensa exigida por el mencionado plan de rearme.

El Gobierno en el marco de una actitud de permanente desprecio al Parlamento y a la lógica de la democracia, se niega a debatir el plan de rearme en el Parlamento. No quiere reconocer que, de la misma forma que en Alemania en particular y en la Unión Europea en general, la política de defensa se basa en un amplio acuerdo entre el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas. Lo que explica que el 12 de marzo en el Parlamento europeo los diputados españoles del PP, PSOE y PNV, votaron juntos una resolución a favor del plan de Rearme. Votaron también juntos, pero en contra del plan: VOX, Bildu, Sumar y ERC. Sánchez quiere evitar a toda costa reproducir en el Parlamento español ese resultado que pondría en evidencia la existencia de proyectos políticos radicalmente incompatibles entre lo que el PSOE defiende en Europa y lo que sostienen sus aliados parlamentarios.

En este contexto conviene recordar el papel que en materia de defensa corresponde al Parlamento en un sistema democrático y que lo diferencia de regímenes autocráticos donde el gobierno dirige la política de defensa al margen del Parlamento.

La Constitución delimita con claridad las competencias que sobre la materia ‘defensa nacional’ corresponden respectivamente al Ejecutivo y a las Cortes. El artículo 97 atribuye expresamente al Gobierno de la nación las funciones de “dirección de la administración militar y de la defensa del Estado”. Ahora bien, esa dirección se ejerce bajo control parlamentario y no puede desarrollarse en contra o al margen del legislativo. De hecho, las Cortes son titulares de dos competencias fundamentales en materia de defensa.

La primera es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en los que deben incluirse las partidas correspondientes a inversión y gasto en defensa (artículo 66). La Ley orgánica de Defensa Nacional, aprobada en 2005, en su artículo 4.1.b establece que corresponde a las Cortes “aprobar los créditos presupuestarios” correspondientes. La segunda es la prevista con redacción desafortunada en el artículo 63.3: corresponde también al Parlamento la “autorización de la declaración de guerra”. En la medida en que las declaraciones formales de guerra están como tales prohibidas por el Derecho Internacional, el sentido del precepto es exigir el aval parlamentario al envío de tropas al exterior en el contexto de un conflicto armado. La Ley orgánica de Defensa Nacional explícitamente dispone que “al Congreso de los Diputados corresponde autorizar, con carácter previo, la participación de las fuerzas armadas en misiones fuera del territorio nacional” (artículo 4.2).

Finalmente, la citada norma subraya también que “corresponde a las Cortes debatir las líneas generales de la política de defensa”. Se trata de un marco normativo similar al existente en otras democracias parlamentarias. Sin embargo, lamentablemente, en nuestro país el legislativo está completamente ausente del gran debate sobre el futuro de nuestra seguridad colectiva. El Gobierno pretende prescindir del Parlamento e impedirle ejercer sus competencias en la materia.

En primer lugar, el Gobierno, en actitud de flagrante desprecio al Parlamento, ha incumplido con su obligación constitucional de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y pretende incrementar la inversión en defensa sin deliberación en las cámaras y sin necesidad de aprobar unas nuevas Cuentas. La razón es políticamente comprensible: el Gobierno carece de apoyos para llevarlas adelante.

En segundo lugar, a pesar de la gravedad de la situación actual, el presidente no ha comparecido ante el Congreso para explicar la posición y los planes del Gobierno, y se ha privado al Parlamento de la posibilidad de debatir esas iniciativas. La razón es también políticamente comprensible: el necesario rearme que permita operar como disuasión de nuevas agresiones rusas sería rechazado por el otro partido de la coalición de gobierno y por sus socios.

Este desprecio al Parlamento, incompatible con nuestro modelo constitucional, explica que, en lugar de comparecer en el Congreso para explicar los planes del Gobierno, el presidente Sánchez haya mantenido en La Moncloa una serie de entrevistas con los representantes de las distintas fuerzas políticas, como si España tuviera un sistema político presidencialista. Así ha recibido a políticos de partidos minoritarios claramente contrarios a los planes de rearme europeos, y afines a las posiciones rusas. Y ha excluido a Vox -tercera fuerza política de la Cámara- y que no es más putinista que los anteriores. Este arbitrario y antidemocrático proceder ha permitido también a Sánchez diluir el peso del PP como partido con mayor representación parlamentaria.

En este contexto, el presidente Sánchez, que no ha informado a ninguno de sus interlocutores de planes concretos de actuación, ha anunciado su intención de incrementar las inversiones en defensa de modo unilateral, sin contar ni con el otro partido que integra la coalición de Gobierno ni tampoco con el Parlamento. No resulta exagerado afirmar que se trata de un comportamiento más propio de sistemas autocráticos que de una democracia parlamentaria.

Foto de Andrea De Santis en Unsplash.

En la España actual, constituida en Estado de Derecho (art. 1.1 CE), el líder del PSOE ha sido investido presidente de España con los votos de Junts y ERC al precio de amnistiar ¾contra el orden constituido¾ a sus líderes por delitos graves con premeditación, violencia y atentados, contra la Nación de españoles y la Constitución. La amnistía en sí, al margen de su concreción en el pacto de intereses mutuos, significa que políticos catalanes protagonistas del golpe contra España en 2017 no son responsables de estos actos. La amnistía les hace “ciudadanos libres de la ley” en flagrante contradicción con el Estado de Derecho, piedra angular del sistema constitucional.

Aprobar cualquier amnistía política dentro del vigente orden constitucional lo fractura de forma irreversible, aunque pueda ser declarado conforme a la Constitución por un tribunal constitucional político en el fondo y en las formas. Crea un precedente: abre la puerta a seguir siendo libres-de-la-ley a futuro que hace trizas el principio fundamental de igualdad. La amnistía vulnera de forma nuclear el Estado de Derecho porque afirma que para unos determinados ciudadanos privilegiados la ley no rige; son inmunes y logran lo que quieren. La impunidad y la arbitrariedad quedan así insertados en el orden instituido. Bomba de relojería contra la seguridad jurídica que va dinamitando la convivencia como estamos viendo.

Desde el gobierno y sus terminales mediáticas se ha vendido falazmente la amnistía en pro de la convivencia. Por el contrario, sabemos que la vida democrática y la paz social guardan relación con el estricto cumplimiento de las leyes, especialmente por autoridades y cargos públicos. No hay nada más destructivo para la convivencia civilizada que el trato de favor entre políticos que anula la responsabilidad inherente a sus cargos de cumplir y hacer cumplir las leyes. Cuando esto ocurre, cuando se legaliza que algunos ciudadanos pueden actuar al margen de las leyes estamos en un orden ajeno a la democracia constitucional. ¿A qué orden apunta? A la prevalencia de la voluntad de poder de unos sobre el Derecho de todos. Esto es propio de los regímenes del Antiguo Régimen de privilegios. Fue formulado por el clérigo y filósofo Bossuet en el siglo XVII para defender el origen divino del poder y así justificar el absolutismo de Luís XIV, “civis absoluti legibus”, (ciudadano libre de la ley). Aquí y ahora, en nuestro orden constitucional se pretende validar este privilegio apelando al origen popular del poder de las élites secesionistas catalanas frente y contra la soberanía de la Nación de españoles. La amnistía de Sánchez y su mayoría parlamentaria de perdedores les instituye como ciudadanos por encima de la ley española:” cives absoluti legibus”. Comportaría el reconocimiento fáctico de soberanía diferenciada, cuyas élites actuaron legítimamente en 2017 frente a un Estado opresor.

Por el contrario, hay que reiterarlo, las conductas de los secesionistas catalanes durante el golpe de 2017, consideradas desde la lógica del orden constitucional, fundado en la Nación unitaria de españoles, sólo conduce a una conclusión: graves delitos de insurrección y malversación por los que fueron condenados en sentencia firme. Después Sánchez les indultó con dudas de legalidad, pero dentro del orden constitucional y, a continuación, hizo aprobar por el Congreso de Diputados una ley de amnistía inconstitucional, negociada con los delincuentes, pues el techo de gracia del orden constituido es el indulto personalizado (perdón de la pena) pero no el “perdón del delito”. Esto es la amnistía que rehabilita en sus derechos al delincuente como si no hubiera delinquido: les convierte en “ciudadanos libres de la ley constitucional” en una regresión al absolutismo. El hecho es que la amnistía se está aplicando a delincuentes en diversos supuestos, pero el TC todavía no se ha pronunciado sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados. Tiene un escollo que limita el control sanchista del TC: la primacía del derecho de la UE sobre cualquier ordenamiento nacional, reiterado en diversas sentencias del TJUE con dos frentes:

a. El ordenamiento jurídico de la UE es jurídicamente vinculante para los Estados miembros, incluidos los Tribunales constitucionales (TJUE, 6.06.2023). En consecuencia, la legislación de la UE en materia de malversación de caudales públicos, con condena firme por el Tribunal Supremo español, vulnera también el derecho de la UE por lo que la ley de amnistía no rige para perdonar esos delitos.

b. El derecho de los jueces españoles para activar la cuestión prejudicial ante el TJUE.

Los jueces nacionales, ante un escenario de duda, conflicto o colisión entre el derecho

interno y el de la UE tienen el derecho de activar el mecanismo de la cuestión prejudicial,

especialmente en el caso de discrepancias, e incluso tienen la obligación de desobedecer a su TC (TJCE, asunto Costa vs. Enel, 15.07.1964), posición doctrinal consolidada por la sentencia del TJUE, asunto Curtea Apel Braçov contra MG, 11.11.2024 que obliga a las jurisdicciones nacionales para abstenerse de aplicar una resolución del TC si es contraria al Derecho de la Unión. Este derecho de los jueces puede activarse antes o después del pronunciamiento del TC nacional sin que por ello se les pueda aplicar medida disciplinaria o sanción alguna.

Resulta que el derecho de la UE se alza como última garantía de los derechos de los españoles en contra de los delitos de malversación de los delincuentes secesionistas amparados por los turbios manejos de Sánchez y sus socios. Como mencionaba al principio, “los hombres son responsables de sus actos delictivos”. Pero ¿prevalecerá el TC sanchista de Conde-Pumpido para exonerarles de su responsabilidad? Atentos.