En estos años hemos visto cumplirse el peor sueño de la razón: el abuso de poder, la degradación del Estado nacional en aras del progresismo, la corrupción sistemática, la mentira disfrazada de ideología supremacista jaleada por activistas a sueldo para tener controlado el gallinero clientelar. Los disidentes, esto es, la mayoría de los españoles, fachas a batir de ultraderecha. La izquierda y secesionistas otra vez en guerra contra España como en la cainita II República con pretensión de totalidad: los demás sobran, sometidos a la exclusión con virulencia: “muros”, “cordones sanitarios”...Entonces el sectarismo totalitario llevó a la guerra civil. ¡Qué pronto olvidamos el mal evitable!

A la mitad de la legislatura los golosos socios de Sánchez le han perdido el respeto. Saben que el naufragio se acerca y exigen lo indecible. Prueba de ello es que no se ponen de acuerdo para aprobar leyes. La Moncloa y su terminal del Congreso de Diputados son la cueva de Ali Baba, presididos por dos sectarios de libro. Todos viven del erario sin producir nada útil para el bien común a medio y largo plazo. Es clamoroso el abandono de lo fundamental que atañe a todos. Cito algunos: seguridad de fronteras contra la inmigración descontrolada, ampliación del potencial de la red eléctrica y ferroviaria, conservación de carreteras, obras de infraestructura para prevenir inundaciones, prevención durante otoño e invierno de incendios de 6ª generación que vendrán en verano, competitividad y competencia económicas, amenazadas por el intervencionismo neocomunista y el absentismo laboral, un 68% superior a la media de la UE, independencia judicial y medios para ser efectiva, libertad económica y unidad del mercado, libertad para hablar y ser atendidos en español en toda España, coartada por secesionistas y afines como el PSC y PSE... y como colofón exigencia de estándares democráticos básicos en la vida pública: convocar sin dilación elecciones libres, dimisiones por responsabilidades políticas. Nuestra cultura democrática es baja: nadie asume responsabilidad, dimite o es cesado. La red de poder clientelar es una masa con una ley interna ¡prietas las filas!: contra hechos e indicios criminales del poder, relato, masaje y propaganda. Los hechos criminales de mañana borrarán los anteriores. La vida sigue y el foco cambia, pero el proceso de degradación avanza, sólo hay que mirar con perspectiva.

Este gobierno no está para gobernar la Nación, no podría aunque quisiera por la contradicciones insalvables de sus socios, algunos de ellos enemigos declarados de España, eso le hace ilegítimo.

Sánchez es incapaz de aprobar los presupuestos por tercer año consecutivo. No le importa lo más mínimo pese a violar la Constitución: es preceptivo presentar y aprobar el presupuesto del Estado como condición de validez de un gobierno democrático. Está fuera del orden constituido los manejos dinerarios del ejecutivo sin control parlamentario. Sánchez lo reduce a un simple trámite: no va a quitarme el poder pese a lo que diga la Constitución, para eso tenemos a Pumpido. Más ahora que vienen curvas para la mujer y el hermano, su fiscal general, sus adláteres Ábalos y Cerdán, en chirona. Como nos recuerda la fábula de Samaniego: todos sus “humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que les domina”. Veremos si realmente perecen como merecen porque han hecho del Estado su finca particular de abuso, incompetencia y latrocinio. Por eso necesitan huir hacia delante y seguir a toda costa al precio que sea.

En estas condiciones cuando haya elecciones generales sobresale la duda razonable sobre el fraude electoral habida cuenta de los antecedentes en 2019 y 2023, acreditados por la Guardia Civil con redes para captar votos por correo en varias provincias. Las elecciones se aderezarán con alguna crisis, escándalo con agitación de la calle extremando la polarización contra la derecha. Habrá que estar atentos al voto por correo, a las urnas selladas, al recuento electoral y las actas custodiadas.

Aunque no se diga Sánchez está en clave electoral. Tiene a Tezanos ocupado en dar moral de victoria con cocina de datos de encuestas, pero el desprestigio del CIS es clamoroso por eso ahora usa a Iván Redondo en la carrera de marketing para colocar a Sánchez en cabeza para agrupar el voto de izquierda y arañar votos a los secesionistas.

Estamos en un tiempo de descuento hasta el final de una legislatura, que no había de haber empezado, y no sabemos cómo ni cuándo acabará. El tiempo que resta hasta 2027 sólo puede ser de zozobra, con el patriarca al mando contra su otoño de poder y descomposición, su socia comunista imbuida de la lucha de clases, el golpista huido de la justicia, el secesionista vasco de historial terrorista. Esta banda totalitaria no soltará el poder por las buenas. Tienen casi al alcance de su mano la destrucción de la España constitucional con la división cantonal, ahora llamada plurinacional.

Este tiempo de descuento es un momento, más o menos largo, de oportunidades donde los aciertos y los errores van rápidos porque en la mente de muchos se miran desde el final, desde el desenlace. Se producirán hechos intencionados que funcionan como catapultas, como el penalti decisivo en un tiempo de descuento.

A estas alturas de la película es un poco tarde para incidir en que estamos gobernados por un equipo de incompetentes sectarios que no respeta el Estado de Derecho, apoyado por partidos cuyos intereses distan mucho del general. La situación ha dejado atrás el esperpento, y nos salvamos del desastre sólo por los funcionarios y ciudadanos que siguen cumpliendo con sus obligaciones y con la ley pese al ejemplo de nuestros dirigentes.

Ante la falta de solvencia moral, sentido político o soluciones para problemas prácticos, el gobierno hoy se cubre fabricando enemigos internos y externos. Sobre todo externos, que no se defienden mucho. Toda la cruzada del aparato sanchista (desde Bildu hasta Comisiones Obreras) y sus ingenuos a favor de una Palestina que no tiene nada que ver con la dictadura de Hamás en Gaza, es un ejercicio más de búsqueda de una identidad colectiva en la que arroparse, y de la que excluir al rival político. La oposición ya no son sólo difamadores fascistas, ¡son genocidas!

Es un debate falso, además de inútil: tan poco práctico como pretender determinar el sexo de los ángeles con manifestaciones, artículos o tertulias televisivas. Sólo sirve para distraer un poco del marasmo diario de corrupción, incompetencia, falta de gestión, y consecuencias dramáticas del buenismo oficial.

Pero ese marasmo ya ha llegado a nivel de saturación. Si no genera un vuelco es sencillamente porque no hay elecciones, y no las hay porque los partidos de “la banda” siguen comprados con el dinero y el futuro de todos… y porque la población no tiene una expectativa real de algo radicalmente mejor, que la motive para exigir esas elecciones en la calle.

Sabemos que hay un problema de inmigración ilegal mal asimilada, pero las soluciones de unos son vaporosas, y las de otros imposibles o ilegales. Sabemos que no podemos pagar las pensiones con las cuotas, pero nadie ha hablado en serio de las reformas (posibles, necesarias, caras) que las harían sostenibles. Sabemos que el Estado de Derecho está colgando de un hilo, pero nadie se compromete a devolver la independencia a las instituciones y la neutralidad a la administración si sale elegido. Sabemos que el abuso identitario de nacionalistas y populistas está creando injusticias por todo el país, pero nadie promete ponerle el cascabel al gato.

Sabemos, por fin, que el bienestar no aumenta a base de dedicar cada vez más gente a repartir lo producido por los demás (o de traer más gente que cobre poco), sino a producir más entre todos, pero seguimos sin hablar claro frente a los neomalthusianos, los amigos del “crecimiento cero”, los defensores de “lo público” por sistema, y los que confunden capitalismo con estupidez (o con globalización ciega). El capitalismo no es extraer cada vez más, es sacar cada vez más utilidad a los mismos materiales. Es hacer más con menos (menos energía, menos materias primas, menos tiempo desperdiciado) para que los productos cuesten menos y más gente los pueda comprar, aumentando el nivel de vida de todos los implicados.

Pero en lugar de buscar mejorar la productividad, aquí estamos reinventando el comunismo callejero, y esperando que instituciones internacionales nos enseñen a mejorar la competitividad de nuestras empresas. ¿Es que no vemos el terreno que llevamos perdido? ¿Estamos intentando suicidarnos también económicamente?

En este país de nuestras entretelas hasta los militantes socialistas saben que Sánchez es un desastre a todos los niveles, y su régimen un peligro que dejará secuelas. Saben lo que no quieren. Pero no quieren algo diferente porque no ven a nadie proponiendo nada más que frases radicales sin contenido, o “moderación” sin compromiso de cambio.

Hace unos días, los restos de Ciudadanos reunidos se proponían “capitalizar el descontento” para vender “moderación”. Señoras y señores, no es momento de moderación. Es momento de abrir debate y exigir a quien quiere gobernarnos tras las próximas elecciones (en el PP, en Vox, en el propio PSOE, en SALF) que proponga y comunique medidas claras y contundentes, medidas posibles y articuladas, que permitan creer en un futuro próspero, justo, seguro, sencillamente ilusionante.

O también podemos seguir hablando de la franja de Gaza como si fuéramos a arreglar algo.

Es tiempo de cambiar de tercio.

Fotomontaje basado en imagen de Documerica vía Unsplash.

Anticipar el futuro no es una ciencia, pero es una querencia humana desde siempre, acuciada por la conciencia que trasciende el momento fugaz de los presentes y la certeza de fragilidad de la vida, tanto en la vida personal como de las sociedades humanas. A través del tiempo ha sido tarea de arúspices, adivinos de toda laya y profetas para asistir a los creyentes, ansiosos de vislumbrar más allá del aquí y ahora.

Le sucedió a Creso, siglo VI a. C. rey de Lidia (Oeste de la actual Turquía) con gran poder militar y económico, promotor de las artes. Se expandió hacia el este con la conquista de Frigia y Panfilia hasta el río Halys (actual río Kizilirmak), límite con el imperio persa. Se dirigió al Oráculo de Delfos, beneficiado por sus regalos, y preguntó a la Pitia sobre su expansión más allá del río. El Oráculo con calculada ambigüedad sentenció: "si cruzas el río Halys un imperio caerá". Atacó por sorpresa seguro de su poder, pero el imperio que cayó fue el suyo, vencido por Ciro II rey de Persia.

En la era de la razón, los estudios de prospectiva, los analistas de geoestrategia de poder militar, económico y de control social armados con cálculos probabilísticos saturados de datos ofrecen escenarios de futuro que amplían el horizonte del presente, siempre inseguro. La inteligencia artificial generativa ya es usada, mientras se deje, para romper las costuras del presente al servicio del poder.

No obstante, pese al empeño, el futuro es incierto, siempre hay con contar con factores identificados o emergentes que a la postre resultan decisivos al conjugarlos con otros. Así puede comprobarse retrospectivamente al mirar con perspectiva la historia humana:

Quién iba a decirles a los europeos del siglo XIV, en los albores del Renacimiento, que su vida estaría marcada por la peste negra, la pandemia que afectó también a Asia y norte de África, propagada por las pulgas de las ratas, asoló el continente con casi el 60% de muertos con variaciones entre países, la hambruna por la escasez de mano de obra para el cultivo, la reducción del comercio y la Guerra de los Cien Años.

Quién iba a decir a los alegres ciudadanos de Occidente de los locos años 20 del siglo XX que se estaba incubando la hecatombe de dos guerras mundiales devastadoras. Sólo la II GM produjo más de 55 millones de muertos entre civiles y combatientes. Quién les diría a los esperanzados occidentales durante el orden internacional creado después de la I GM se desarrollarían las condiciones de la II GM con grave crisis económica (1929) y apaciguamiento de las democracias a los dictadores, como en la reunión en Múnich (1938) entre Chamberlain, primer ministro británico, y Hitler.

Ahora, en la segunda década del siglo XXI, se erige un nuevo Eje mundial de estados totalitarios contra Occidente, formado por China, Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia e Irán, reunidos en Pekín, unidos en una relación estratégica, en la celebración del 80º aniversario de la rendición de Japón en la guerra Sino-Japonesa, durante la II GM, con un desfile de poder militar en la plaza de Tiananmén. China y Rusia han firmado un tratado económico para la construcción de un gasoducto entre Rusia y China para proveer gas ruso a China para neutralizar las sanciones de Occidente. También los ciudadanos rusos ya no necesitarán visado para entrar en China. Los lazos entre China y Rusia se vienen estrechando desde 2022 frente a Occidente, en especial contra EE. UU. y Europa en su guerra contra Ucrania, su voluntad de expansión imperial en el Ártico, acciones de espionaje e interferencia en el Báltico y distintas naciones de Europa. El Consejo de Europa reconoce la interferencia rusa en el intento de golpe de Estado de los secesionistas catalanes contra España.

Este nuevo Eje de dictaduras del 3 de septiembre de 2025 confiere un nuevo significado a la reunión de Trump con Putin en Alaska el 15 de agosto de 2025. El compadreo de Trump con Putin viene a legitimarlo, pese a estar perseguido con orden de arresto por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Putin juega sus cartas en ambos tableros, pero su trayectoria aleja a Rusia de Occidente ¿Será Trump el nuevo Chamberlain? Su estrategia aislacionista del America first, el trato a los socios occidentales como subordinados con aranceles arbitrarios, somete a Europa a la condición de colonia económica y su errática política con Ucrania da oxígeno al tirano ruso, ofende a Canadá con el desprecio a su soberanía y a Dinamarca con sus maniobras de anexión de Groenlandia.

Todo apunta a un mundo del mañana como el de ayer, incapaz de romper las cadenas violentas del deseo mimético que se reproduce en toda la trágica historia humana ¿Estamos ante una nueva guerra fría entre el nuevo Eje y Occidente? Los puntos calientes de confrontación son Europa, por el expansionismo ruso iniciado en Ucrania con el apoyo de China y Corea del Norte, y el Pacífico, por el expansionismo chino para anexionar Taiwán y extender su influencia en Asia. África y América del sur son espacios de colisión por la penetración e influencia tanto de EE. UU como de las fuerzas del Eje.

La carrera por el desarrollo del poderío tecnológico-militar, las ojivas nucleares y el uso militar de la inteligencia artificial son amenazas globales de alcance planetario. La dictadura se afianza en el mundo mientras la democracia liberal retrocede. El orden global está condicionado por la voluntad de poder totalitario frente al Estado de derecho internacional. Las sociedades occidentales han renunciado al valor, al compromiso con la seguridad, la libertad responsable, el esfuerzo y la competencia. En esta ocasión el totalitarismo puede vencer mañana.

En todos estos hechos que comprometen seguridad, libertades y bienes, el patrón de conducta del poder público ha sido y es la división: ayuntamientos y autonomías por un lado, implicados directamente por la catástrofe, pero con recursos insuficientes, y el gobierno nacional por otro de quien dependen los grandes recursos (ejércitos, red ferroviaria y viaria, colaboraciones con otros países, Aemet, y la estructura del poder del Estado con 22 ministerios, 36 secretarias de Estado, 38 subsecretarias y secretarias generales, 130 direcciones generales y además 14 comisiones interministeriales y planes como el de Recuperación, Transformación y Resiliencia). Una maraña de órganos y cargos de partido, caro, burocrático e ineficaz ante las amenazas que sufren los ciudadanos.

El patrón de conducta del poder público, estatal y autonómico, muestra las miserias de un modelo caracterizado por la fragmentación, politización sectaria y elusión de responsabilidades. Pero el patrón de comportamiento no es equidistante: la confrontación política es la forma de gobernar de Sánchez y los suyos, incluso en las calamidades públicas pese a los daños en personas y bienes. Entiende el poder como una guerra sin cuartel contra los "otros", reducidos en la propaganda a escoria ultraderechista, aunque sean autoridades elegidas por los ciudadanos. Es su estrategia para perpetuarse en el poder como patrimonio personal. Su papel tanto en la Dana de Valencia como con los incendios se resume en estar ausente, no implicarse, eludir la responsabilidad directa. Ahora durante los largos días de incendios no se ha inmutado, ha seguido de vacaciones a cuerpo de rey absoluto en Lanzarote. Su carácter político quedó definido durante la Dana en su mensaje frío y distante: "si quieren ayuda, que la pidan". Pero hemos comprobado que pese a pedirla, alcaldes y presidentes autonómicos, la ayuda no llega con la cantidad y premura requerida. Sólo después del desastre aparece como salvador con planes de ayudas cuya ejecución deja mucho que desear: véase en los damnificados por el volcán de la Palma o con los damnificados de la Dana: de las 320.000 solicitudes de ayuda más del 60% no se han ejecutado (El Debate, 27.08.25).

En las calamidades citadas al principio otra cosa bien distinta hubiera sido si se hubiera actuado con responsabilidad pública desde el primer momento, esto es, con unión de esfuerzos y recursos coordinados por el Estado dejando a un lado la confrontación. Es el modelo constitucional del art. 103.1 "La administración pública (se entiende que toda) sirve con objetividad a los intereses generales y actúa según principios de eficacia, jerarquía...y coordinación..." La idea gubernamental de Cogobernanza es ajena al orden constituido: España es un Estado unitario y descentralizado en autonomías regionales con delimitación competencial respectiva, pero con prevalencia del Derecho estatal sobre el autonómico (art. 149.3 CE), incluso con competencias exclusivas de las autonomías, avalado por el Derecho comparado (EE. UU, RFA siendo estados federales), porque el interés general legítimo, atribuido al Estado, predomina sobre los intereses de las partes.

Para más escarnio de los españoles, tres leyes, eludidas intencionalmente por el gobierno, avalan la intervención directa del Estado ante situaciones graves que afecten a la vida, seguridad, libertad y bienes:

1. El gobierno de la Nación podía decretar el Estado de Alarma, según el art. 116.2 CE y el art. 4 de la L.O. 4/1981 ante "situaciones causadas por alteraciones graves de la normalidad, como desastres, calamidades...siempre que estas situaciones no puedan ser afrontadas con las facultades ordinarias del gobierno".

2. El gobierno ante la magnitud y alcance de la calamidad por la Dana y por los incendios pudo y no lo hizo aplicar la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional que permite al presidente del Gobierno adoptar cuantas medidas protejan las libertades, derechos y bienes de los españoles (art. 15).

3. También podía, pero no asumió la responsabilidad de declarar "zona afectada gravemente por una emergencia nacional", según el art. 23 de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil por acuerdo del Consejo de Ministros, la coordinación del Ministro del Interior con los delegados del gobierno y los órganos competentes de las Autonomías y Entes locales afectados.

Este es el modelo de las sociedades civilizadas en Estados descentralizados. Ante una calamidad pública el Estado actúa como un todo coordinado y eficiente. Se imaginan la imagen de Sánchez, Marlaska y Robles codo con codo desde el primer minuto con Mazón, Rueda, Mañueco, Guardiola y Barbón (éste es de su cuerda, pero ni así porque la mayoría son los "otros").

La realidad es tozuda, miremos brevemente las principales calamidades habidas (me centro en las más recientes). Algunas como el apagón ha dejado de ser actual, la Dana costó vidas irrecuperables y sólo los afectados saben los costes de la reconstrucción, los incendios aún en activo han destruido vidas, casas y patrimonio natural. En todos hay responsabilidades por acción y omisión:

A. Red Eléctrica (REE) es una empresa privada con régimen especial que garantiza el control gubernamental, cuyo accionista mayoritario (20% del capital) es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El apagón eléctrico general, el 28 de abril de 2025, era evitable con una gestión profesional, pero primó el cálculo político: falló por un exceso de generación de fuentes no firmes (fotovoltaica y eólica) que desequilibró fatalmente el sistema y por la falta de generación de respaldo (gas, nuclear, etc.). Sólo en este caso, causado por el poder estatal, el gobierno decretó el nivel 3 de emergencia nacional para tomar el control integral de la crisis. Pero, ningún cargo ha asumido responsabilidades: nadie ha dimitido o ha sido cesado. Este es otro patrón de conducta del socialismo.

B. El gobierno nacional es doblemente responsable de la Dana de Valencia por no activar la ley Seguridad Nacional o la inhibición del Gobierno y del ministro del Interior al no subir la situación operativa al nivel 3 y declarar la “emergencia nacional. https://www.vozpopuli.com/opinion/la-dana-una-tragedia-en-busca-de-responsables.html. Pero sí activó la confrontación. Intencionalmente dejó sola a la autonomía y actuó por necesidad tarde, mal y sin coordinación. Eso no excluye la responsabilidad de la Autonomía en la prevención e ineficacia de la gestión de la crisis, causada en parte por la imprevisibilidad del efecto de la Dana. José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET de la Comunidad Valenciana reconoce ahora errores en la gestión de la Dana "no sabía lo que iba a ocurrir el 29 de octubre en Valencia. No sabía que iban a caer 770 litros en Turís". No se actuó con la debida coordinación de alerta, vigilancia y comunicación entre organismos del Estado, Autonomía y ciudadanos. No se actuó con la debida coordinación y eficacia en la atención a los damnificados ni en las medidas de salvamento y reparación.

El gobierno de España falló estrepitosamente en la prevención: no se adoptaron de medidas que constaban en el Plan Hidrológico de 2001, eliminadas irresponsablemente por el gobierno de Zapatero en 2004. Incluían entre otras medidas en encauzamiento de barrancos, como el del Poyo y la construcción de una presa en Cheste de 8 Hm3 para evitar inundaciones en 16 municipios, ahora inundados. En 2021 la ministra Rivera desautorizó el drenaje y remodelación del cauce del barranco del Poyo, con la construcción de un azud para derivar parte del caudal a una red de acequias. Todas estas responsabilidades preventivas desatendidas presentan una relación causal mediata con los hechos. En los últimos 30 años se han suspendido 9 proyectos para evitar inundaciones en la Huerta Sur de Valencia.

C. El Estado en conjunto (Gobierno, regiones y ayuntamientos) son responsables de la prevención y acción coordinada y eficaz de los actuales devastadores incendios de 6ª generación en diversas regiones. Una vez iniciado un fuego su crecimiento es exponencial por unidad de tiempo transcurrido. La acción rápida y coordinada de todas las administraciones es crucial, porque estos incendios exigen todos los recursos disponibles de todas las administraciones. Si no se corta su desarrollo son casi inextinguibles con altas temperaturas y viento en amplias áreas con mucho "combustible" en el suelo (plantas secas, cultivos) y en vertical (bosques con árboles altos y bajo bosque enmarañado sin mantenimiento.

En esta calamidad pública el gobierno tampoco ha asumido la dirección de la crisis. Otra vez más el gobierno del taimado Sánchez escurre el bulto, otra vez la inhibición de la coordinación del gobierno: Sánchez aparece en avión cuando todo se ha consumido, muestra el careto y se va. Robles muestra la acción de la UME. Es lo normal, es su competencia, pero critica a las autonomías. Marlaska, igual. Sirven al propósito del amo: hágase la confrontación, aunque perezca España.

El integrismo lingüístico inspira políticas y actitudes de imposición y defensa dogmática, esto es, irracional de las lenguas que consideran suyas, llegando incluso a conductas fanáticas al obligar a los demás a usarlas por todos los medios a su alcance, incluida la violencia como la reciente vandalización y destrozo de la heladería Helados Dellaostia en el barrio de Gracia de Barcelona, con rotulación en catalán y español, pero atendían a los clientes en español. Una clienta, familiar de un político de ERC pidió un helado de “maduixa”, fresa en español. El vendedor no lo entendió, la señora se enfureció y empezó el drama del supremacismo victimista. La máquina de odio y destrucción puesta en marcha: redes, asociaciones secesionistas subvencionadas por el gobierno Illa, Ómnium cultural, Plataforma per la Llengua y otros tienen identificado un enemigo a destruir, expresado en redes por Antonio Baños (CUP): "Este local es nuestro enemigo ¡Hasta que cierre!". Ahora se suma el partido Aliança Catalana: declara la guerra a los comercios que usan el español, tildados de anticatalanes. Un enjambre de fanáticos se ha lanzado a las calles en busca de culpables. En dos días han presentado más de 25 denuncias. Rememora, mutatis mutandis, el boicot judío totalitario de los nazis (Judenboykott).

Todo se basa en normas catalanas anticonstitucionales (Ley de Política lingüística de 1998, no recurrida al Constitucional por el Estado, y el Código de Consumo de Cataluña). Establecen que "los consumidores tienen el derecho de ser atendidos en la lengua oficial que escojan". Si se expresan en catalán se les debe atender en catalán lo que exige recursos de disponibilidad lingüística a los establecimientos, esto es, contratar solamente a trabajadores con dominio de las lenguas regionales. Esto crea obligaciones lingüísticas a los trabajadores en contra de su derecho constitucional, pues sólo hay deber de conocer el español como lengua oficial.

Durante más de cuatro décadas los secesionistas se han hecho fuertes en las autonomías, convertidas en feudos donde su poder prevalece en el territorio y sus habitantes. Han desarrollado políticas lingüísticas beligerantes de imposición de las lenguas regionales hasta excluir el español, pese a ser la lengua oficial socialmente mayoritaria.

Los hechos concretos son bien conocidos por una gran mayoría de españoles que soportan y padecen la prepotencia incivil de las políticas lingüísticas: se sienten agraviados por la exclusión del español en las instituciones, servicios públicos e incluso en empresas privadas; con sus impuestos se financia la educación, que excluye el español como lengua vehicular y de aprendizaje; los derechos de sus hijos son atropellados al imponerles la inmersión lingüística en las escuelas (directa en Cataluña e inducida en el País Vasco); las familias más atentas comprueban la manipulación ideológica a que someten a sus hijos en la enseñanza de la Historia; muchos ven limitados sus derechos laborales como ciudadanos españoles, por los requisitos lingüísticos exigidos; empresas y comercios sufren las multas por rotular en español, perseguidos por comisarios lingüísticos; los medios de comunicación (públicos y financiados) controlados por los secesionistas excluyen el español con menoscabo a la memoria común de unión entre españoles...

Estos hechos son pauta criminal "normalizada", no simples anécdotas. Han logrado crear una "frontera" lingüística de dominación interior y exclusión exterior de los españoles. Es la evidencia de la quiebra del orden lingüístico constitucional, ratificado por los españoles en referéndum nacional. Significa que los derechos lingüísticos de los españoles no rigen en Cataluña y País Vasco y se expande a otros territorios. En consecuencia, se vive una situación de excepción constitucional, es decir, totalitaria, de funestas consecuencias para la vida en libertad, pues la arbitrariedad es la norma. Ha sido posible y lo sigue siendo por acción de los secesionistas (también de otros partidos) y la dejación de responsabilidad del Estado (gobiernos, Cortes y Tribunal constitucional) que han dejado hacer e incluso han adoptado el marco conceptual de los secesionistas contra el orden constituido.

Nada de lo expuesto cabe en el orden lingüístico constitucional. Conviene recordarlo, se funda en dos principios básicos:

1. La Constitución establece el derecho de ciudadanía para el español: "todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo" (CE, 3.1).

2. Las lenguas cooficiales con el español, en algunas autonomías, son lenguas de uso normal (vehiculares), pero no preferentes.

La Constitución, por decisión expresa del poder constituyente (Comisión y Pleno del Congreso de diputados, 1978) situó al español en un plano diferente a las lenguas regionales cooficiales. En efecto, el pleno del Congreso constituyente aprobó, por amplísima mayoría de 278 votos a favor, 20 en contra y 13 abstenciones, rechazar la "exclusividad" del catalán y el "deber de conocerlo" (enmiendas 105 y 106, respectivamente, presentadas por el grupo de Minoría catalana).

Este acuerdo, aplicable por analogía a todas las lenguas regionales, es norma constitucional: determina el significado, alcance político e interpretativo del texto constituido CE, 3.2-3).

De ambos principios se infieren los siguientes criterios, útiles para discernir los hechos, normativos y fácticos, y las interpretaciones sobre lenguas cooficiales del Tribunal constitucional:

— EN TODA LA NACIÓN. Sólo el español es lengua oficial común de todos, en todo el territorio nacional. Todos los españoles tienen derecho a ser atendidos en español, oral y escrito, por todas las instituciones públicas estatales, autonómicas y locales y a usarlo sin limitaciones.

· Todos los españoles tienen derecho a conocer el español como lengua culta y aprender en español materias principales no lingüísticas en el sistema educativo.

· Los españoles no tienen el deber de conocer y usar las lenguas cooficiales regionales.

— EN LAS AUTONOMÍAS CON LENGUA COOFICIAL. El español y las lenguas cooficiales en sus autonomías son lenguas de uso normal de todas las administraciones autonómicas y locales.

· Algunos españoles tienen derecho a usar las lenguas cooficiales con el español y a su enseñanza en el sistema educativo, sin preferencias, pues como españoles el español también es su lengua: no hay discriminación por atenderlos en español.

· Las lenguas cooficiales son lenguas vehiculares de todas las instituciones autonómicas y locales. Bilingüismo institucional simétrico en ambas lenguas, salvo que la ley contemple zonas específicas de hablantes en español como, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana.

· El conocimiento y uso de las lenguas cooficiales con el español no son exigibles.

No puede imponerse el plurilingüismo obligatorio, esto es, aprender y usar las lenguas regionales, pues es voluntario.

— ES CONTRARIO AL ORDEN CONSTITUIDO. El monolingüismo en lenguas regionales, como la inmersión lingüística obligatoria o inducida, multar por usar el español, así como crear obligaciones, requisitos y exigencias de disponibilidad lingüística. Vulneran derechos, dividen y excluyen.

Estos principios y criterios de cooficialidad lingüística —entre una lengua común y otras regionales— coherente con nuestra historia lingüística ya no existen; han sido dinamitados por las políticas lingüísticas de los secesionistas, asumidos a la práctica por otros partidos, pese a ser políticas que vulneran derechos personales y dañan la convivencia. Estas políticas incompatibles con la Constitución no responden a motivos lingüísticos sino políticos, orientados a la secesión con la construcción de naciones antiespañolas.

El integrismo lingüístico instalado se orienta a este fin de ruptura, cuyo motor es el proceso secesionista, basado en el mito de una comunidad imaginada y, en su raíz, la violencia, núcleo interno fundacional del mito, pero, objetivamente son simples intereses de clase. Es como una bola de nieve construida alrededor de privilegios de una élite, primero burguesa en el primer tercio del siglo XX y ahora pequeñoburguesa, política y funcionarial. Casi todos ellos viven, según formas distintas, de los recursos públicos.

Revertir el integrismo instalado en las instituciones es un imperativo político de salud constitucional. Es condición necesaria para la convivencia lingüística en libertad, pero exige determinación e inteligencia. Exige un ley estatal del español garante de los derechos y deberes expuestos antes. Pero corregir la desmesura consolidada demanda actuar por la vía cultural (criterios e información) y la política, con sanciones administrativas (inhabilitación y multas) por incumplimiento, sin excluir las penales.

La expulsión de Vito Quiles del Congreso de los Diputados es un claro reflejo de la creciente tendencia a silenciar a quienes en España se atreven a cuestionar el orden establecido por la partitocracia. El periodismo de Quiles, más allá de su estilo provocador, es espejo de la indignidad democrática de los interpelados. Sus preguntas se enmarcan dentro de un contexto grave: el de un sistema político que, a pesar de su aberrante realidad, se considera, increíblemente, por encima del bien y del mal.

Las instituciones llevan tiempo tratando de amordazar a los medios críticos usando sus palancas financieras y legislativas, y repartiendo carnés de buenos y malos periodistas. Curiosamente, entre los primeros se encontraban aquéllos que descalificaron como “máquina de fango” a los que osaron descubrir los escándalos que hoy copan las portadas. Ese vacío de integridad lo han ido ocupando personajes como el propio Quiles o Bertrand Ndongo. Su labor no es nueva: forma parte de una larga tradición española.

Los encuentros de Quiles con políticos tienen una dimensión grotesca, de esperpento valleinclanesco, que los hace memorables. Su garbeo por Valencia con José Luis Ábalos es tal vez el documento que mejor define la España del tardosanchismo. Mientras Ábalos paseaba a su perro, Quiles aprovechaba para preguntarle sobre los catálogos de prostitutas que supuestamente él mismo utilizaba en sus andanzas ministeriales. Esas imágenes de Ábalos respondiendo por peteneras mientras su pastor alemán hacía sus necesidades sobre la acera tienen mayor valor estético e informativo que mil sesudas tribunas.

La política española actual se caracteriza por su escasa tolerancia a la crítica. En el Reino Unido, periodistas como Jeremy Paxman crearon escuela a partir de sus interrogatorios incisivos y despiadados, desde la misma BBC. Los políticos, primeros ministros incluidos, se enfrentaban a preguntas durísimas, repetitivas, a interrupciones constantes cuando trataban de escabullirse. En España, en cambio, el político se reserva el derecho de expulsar al periodista del recinto legislativo. El presidente convoca ruedas de prensa sin prensa. Qué tremendo y lamentable contraste.

Ahondando en el valor cronístico del esperpento, las intervenciones de Bertrand Ndongo junto a Vito Quiles dan una buena medida de nuestra decadencia. Cuando ambos coinciden, Quiles formula las destempladas preguntas mientras Ndongo repite sus chanzas a mayor escarnio del interpelado, como hacía Bigote Arrocet en las películas de Chiquito de la Calzada. En la tragicomedia de la política española actual, el decoro del dúo Quiles – Ndongo es, sencillamente, el que corresponde a la dignidad de los asaltados: no se merecen a un Paxman, sino a este dúo sacapuntas multirracial.

Por ello, su expulsión es otra vuelta de tuerca en la manipulación de la libertad de prensa por parte del poder político. Así, Gabriel Rufián le ofrecía a Quiles la posibilidad de ser readmitido en el Congreso si hacía las preguntas adecuadas a los destinatarios que él dijera. Pretendiendo ser gracioso, Rufián demostraba su alma totalitaria. Este tipo de purificación mediática es menos simpática que Quiles, Ndongo, Bigote, Chiquito y el perro de Ábalos: es una amenaza existencial para la democracia. Rufián es cínico, sí, pero sobre todo es profundamente antidemocrático: propone un modelo de periodismo tamizado por el poder.

No siempre fue así. Hace sólo un par de décadas, programas de sátira política como Caiga Quien Caiga hacían de la irreverencia parte sustancial del espectáculo democrático. Da hasta pereza decirlo: la España de hoy es mucho menos libre que la de entonces. El verdadero peligro de esta expulsión no es ya la eliminación de una voz crítica, sino la normalización de un modelo de periodismo homologado, donde sólo se permiten las preguntas que el poder está dispuesto a tolerar.

La democracia española está perdiendo una herramienta más ante la voracidad de la clase política: la capacidad de cuestionar, interrogar e incluso ridiculizar al poder. La expulsión de Vito Quiles es mucho más que un episodio cutre de censura. Es un reflejo del estado en que se encuentra nuestra vida pública: como es tal el nivel de ignominia que sólo puede abordarse sanamente desde el sainete, el Congreso opta por prohibir el sainete.

Pero detrás de la risa hay una tragedia: el aviso a navegantes de un sistema regentado por individuos incapaces de mantener la dignidad del mismo. Por más que se escuden en el decoro institucional, en el orden, o en el supuesto buen periodismo, lo que están haciendo es deslizarse por la pendiente húngara y venezolana. Expulsan a Vito Quiles porque éste porta, además de un micrófono, un espejo cóncavo que les muestra la plenitud de su cochambroso esperpento.

Sánchez-PSOE han abdicado de la socialdemocracia y abrazado en neocomunismo al pactar con la ultraizquierda y, además, han adoptado el marco mental antiespañol de los secesionistas catalanes y vascos: han legalizado la sedición y amnistiado a los golpistas, les ceden las competencias estatales y les perdonan parte de la monumental deuda con que financian la insurrección.

La gobernanza de la Nación de los gobiernos en minoría en los últimos 7 años ha estado orientada más a las políticas de sus socios, afianzar el control de todas las instituciones a través de peones políticos serviles y fomentar una ciudadanía dependiente, limitada y manipulable como condición de permanencia en el poder que al desarrollo social, político y económico de España. Veamos en concreto esta involución socioeconómica:

Diversos indicadores identifican el declive social y económico que pulverizan la propaganda del gobierno y prensa afín. Es un hecho la pérdida de posiciones en los rankings internacionales con impacto en los diversos estratos sociales, pero especialmente en la clase media y baja con el incremento de las personas en el umbral de la pobreza y exclusión social con rentas inferiores a los 10.000 €/año (el 26,5% de la población en INE-2023).

Salarios

La OCDE-2023 fija el salario medio en España en 21.600 € brutos anuales según esta estructura de rentas: los ingresos de la clase baja son inferiores al 75% del ese valor (hasta 16.200 €/año); la clase media, se sitúa entre el 75% y el 200% de la media (entre 16.200 y 43.200 €/año); y la clase alta, excede el 200% de la renta media (ingresos brutos superiores a 43.200 €/año). Y alerta: “España tiene una clase media más pequeña que el resto de los países de nuestro entorno. Su peso es de menos del 55% de la población frente al 61% de la OCDE”. Y añade: “los países más ricos son aquellos con una mayor parte de la población en el segmento de ingresos medios”. El declive de la clase media en España expresa deterioro económico real. Los costes de la vivienda, sanidad, educación, servicios, carga impositiva y cesta de la compra han crecido por encima del nivel de ingresos. Entre 2018 y 2023 los salarios han crecido un 17% mientras que la cesta de la compra se ha encarecido un 43%. Las causas son diversas, económicas y sociales: rigidez mercado laboral (regulación estatal), fractura de la unidad del mercado (regulaciones autonómicas), inseguridad jurídica, desconfianza, corrupción política, aumento de la carga impositiva, bajos salarios, inflación y aumento de precios.

Productividad

Estos factores citados restan calidad a la actividad económica cuyo impacto repercute negativamente en la productividad. España ha ido cayendo en el ranking de competitividad: ocupa el puesto 40 de 67 (IMD). Desde 2018 hemos perdido 18 posiciones. Causas: inseguridad jurídica, abusos regulatorios, política económica intervencionista, deuda y gasto público...

Sus efectos son notorios en la alta tasa de paro del 10,9%, superior a la tasa de la zona euro del 6,3% (Eurostat), pero con la sangría del paro de los jóvenes menores de 25 años del 26,6% (EPA-4º TRI2024) y la manipulación de los fijos discontinuos con unas 800.000 personas que no trabajan y no constan como parados. “El 83% de los contratos laborales en España son temporales, parciales o fijos discontinuos” (The Objective 4.05.2025), la falta de inversiones e innovación creadora, el pequeño tamaño de las empresas, la fuga de capital humano más cualificado y las barreras burocráticas ciegan el desarrollo productivo.

PIB y PIB per cápita

Esta realidad se esconde en la propaganda oficial que pone el foco en el crecimiento del PIB, pero esconde el estancamiento del PIB per cápita, situado en 27.740 € en 2024. Este dato nos sitúa en el puesto 14 y la baja de la UE-27, muy lejos de la media de 33.530 € de la UE (Eurostat) y por debajo de Italia (33.810 €) o Chipre (32.810 €). España pese a ser la cuarta economía del euro es la 14 en productividad; su economía no converge con el nivel de desarrollo de las familias de la UE, sino que se ha estancado y revertido la tendencia convergente de hace 20 años. Sólo los ingresos de los hogares de Madrid y País Vasco, en retroceso, superan la media de la UE.

El bajo nivel del PIB per cápita es un indicador de baja productividad por la relación existente entre la riqueza media por persona y la eficiencia en la producción de riqueza.

Los españoles comprueban cada día el incremento del coste de la vida, la frustración de muchos jóvenes para alquilar o comprar una vivienda por la relación imposible entre los costes de la vivienda y los salarios reales.

Empobrecimiento sociocultural y político

A estos factores hay que agregar el deterioro creciente del sistema educativo básico, mantenido en posiciones mediocres (OCDE-PISA-2023), y una educación universitaria fuera de las 20 primeras posiciones mundiales, la instrumentalización secesionista de la educación en Cataluña y País Vasco, la “normalización” de la corrupción política y la mentira institucionalizada, la reducción de las expectativas de los jóvenes y el acomodo de muchos de ellos a una vida sin horizontes. El paro endémico y la baja productividad condicionan la vida y futuro de los ciudadanos y sus familias porque lastran las posibilidades de desarrollo.

Por el contrario, son causa del progreso social y económico la salud y extensión de la clase media, la competitividad de empresas y productos, el nivel alto de PIB per cápita, la excelencia educativa, la calidad del Estado de derecho, el prestigio de las instituciones públicas, el rigor y trasparencia en la gestión de los recursos públicos (gasto, deuda, déficit, información).

No es aplicable en la España actual. La propaganda se emplea a fondo para que una población empobrecida, dependiente y manipulable garantice la permanencia en el poder de liderazgos autoritarios e irresponsables como el de Sánchez. Lo que está dejando a su paso es decadencia social y económica, corrupción institucional desde arriba, con el Tribunal constitucional legalizando la amnistía no constitucional, desde dentro con Alegría, Montero y López propalando bulos con descaro sinvergüenza y hasta en el subsuelo con las cloacas (casos Ábalos, Cerdán y Leire Díez), degradación democrática con un Congreso de diputados convertido por Armengol en un guiñapo al servicio del jefe, la irresponsabilidad criminal por la DANA-2024, el descontrol migratorio...

Revertir la espiral de empobrecimiento, económico y moral, que hunde a los ciudadanos es la cuestión en un momento histórico crítico para el futuro de Europa y la paz mundial. España no está ni se la espera. Vivimos ese periodo fatídico de todos los autoritarismos instalados. Sánchez sabe que su tiempo ha terminado, pero sigue obstinado de lo imposible, cada vez más aislado en el bunker monclovita ¿hasta cuándo?

Además, con cálculo han logrado la mayoría con manejos de interés. Han eliminado del debate y votación al magistrado Macías, el magistrado Campos, ex ministro de Sánchez y progresista se autoexcluyó por haberse manifestado en contra de la amnistía. Los cuatro magistrados restantes, Enríquez, Arnaldo, Espejel y Tolosa han votado en contra y emitido votos particulares. En cuestiones tan relevantes como la controvertida amnistía, el presidente, por responsabilidad, tendría que haber procurado el consenso, pero ha actuado como fiel servidor del poder político en contra de su deber.

La Constitución no es de estos magistrados, es de los españoles. Su única y exclusiva misión es ajustarse a los proposiciones y contenidos aprobados en la fase constituyente que fue sancionada en Referéndum por los españoles (1978). El TC es el único órgano constitucional que no depende de ningún otro poder del Estado, pero se han puesto a la orden de Sánchez y sus socios. Saben que la amnistía no consta en la Constitución por expresa decisión del constituyente y mucho menos esta autoamnistía elaborada por delincuentes (Boye, Puigdemont, Junqueras). Por tanto, es falaz el argumento de que lo no prohibido expresamente está permitido porque es justo lo contrario: los poderes públicos sólo pueden hacer lo que la ley permite y según los procedimientos legales. Esto se llama Estado de derecho. La exclusión de la amnistía no es un conjunto vacío a disposición del legislador, sino que pertenece a un conjunto lleno, cuyo techo constitucional es el indulto con expresa prohibición del indulto general art. 62, i CE). Mucho más significa la amnistía por eso no consta: está vedada desde el principio. Así se acordó en la Ponencia constitucional del 3.11.1977. En el punto 4º del acta de la reunión dice: "Por lo que se refiere a la materia de la amnistía se acuerda no constitucionalizar este tema". El rechazo y exclusión de la amnistía en la Constitución fue aprobada por las Cortes constituyentes.

El motivo es simple: el indulto personal borra la pena por el delito, pero no la culpa que permanece. Este es el techo de responsabilidad de la Constitución: los delincuentes, individualmente, pueden lograr la absolución de las penas, pero no la culpa por los delitos juzgados en sentencia firme. La amnistía va más allá, borra la culpa y el delito como si no hubieran existido. Queda claramente fuera del marco constitucional porque anula el principio de responsabilidad por los actos delictivos, en coherencia con el "Estado social y democrático de Derecho que se instituye ex novo después del franquismo (art. 1,1 CE)

Estos magistrados se lo han saltado a la torera, han legalizado la irresponsabilidad por los delitos. Lo más grave es que lo han hecho a sabiendas. Su deber ante la ley de amnistía era simple: decir al legislador si queréis la amnistía hay que cambiar la Constitución por los procedimientos del Titulo X. Han corrompido su reputación, el prestigio del Tribunal de garantías constitucionales y han hecho el peor servicio a los españoles. Han destruido el principal valor de la Constitución por intereses sectarios: el Estado de derecho al legalizar la arbitrariedad con rango constitucional con la fractura del del principio constitucional de igualdad. Esa puerta ha quedado abierta a futuro. Además, rompe el equilibrio de la división de poderes: el Congreso de diputados tiene barra libre aprobar todo lo que no prohíba expresamente la Constitución y aunque lo prohíba de forma expresa o tácita también puede aprobarse en función de argumentarios ad hoc en función de intereses.

La sentencia del TC sobre la amnistía expresa el desmesura de la racionalidad, guiada por intereses teleológicos de entrada (ideología, grupo progresista de adscripción). Más acá de los argumentarios está el texto constitucional que expresa la voluntad constituyente de principios, valores, instituciones y procedimientos acaecida en un momento histórico del que hay memoria. No es un texto cualquiera interpretable libremente, sino una realidad viva a cuya constitucionalidad o no se accede directamente por el entendimiento de “lo constituido” como expresión de la voluntad constituyente. Este es el marco, contenido y límite de la actividad interpretativa de la racionalidad.

Kant afirmaba (Crítica de la razón pura) que la debilidad de la razón consiste en alejarse al máximo de la experiencia y tiende a empantanarse en contradicciones especulativas. El aparato interpretativo con descripción y análisis de hechos, argumentos y contraargumentos abonados con antecedentes y citas, síntesis y conclusiones puede llegar a afirmaciones distantes de la realidad que procura el entendimiento para “darle apariencia de verdad a su ignorancia”. Incluso visto en conjunto el edificio argumentativo puede llevar a la comprensión de su subordinación a un fin teleológico, más o menos explícito ab initio, pero real para validar determinadas posiciones en detrimento de otras más adecuadas o ajustadas al orden constituido desde un enfoque sistemático como sucede con ley de amnistía.

Estos casos ilustran cómo el poder interpretativo de los órganos constitucionales se otorgan una potestad creativa o constituyente que no tienen. Eso es lo que ha hecho el TC con la ley de amnistía. Evidencia que la Constitución y la Justicia constitucional no son lo mismo, tienen una naturaleza diferente: la razón de ser de la interpretación constitucional es la subordinación al “hecho constituido”, no a la inversa. El aparato argumentativo no puede contrarrestar ni anular el conocimiento práctico que procura el entendimiento sobre la exclusión intencional de la amnistía en la Constitución. La politización del órgano de garantías constitucionales ha corrompido su naturaleza.

La Constitución del consenso de los españoles desde hoy es letra muerta, todo es interpretable, a disposición de políticos ambiciosos y de magistrados de parte. Damnatio memoriae.

Su carta a la militancia del PSOE trasluce una personalidad desquiciada que ha perdido el sentido de la realidad propia de los autócratas en su declive. Alucina al decir que “hay un plan de demolición moral y peligro democrático...contra su gobierno legítimo”. Los serviles de su entorno son incapaces de decirle que él es el peligro democrático y la carcoma moral: perdió las elecciones, forzó una mayoría pactando con secesionistas y filo-terroristas, gobierna para intereses particulares (indultos, amnistía, cesiones competenciales y recursos), sigue amarrado a un poder que no le pertenece (sin presupuestos, sin mayoría, con corrupción sistémica desde su entorno familiar a la cúspide del partido). Es imposible que no supiera e incluso es posible que lo alentara por la relación estrecha personal con Ábalos, Cerdán y Koldo. Sólo hay que verlos a los cuatro en el Peugeot en estrecha complicidad a la conquista del PSOE. Sí, no son tres, son cuatro. Hasta ahora el “uno” ha sido hábil para escurrirse como una anguila y echar tinta de calamar para distraer, protegerse y confundir. La carta a la militancia es un ejemplo.

Es patética la imagen que transmite de una persona a la que han pillado desde dentro. Hemos vislumbrado las prácticas corruptas consolidadas e impunes por toda la geografía española y en el extranjero, los subterfugios del poder que comprometen toda su trayectoria desde el principio: las malas prácticas académicas con la tesis, las maniobras poco democráticas para hacerse con el control del partido, el favoritismo con las ambiciones de su mujer a cargo del erario, el enchufe del hermano, el control de las instituciones del Estado con nombramientos de personas serviles sin competencia... Si queda alguien lúcido de su confianza debe decirle ¡basta ya!, ¡mírate en el espejo y repite varias veces!: “yo soy un peligro para la democracia”. Porque la democracia no es de nadie en concreto. Es del conjunto de la población española. Son los españoles en elecciones limpias quienes tienen la competencia de decidir su propio futuro y cuanto antes mejor porque el gobierno actual no puede esgrimir legitimidad, pues depende de corruptos y enemigos declarados de la Nación española. Pues de esto se trata, Sánchez es el presidente de la Nación española no de una banda de oportunistas y delincuentes.

La investidura le dio el marchamo de legalidad y legitimidad de origen, pero no la del ejercicio, pues ésta depende de mayorías que permitan aprobar presupuestos y legislar para la mayoría y el progreso de la Nación. Es de lo que carece desde el principio. Durante toda la legislatura va a rastras mendigando apoyos a sus interesados socios negociando el futuro de España con corruptos y huidos de la Justicia (Puigdemont-Cerdán), con condenados por corrupción (Junqueras), ahora esquivos, para sacar más y aprovecharse de su debilidad. La crisis abierta con el informe de la UCO le exige recomponer los pactos de la indignidad que sustentan su gobierno. Reunión en la Moncloa, sede del gobierno de España, con lo que queda de Sumar, Compromís va por libre, después con el condenado por desobediencia y malversación, Turull, con penas de inhabilitación, indultado por Sánchez, para amarrar su apoyo, Podemos se ausenta, Rufián (ERC) elude por ahora la foto, PNV consigue más competencias.

La legitimidad en democracia es un estándar político y moral exigente incompatible con Sánchez y su gobierno. Está fuera del rango básico de la legitimidad exigible que no puede deducirse del acto de la investidura, ni mucho menos alargarse durante toda una legislatura. En estas condiciones lo normal en democracia es dimitir o convocar elecciones generales porque la democracia pertenece al pueblo soberano no a un líder soberbio y prepotente que amenaza con el caos porque pueda gobernar la oposición. España seguirá adelante y muy probablemente mejor, visto lo visto, sin Sánchez y su banda.

Su destino está echado. Él es el máximo responsable del PSOE. Él ha nombrado tanto a Ábalos y a Cerdán y ha confraternizado con Koldo. Estos casos corruptos con manejo de dinero, amaños de contratos, cobro de comisiones e indicios de financiación ilegal del PSOE han sido grabados desde dentro del partido por Koldo para guardar sus espaldas. Es poco creíble su relato dulzón y victimista de no saber nada, de haber sido engañado. Sánchez ha negado la evidencia de la corrupción en la cúspide del partido y ha arremetido contra la oposición haciendo suya la máxima “la mejor defensa es el ataque”.

La soflama del progresismo es incapaz de engañar a personas con dos dedos de frente. Sabe que el PSOE va a la baja y la vía abierta desde dentro por las grabaciones de Koldo sólo han empezado a achicar podredumbre de personas, instituciones y relaciones tóxicas en España y el extranjero (Venezuela, República Dominicana, paraísos fiscales...). La UCO y la Guardia Civil están amenazadas en su independencia, Marlaska limita sus recursos para mermar su eficacia investigadora ante la ciénaga de

corrupción.

Sí, en efecto, hay un “plan de demolición moral y peligro democrático”, pero protagonizado por Sánchez y sus socios con la complicidad silente y aprovechada del PSOE.

Sánchez está instalado en el marco cognitivo de los totalitarios: “la democracia soy yo”

(artículo publicado en Vozpópuli, 22.06.2025)

La Constitución española es un texto escrito que expresa la voluntad constituyente de principios, valores, instituciones y procedimientos acaecida en un momento histórico del que hay memoria, aprobada reglamentariamente y sancionada por el pueblo español (1978). Por tanto, no es solamente un texto cualquiera susceptible de interpretaciones, sino una realidad viva a cuya constitucionalidad o no se accede directamente por el entendimiento de “lo constituido” como expresión de la voluntad constituyente. Este es el marco, contenido y límite de la actividad interpretativa de la racionalidad. Kant afirmaba que la debilidad de la razón consiste en alejarse al máximo de la experiencia y tiende a empantanarse en contradicciones especulativas.

La ponencia citada se explaya en profusas argumentaciones y conclusiones muy alejadas del conocimiento derivado del entendimiento del “hecho constituido” (lo trato después). Las citas y argumentaciones de la ponencia aparecen subordinadas ab initio a un fin teleológico con el propósito de validar la ley de amnistía que contamina todo el edificio argumentativo.

Diversos juristas han identificado algunos núcleos argumentales erróneos de la ponencia para validar la amnistía. Uno es directamente político: “mejorar la convivencia”. Intención loable, pero el TC no es competente en materia de convivencia; no es su función. Garantizar la convivencia es competencia individual, social y política, pero no de un órgano de garantías constitucionales. Otro es aditivo o creativo: ir más allá de la Constitución al afirmar que “es permitido lo que no está prohibido expresamente”. Este principio rige en la vida civil como garantía de las libertades civiles. Sin restricciones legales específicas, los individuos son libres de actuar (permissum videtur id omne quod non prohibitur), pero es impropio e inadmisible de la justicia constitucional, pues amplia sin límites la potestad legislativa de los parlamentos y subordina la potestad garantista del tribunal constitucional. Así, la Constitución queda reducida a un simple referente formal carente de fuerza vinculante en función de intereses agregados de la agenda política. Hay multitud de cosas que no constan en la Constitución y no por ello están permitidas en un enfoque sistemático del orden constituido. Por ejemplo, la bigamia o el canibalismo no constan en la Constitución, pero no pertenecen al orden constituido como tampoco a amnistía.

Por el contrario, la doctrina constitucional, después de los abusos de poder que condujeron a las guerras mundiales, evolucionó hasta entender la Constitución como un todo normativo vinculante, “norma fundamental” en expresión del Kelsen, irreductible a la creación de contenidos constitucionales nuevos por el parlamento. La Constitución es un límite al poder político. Esta es la función garantista de los tribunales constitucionales, opuesta a la barbarie de supeditar la Constitución al poder sin límites de trágicas consecuencias. La ponencia del TC incurre en el vicio de legitimar una voluntad de poder inconstitucional. Es un vicio de bulto, arbitrario.

Como la amnistía no consta en la Constitución para justificarla necesita recurrir falazmente al principio ilimitado de “lo no prohibido es permitido”. En términos constitucionales tiene un efecto devastador porque corrompe la “unidad de sentido de la Constitución como un todo”, excluyente de lo que no consta de forma expresa. Así fue aprobada y sancionada la Constitución. Si se quieren añadir contenidos debe hacerse de forma inequívoca a través de la Reforma constitucional como está previsto en la propia Carta Magna, en el Titulo X, a través de dos procedimientos (arts. 167 y 168).

Pero, volvamos al principio, al orden constituido en el proceso constituyente. Aquí está el motivo por el cual la amnistía no cabe en la Constitución, fue expresamente excluida del texto constitucional por las Cortes constituyentes (en coherencia con los acuerdos de la Ponencia constitucional del 3.11.1977 de no incluir la amnistía en la Constitución). Y así consta en el texto constitucional sin dejar resquicio a la duda o al juego de las interpretaciones. En efecto, la Constitución en el Título II, de la Corona, otorga al rey “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales” (art. 62, i). En consecuencia, se entiende que el derecho de gracia incluye el indulto personal motivado y excluye de forma expresa el indulto general. Aquí está el techo del derecho de gracia. La amnistía ni se nombra. El motivo es simple: el indulto personal borra la pena por el delito, pero no la culpa que permanece. Este es el techo de responsabilidad de la Constitución: los delincuentes, individualmente, pueden lograr la absolución de las penas, pero no la culpa por los delitos juzgados en sentencia firme.

La amnistía va más allá, borra la culpa y el delito como si no hubieran existido. Queda claramente fuera del marco constitucional porque anula el principio de responsabilidad: la culpa por los actos delictivos. Este principio guarda coherencia sistemática con los principios y valores constituidos. En efecto, España con la Constitución se instituyó como “Estado social y democrático de derecho” (art. 1) con sometimiento de todos, “ciudadanos y poderes públicos a la Constitución...” (art. 9). La responsabilidad por el delito es la norma constitucional en oposición a la arbitrariedad que supone la amnistía. Hay constituciones que contemplan esta figura; la nuestra no.

El Tribunal constitucional es un poder público sometido únicamente a la Constitución. Significa que no puede ir más allá con argumentaciones creativas o que excedan el marco constituido. Tampoco a validar leyes no constitucionales como la de amnistía. En la propia ponencia se expresa que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”, otorga así, arbitrariamente, prevalencia al poder legislativo en contra de su función garantista. La amnistía no es materia legislativa porque como se ha expuesto no figura en la Constitución y su contenido material sobrepasa con creces el techo constitucional en materia de derecho de gracia.

El Tribunal constitucional nos debe respeto a los españoles y a la Constitución cuyos miembros juraron o prometieron cumplirla y hacerla cumplir a todos. Si el TC declara constitucional la amnistía, incluso con salvedades e interpretaciones conformes, faltará a sus deberes inexcusables. Por lo expuesto, no hay argumentos que puedan justificar lo injustificable: la amnistía no pertenece al orden constituido. Los argumentos expuestos en la ponencia no pueden contrarrestar ni anular el conocimiento práctico que procura el entendimiento.

(publicado en Vozpópuli, 10.06.2025)

Santos Cerdán no es sólo un señor que manda en el PSOE. Es el artífice del pacto socialista con populistas y radicales, escenificado por primera vez en Navarra, con el que se puso a prueba el modelo del pacto de investidura que hoy nos gobierna. Es el muñidor (en Suiza y sin testigos, que luego lo graban todo) de los pactos con Puigdemont, el delincuente huido con el que se ha tratado la compraventa de escaños a cambio de leyes a la medida.

María Chivite es criatura de Santos Cerdán, como lo es su gobierno regional. Un gobierno que no tiene la capacidad de respuesta que Navarra necesita ante su declive económico, ni la capacidad de acción que necesitan las poblaciones navarras donde ya no existe ni la libertad de quejarse de los abusos de los sectarios. Un gobierno al que otras regiones adelantan por derecha, izquierda y centro, y que pierde oportunidades a diario.

Pedro Sánchez es criatura de Santos Cerdán, tanto como Cerdán es criatura de Sánchez. La manipulación de su reelección, la gestión con mano de hierro en un partido que (hasta esa reelección) tenía una cierta democracia interna, el uso de “fontaneros” para acallar oposición interna y arrinconar rivales, son acciones de Cerdán con las que se ha ganado el puesto de “mano derecha” que ha ejercido, en compañía de Ábalos, desde entonces.

El gobierno de España es criatura de Santos Cerdán, porque se construye sobre un pacto que es una reedición del de Navarra. Un pacto que parecía imposible a Sánchez (imposible, insufrible, impensable… e incompatible con el sueño, como decía el afectado) hasta que vio que le compensaba. Un pacto que se agrava con la presencia de partidos con la intención explícita de degradar el Estado de Derecho y las instituciones españolas, además de su prestigio internacional.

El programa legislativo y de gobierno en España es criatura de Santos Cerdán, porque se deriva de esos pactos suicidas y de la necesidad de blindarse ante el manifiesto comportamiento delictivo de tantos cargos socialistas, empezando por los que gobiernan el partido (eso significa ser “secretario general”). El ataque directo, masivo y sistemático al prestigio y la independencia de la justicia (nombrando a los jueces que juzgarán a los políticos y controlando a quien decide si acusarles o no), la neutralización de los cuerpos de investigación de la Policía, la infiltración de empresas públicas y de comunicación (controlando la publicidad y a quienes viven de ella), son medidas totalitarias que sólo benefician a quien necesita protegerse. Son medidas que perjudican al partido, al país, hasta a Sánchez, pero benefician a sus parásitos.

El 12 de Junio se hizo público el informe de la UCO que documenta la corrupción de altos cargos del PSOE y de su gobierno, repartiéndose mordidas en la concesión de obra pública. No se documenta la implicación directa de Sánchez (aunque Aldama ya acusa directamente a su esposa de presionar a los dueños de Air Europa pidiendo contrapartidas por el rescate). Pedro Sánchez ha comparecido, pedido perdón por dejarse engañar, y prometido una auditoría del partido. Podía haber prometido una del Zoológico de Madrid, que tiene lo mismo que ver.

El informe no acusa al PSOE de financiación ilegal. Señala indicios de corrupción personal masiva en la secretaría general del PSOE y en varios ministerios, con un reparto por provincias del cobro de mordidas en obra pública. Pero francamente, las mordidas son lo de menos. Lo importante es lo que prueban sobre el régimen político que nos gobierna.

Los papeles de la UCO han dejado claro el problema real de España. No es un gobernante sin escrúpulos o un partido sin principios. Es lo que les utiliza para medrar. El régimen de Santos Cerdán, que ha dado forma a lo que aún gobierna España, es sencillamente una cleptocracia. El gobierno por, y para, ladrones.

Imagen: el reparto de los cleptócratas, creada con IA.

Hago un recorrido histórico y jurídico de la lengua española desde la Alta Edad Media en convivencia con las otras lenguas hispanas. El español desde su origen ha devenido un eje de cohesión nacional y convivencia frente al fraccionamiento político-lingüístico.

Con casi 500 millones de hablantes nativos, el español trasciende fronteras y se consolida como un vehículo esencial de comunicación y cohesión a nivel mundial. Sin embargo, en España, esta lengua universal se enfrenta a retos singulares, derivados de su convivencia con lenguas cooficiales en determinadas regiones como el catalán, el gallego, el valenciano o el euskera.
Examino cómo esta coexistencia, lejos de ser un espacio de enriquecimiento mutuo, ha generado tensiones políticas y sociales que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Desde la educación hasta la administración pública analizo cómo ciertas políticas lingüísticas priorizan las lenguas regionales, marginando al español pese a su estatus de lengua propia de todos los ciudadanos españoles y oficial en todo el territorio nacional.

A través de un enfoque crítico y documentado, denuncio las prácticas que discriminan a los hispanohablantes en regiones con cooficialidad lingüística donde viven casi 20 millones de españoles, y pongo de manifiesto cómo estas políticas limitan la movilidad, la igualdad de oportunidades laborales y el acceso a derechos básicos. Al mismo tiempo, reivindico el valor del español como nexo civilizatorio universal, capaz de conectar a millones de personas con un patrimonio espiritual y económico: cultural, literario, comercial, científico y tecnológico compartido.

Lejos de proponer una uniformidad excluyente, planteo la necesidad de una política lingüística nacional inclusiva, que respete la diversidad sin menoscabar los derechos de los hispanohablantes. Con datos, argumentos y una apuesta por el consenso constitucional, hago una llamada a recuperar la convivencia armónica que inspira nuestra democracia.

Cada día los medios de comunicación dan cuenta de la incompetencia de cargos públicos de la red clientelar del partido del poder, cuya metástasis ha colonizado todas las instituciones públicas como Banco de España, Tribunal Constitucional, empresas públicas y privadas participadas que actúan para servir al jefe con encubrimiento, sumisión y enchufes. Lo hemos visto con el apagón total de la red eléctrica provocado por servilismo y elusión de responsabilidad, en las averías constantes en trenes de cercanías y de larga distancia, en la falsedad de los datos públicos de paro real, en el asedio al Estado de derecho, en la ocultación de información (los viajes de Pedro Sánchez en Falcon y los viajes secretos a República Dominicana, en la negación de información a las Cortes por casos de corrupción de familiares y miembros del PSOE investigados por la Justicia...

Cada día vemos en el Congreso de los Diputados preguntas de la oposición al gobierno, no solo sin la respuesta debida sino con la inversión de los papeles: el gobierno critica a la oposición con descalificaciones para eludir su deber de responder a las preguntas. El Congreso es un parlamento lleno de "arenques rojos" (falacia argumentativa para eludir y distraer sin responder), un escenario en el que los debates y las preguntas importantes se pierden entre maniobras de distracción y el ruido de acusaciones. Cada intervención, cada argumento, se convierte en un pez que desvía la atención hacia lugares que no aportan veracidad, dejando a la ciudadanía atrapada en un círculo de frustración y escepticismo.

La democracia española está en retroceso dominada por el poder partidario, creador de una masa ideologizada inmune al principio de realidad, pero los hechos son reveladores, como muestra los siguientes: “España ha empeorado cuatro puntos en la percepción por corrupción política entre 2023 y 2024” (Transparency International). “La calidad institucional se ha deteriorado en los últimos 20 años” (Banco de España). “La autoestima de los ciudadanos españoles ha retrocedido más que el resto de los 24 países consultados” (Country Rep Track de Elcano). El desarrollo socioeconómico está gripado y avanza el empobrecimiento social pese al crecimiento del PIB en 2024, “con ratios de déficit público y deuda respecto al PIB muy altos, en situación crítica” (consultora Freemarket), “destrucción de 197.000 empresas entre 2022 y 2023 (el Economista, 15.07.2024), “alta tasa de desempleo juvenil del 27,4 %” (Eurostat), pérdida de capital humano “ en 2021 salieron de España 19.622 jóvenes con formación superior” (INE), “la cifra de negocios del sector industrial disminuyó un 6,8 % en 2023 (INE) y “la inversión extranjera se desploma en 55% en comparación con 2018 bajo el gobierno de Sánchez...” (El Economista), “la calamidad pública por la Dana en Valencia evidencia irresponsabilidades criminales tanto en la prevención como en la gestión del Estado”https://www.vozpopuli.com/opinion/la-dana-una-tragedia-en-busca-de-responsables.html.

Los hechos expuestos expresan el poder del partido que gobierna: mantenerse en el poder en minoría a cualquier precio sin presupuestos, con corrupción institucionalizada y compra de voluntades, baja calidad e instrumentalización de las instituciones, asedio a la independencia judicial, acomodo interesado del código penal, desconfianza en el potencial de desarrollo, irresponsabilidad en la prevención y gestión de la seguridad ciudadana, dejación en la calidad de los servicios públicos, maniobras de ocultación y opacidad en la gestión pública, cambios de opinión y la mentira, propaganda en lugar de información veraz, criminalización de la oposición... Todo ajeno y contrario a la cultura democrática con el agravante de una población española que va normalizando progresivamente lo anormal, la corrupción y la mentira.

¿Cómo hemos llegado a esto? Es bien conocido, las democracias mueren si no son capaces de regenerarse y caen en manos de líderes autoritarios como está sucediendo. No es nuevo, la democracia es frágil, pese a las crisis sobrevive cuando anida en la conciencia de los ciudadanos y en su voluntad de ser libres y no ser engañados. Sobrevive en las instituciones libres del dirigismo político, en la independencia de los jueces, en el profesionalismo de funcionarios, periodistas y profesores... ¿Disponemos de esta masa crítica de valor para la regeneración? El dilema es sustantivo: degradación partitocrática o democracia.

Hay sobrados ejemplos de los males que siguen a la destrucción de las democracias por líderes autoritarios e ideologías iliberales. Recientemente hemos asistido a la quiebra de la democracia venezolana por el régimen autoritario y represor de Maduro al imponer su poder de facto sobre el resultado electoral (2024), o la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua con retrocesos democráticos desde 2006 y represión, o el consolidado régimen totalitario castrista con una ciudadanía cubana empobrecida y enjaulada. También la Federación rusa con Putin en el poder durante más de dos décadas ha evolucionado hacia un régimen autoritario expansivo con la eliminación de opositores. Hoy la democracia norteamericana está amenazada por el autoritarismo del nacionalismo plutócrata de Trump.

El historiador alemán Volker Ullrich explica en el ensayo, El fracaso de la República de Weimar (Taurus), la fragilidad de las democracias por la incapacidad de superar el Estado autoritario por la flaqueza y complicidad de las élites, ejército, burocracia y judicatura, como sucedió con la democracia de Weimar (1919-1933) con el ascenso del partido nacionalsocialista de Hitler. La ley habilitante (1933) le dio plenos poderes al Führer contra la Constitución, convertida en papel mojado.

Con diferente grado, pero de la misma raíz autoritaria Sánchez-PSOE y los pequeños partidos satélites que le mantienen por interés (ultraizquierda y secesionistas) se han apropiado del Estado y legislan contra la Constitución, como hacer constitucional la amnistía por un tribunal de garantías mayoritariamente nombrado para ser cómplice. Imponen políticas iliberales de regresión totalitaria pese al marco europeo formalmente garante de la democracia liberal. Este contexto obliga a Sánchez a controlar ciertas formas, pero la ambición de estos partidos es mantener el poder con tres estrategias: eludir las responsabilidades poniendo el foco en la oposición (Covid-19, Dana-2024, corrupción Sánchez-esposa-hermano-Ábalos-Gallardo, García Ortiz, apagón...), la propaganda progresista para condicionar el voto cautivo de izquierda y secesionista (fijar el foco en el enemigo, por ejemplo, el martilleo diario de TVE y la Sexta con “Mazón-culpable” y la “derecha-ultraderecha”, igual que los secesionistas con “España-culpable”), el miedo (nos quitarán derechos), y el progresivo empobrecimiento socioeconómico y cultural (una población sometida y dependiente es garantía de permanencia en el poder). Pese a la degradación real los ciudadanos cautivos siguen dando a Sánchez entre un 28,8 % del voto (encuesta Target Point para El Debate) o un 27,6 % (Vozpópuli/Hamalgama Métrica). Quizá no sumen, pero para eso están las ingenierías electorales, como regularizar inmigrantes en masa y otras maniobras electorales de inspiración bolivariana.

Las amenazas contra la democracia liberal, aparte de las influencias desestabilizadoras por agentes externos, como la trama rusa en el proceso secesionista catalán, provienen del sistema constitucional del poder público y del sistema de partidos políticos. En España ambos sistemas son frágiles. Líderes autoritarios, como ahora Sánchez o los líderes secesionistas en sus feudos, se apropian y moldean los resortes del poder (instituciones, recursos, redes de influencia e información) para sus propios fines y sortean los límites constitucionales.

Veamos brevemente los puntos más frágiles y moldeables por la partidocracia de nuestro sistema político:

—Carencia de contrapesos efectivos al poder. No tenemos separación neta de poderes legislativo, ejecutivo y judicial (sólo tenemos división funcional de poderes). Ahora el poder ejecutivo controla el legislativo y condiciona el judicial. Tampoco tenemos elecciones a medio plazo entre legislaturas (cuatro años son una eternidad en política).

—Poder incondicionado del poder ejecutivo. En nuestro sistema el control del legislativo por el ejecutivo da un poder ilimitado al presidente. El poder sin límites corrompe. Así ha sido y es actualmente con Sánchez: logró la investidura con pactos con 13 partidos minoritarios al alto coste de vender trozos de la soberanía de todos. No le dejan caer porque con él logran lo imposible.

—Erosión y deterioro del Estado de derecho: control político de la judicatura y del tribunal constitucional, adecuar el orden legislativo a los intereses partidarios (eliminar delitos del código penal para favorecer a socios, y legislar a su favor con la amnistía ajena al orden constituido, acceso político a la judicatura en trámite), maniobrar contra la independencia judicial, atacar las decisiones judiciales.

—Escaso nivel representativo del pueblo español en las Cortes. Los diputados y senadores no representan a ciudadanos de distrito electoral ni responden ante ellos. Representan a los jerarcas de sus partidos no a los ciudadanos. El sistema electoral es de listas cerradas y bloqueadas (el ciudadano traga con toda la lista; no conoce a la mayoría).

—Disfuncional sistema electoral. Genera fragmentación y dependencia de partidos minoritarios. El poder de los partidos regionales, especialmente secesionistas, ha sido determinante en 11 de las 15 legislaturas habidas entre 1979 y 2023.

—Escasa o nula independencia de instituciones de control del poder. Tribunal constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Banco de España, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Instituto de Estadística, órganos de transparencia y fiscalización...

—Desmedido intervencionismo político: gobernar sin presupuesto, opacidad en el gasto público desmedido, relativizar la propiedad privada (normalizar la ocupación de inmuebles, impuestos confiscatorios), nacionalización directa e indirecta de empresas, convertir los medios públicos de comunicación en propaganda partidista...

La regeneración de la democracia española pasa por revertir estas amenazas en oportunidades de desarrollo, acometiendo, con valor, los cambios imprescindibles para devolver la integridad nacional, seguridad jurídica, pluralismo y trasparencia, competencia económica, unidad del mercado, calidad educativa y cultural y prestigio internacional.

(publicado en Vozpópuli 28.05.2025)

Isaac Asimov, conocido por el gran público moderno por la abominable serie construida sobre su obra (La Fundación), fue un científico al que le interesaba la historia, le gustaba la ciencia ficción, y se le daba bien escribir con sencillez. Produjo decenas de libros y cientos de cuentos y visitó (o redefinió) muchos de los conceptos fundamentales para la innovación, especialmente la robótica. Recomiendo hasta el último de ellos, por mucho que la mayoría hayan quedado obsoletos en un sentido u otro.

“Profession” (https://en.wikipedia.org/wiki/Profession_(novella)), una de sus historias largas menos conocidas (y sin robots ni IAs) trata de una sociedad humana multiplanetaria en la que los jóvenes adquieren sus competencias profesionales mediante transferencia. Llegan a una edad, reciben su competencia, salen al mercado y realizan su labor. El lado negativo es que esas competencias van quedando obsoletas y pierden valor con el tiempo, y esas personas no son capaces de adquirir más.

Un pequeño grupo de personas queda fuera de ese ciclo. Se les priva de esa transferencia, forzándoles a aprender a la antigua, a progresar con esfuerzo, a debatir y experimentar. Lo que parecen parias resultan ser los científicos y creadores, los que generan lo que queda de pensamiento original, los innovadores. Los que crean las competencias que se embotellan, venden, implantan y exportan con cada generación.

Cuando empezamos a ver venir las capacidades de la IA, hubo quien se lo planteó como un peligro para el empleo. No lo es. Es un mecanismo que aumenta la capacidad de las personas para acceder a conocimiento sintetizado y aplicado, la capacidad de reconocer patrones y aplicar ejemplos. Es un aumentador de la productividad y un estandarizador. Y se está aplicando de modo que no hace falta ser un experto en prompts para generar respuestas.

Con la IA, los chavales generan versiones de un examen para practicar problemas, los artistas generan borradores de sus ideas en segundos, los médicos detectan patrones casi invisibles para generar diagnósticos, los investigadores pueden extrapolar moléculas y sus cualidades sin pasar por el laboratorio, y los presidentes del gobierno pueden plagiar con más comodidad. Todo el mundo es más productivo. El conocimiento básico, agregado, destilado, es mucho más accesible y mucho más barato. Eso no perjudica el empleo, pero afecta a otras cosas.

La producción científica ya consistía esencialmente en pequeñas revisiones incrementales sobre tesis aceptadas. Las búsquedas y citas ya se concentraban enormemente por áreas y por papers (el “efecto Google”: lo más citado es lo más visto y por tanto lo más citado). La IA va a aumentar esta ceguera selectiva, esta falta de innovación, este efecto moda. La eficacia de la IA depende de la cantidad de la muestra: sabe más de lo que más se ha hablado, y no sabe nada de cosas nuevas. Quien basa su trabajo en lo que sabe la IA, o la consulta para conocer la actualidad, está trabajando como los jóvenes que adquirían su formación por transferencia. Sí, hará su trabajo de un modo muy eficiente, pero sólo dentro del camino marcado. Dicho de otro modo: un prompt no puede conseguir que un modelo genere algo cuyos componentes no han sido ya conocidos, clasificados, tamizados y asumidos. Se pueden organizar de un modo original: no es poco, pero eso es todo. Y no olvidemos que eso es exactamente lo que hacemos los humanos la mayor parte del tiempo: reconocer y reconstruir patrones aceptados.

La generación de contenido (y conocimiento) original no pierde valor: lo que lo pierde es la generación de iteraciones, porque lo puede hacer cualquiera. Hoy, un logo puede ser creado por IA de forma completamente satisfactoria para la inmensa mayoría de las empresas… pero uno rompedor, uno que innove en forma o significado, no. Un logo creado por IA que destaque de la masa tiene su mérito. Un libro de autoayuda se puede generar automáticamente, sintetizando miles de muestras, pero un pensamiento original no. Incluso un prompt bien hecho tiene un trabajo (y un arte) que no es inmediato. Esto no significa que los diseñadores se queden sin trabajo: significa que han cambiado sus herramientas, que la exigencia de calidad ha subido, y que la tendencia a estandarizar se ha multiplicado. Quien le pedía el logo al sobrino se lo seguirá pidiendo.

La IA también ayuda a innovar, porque la innovación suele pasar por aplicar una idea conocida a un problema nuevo, o entender los patrones que definen un fenómeno inexplorado. Pero ser capaz de orientarla hacia algo nuevo e importante no está al alcance de todos.

El cuento de Asimov, como el modelo de un economista (o este análisis), sólo tiene valor como simplificación. Pero es una simplificación valiosa.

Imagen creada con Flux Schnell y un prompt original.

Han convertido el catalán en un instrumento de dominación contra las personas según un patrón excluyente: sometimiento o marginación con delaciones, multas y señalamiento, cuando debería convivir en igualdad con el español en la vida civil, institucional, educación y medios de comunicación. Secesionistas y socialistas han convertido el catalán en lengua del poder contra la sociedad, pues la mayoría social en Cataluña tiene el español como lengua habitual. El Pacte Nacional per la Llengua, firmado ahora por el gobierno de Illa (PSC) con ERC, Comunes y algunas asociaciones subvencionadas, es un dique totalitario contra al orden constitucional y los derechos civiles. Busca condicionar al Tribunal Constitucional que debe sentenciar sobre la eliminación del carácter oficial y vehicular del español en la educación por la Ley del Parlament 8/2022. Los más belicosos (Junts y CUP) no firman; quieren mucho más. Estamos, pues, ante otra manifestación de la dictadura lingüística, ejercida con prepotencia, abuso de poder y violencia. Sí, con violencia, pues la ejercen con señalamientos, multas, marginación, coacciones, exclusión...

El proyecto político del catalanismo es la secesión de España y la guerra de exclusión del español es una de sus armas para construir una sociedad homogénea, con el catalán como única lengua de identidad personal. Este es el fin de su lucha sin cesiones, por todos los medios, porque lograr el dominio lingüístico, mental y emocional de una masa crítica de población haría inevitable la secesión. He aquí el motor del proyecto de élites catalanas secesionistas contra la catalanidad española de larga y fecunda tradición multisecular con dos lenguas ¾español y catalán¾ de comunicación y cultura. Como no pueden lograr la secesión a las bravas con un enfrentamiento militar como hace Putin con Ucrania, emplean otras “armas” de lucha para ampliar su poder.

Los partidos secesionistas catalanes (Junts, ERC, CUP y AC) se sienten dueños de las competencias cedidas por el Estado y las utilizan como armas de separación. Ahora cuentan con el colaboracionismo entusiasta del PSOE y del PSC: la presidencia de Illa depende de ellos.

Hasta que logren la independencia total operan, cual rémora, como un Estado aparte con la complicidad de Sánchez-PSOE. Están creando las condiciones de “frontera”, esto es, imposiciones, requisitos y sanciones lingüísticas junto con el control migratorio. Sánchez en precaria minoría ha pactado, por los siete votos de Junts, la transferencia inconstitucional, aunque sea por delegación, de las migraciones y el control fronterizo. Ya tienen preparado el proyecto de ley migratoria catalana: establece que para acceder a la residencia o tener permiso de trabajo a otros extranjeros es exigible el conocimiento del catalán. También puede ser exigible a otros ciudadanos españoles procedentes de otras provincias, pues la Ley 8/2022 estableció que la única lengua propia y vehicular de Cataluña es el catalán, aunque está recurrida por inconstitucional al TC desde 2022. Miremos si no el paralelismo establecido por Jordi Turull, secretario general de Junts: “si conocer el castellano en Zamora es un requisito para obtener los permisos, conocer el catalán para los que estén en Cervera o Palafrugell también tiene que ser, como es normal, porque el catalán es la lengua propia de Cataluña”.

El español, lengua mayoritaria de los ciudadanos catalanes es reducida a la condición de lengua extranjera en Cataluña: lengua de los españoles, no de los catalanes. Estos mensajes como una gota malaya filtran en la conciencia de muchos, crea adictos fanáticos, pero también rechazo de muchos catalanes, tanto de lengua materna catalana o española, contra el sectarismo y la manipulación. Tanto es así que la mayoría de los jóvenes opta por el español como lengua habitual.

La estrategia de manipulación a propósito de la lengua llega incluso a la encuesta periódica sobre unos lingüísticos en Cataluña IDESCAT. (ver en https://www.idescat.cat/novetats/?id=5138). Además de preguntar sobre la lengua materna, que permite distinguir la evolución de hablantes nativos en catalán y lengua de uso habitual, añaden la lengua de identificación para comprobar cuantos no nativos en catalán se identifican con esta lengua (ciudadanos asimilados que se identifican con el catalán en detrimento de su lengua materna). Estos son los porcentajes sobre la lengua de identificación: el 30% de la población se identifica con el catalán, el castellano es la lengua de identificación del 40,4% de la población. La clave está en el siguiente dato que ha aumentado desde 2018: el catalán junto con el castellano son las lenguas de identificación del 14,6% de la población, muchos de ellos hablantes de español que se identifican también con el catalán. Puede ser la vía intermedia para la decantación identitaria por el catalán como única lengua. Este es el fruto preciado después de tantas presiones, violación de derechos y cuantiosos recursos públicos dedicados a la hegemonía del catalán en la vida pública y privada (más de 100 millones de euros en 2024 sin contar con los medios públicos y financiados de radio y televisión exclusivamente en catalán. Sólo el presupuesto de la Corporación catalana de Medios Audiovisuales asciende a 330,5 millones de euros en 2024).

El dogmatismo con la lengua como signo identitario asociado a motivos raciales es un rasgo característico de los nacionalismos esencialistas. Lo encontramos en los nacionalismos vasco, catalán, galés, irlandés, quebequés, etc. aunque con enfoques bien distintos desde el cívico galés al étnico integrista catalán.

Los ideólogos nacionalistas, tanto catalanes, vascos y gallegos, desde el siglo XIX construyen las diferencias identitarias basadas en motivos raciales y lingüísticos con marcadores distintivos que nutren el supremacismo y la xenofobia. Por ejemplo, Pompeyo Gener (1848 ¿? -1920) “creemos que nuestro pueblo (Cataluña) es de una raza superior a la de la mayoría de los que forman España”. En similares términos, Pere Muntanyola, Francisco Cambó o Prat de la Riba (Catalunya es “La comunitat de gents que parlan una mateixa llengua, tenen una historia comuna, y viuen agermanats per un mateix esperit... “Usar en tots los actes publichs y privats la llengua catalana, com a única oficial de Catalunya”, en el Compendi de la doctrina catalanista, 1894). Y más recientes, Jordi Pujol (denigrando a los andaluces: poco hechos, anárquicos, ignorantes, desarraigados...), Joaquim Torra (los españoles, bestias con forma humana...con un bache en su cadena de ADN), Oriol Junqueras (los catalanes, más proximidad genérica con franceses e italianos).

Actualmente, la investigación genómica ha sido contundente en el desprestigio de la identidad racial y lingüística (ver en, Genes, pueblos y lenguas, Cavalli-Sforza, 1992), pero los nacionalistas la han sustituido por la “identidad cultural” con la lengua diferencial como motivo esencialista del patrioterismo nacionalista: “la lengua es la nostra patria”, objetivamente falso. La investigación de Stephen Burgen en, Las lenguas de Cataluña (2020) evidencia el multifacetismo y fluidez de las identidades lingüísticas: “Los catalanes multilingües tienen un enfoque fluido del lenguaje que no está ligado a la identidad”. “Viven el lenguaje más como una herramienta...”

Por el contrario, las políticas secesionistas imponen a la población cuando tienen poder institucional un código de selección fuerte: identificación/no identificación; uso habitual/no uso habitual, que funciona a la práctica como patrón de diferenciación identitaria y emocional como estrategias de hegemonía cultural. Sus éxitos políticos se sustentan en la identidad diferencial, cultivada con la exclusión lingüístico-cultural y la xenofobia: cancelación de España, el español y los símbolos comunes (bandera, memoria compartida...). En el actual Estado constitucional español les ha funcionado; han ganado todas las batallas contra la unidad y la igualdad de derechos. Han sometido a sectores de la población a su visión cultural y política, con vínculos fanáticos de pertenencia, esto es, sectarios, intransigentes e intolerantes. Es difícil “salir de la tribu secesionista”, por eso es interesante la experiencia de personas que logran salir y recuperar su conciencia personal, criterio propio y libertad de pensamiento.

En estas condiciones el catalanismo no ha evolucionado hacia un nacionalismo cívico con arreglo a la Constitución, sino que se ha reforzado como movimiento político secesionista. Sigue anclado en la etnicidad esencialista lingüístico-cultural porque les da poder y resulta eficaz como arma de frontera que divide, separa y excluye. He aquí el fracaso rotundo del orden institucional de la Constitución, pues una de sus bases fundacionales era la integración solidaria de los nacionalismos en la Nación española. Los secesionistas son responsables por acción pertinaz, los gobiernos nacionales por omisión y dejación y el Tribunal Constitucional por acomodo y cesión al marco conceptual nacionalista (doctrina creativa y en parte contradictoria con el orden constituido).

Hemos cedido en lo fundamental: la catalanidad española. Veámoslo con perspectiva que desautoriza el argumentario nacionalista: catalanes, vascos, gallegos y el resto de los españoles, como aragoneses, navarros, asturianos, leoneses, castellanos, valencianos, etc. comparten el mismo espacio geográfico durante generaciones con intercambios constantes que abarcan linajes, comercio, trabajo; descienden del mismo tronco étnico y mayoritariamente lingüístico (latín) excepto el vasco siendo esta lengua factor del desarrollo del español que devino lengua común para todos; han convivido durante siglos desde la Edad Media, primero en diversos reinos, condados y señoríos hasta la unidad dinástica de la monarquía hispánica, a comienzos del siglo XVI, y a partir del siglo XIX dentro del constitucionalismo moderno. Juntos lucharon contra la dominación musulmana entre los siglos VII y XV para reconstruir la unidad política, cultural y religiosa. Cuando se conquistó Granada se produjeron en Barcelona “las más grandes manifestaciones de alegría que nunca se habían hecho” (dietarios de la Diputación General). También contra la invasión napoleónica, a comienzos del siglo XIX, como fueron los levantamientos populares de Barcelona y Gerona. Galdós relata así el asedio de Gerona: “todos eran españoles los que hablaban en catalán y en español, luchaban unidos con heroicidad y soportaban la crueldad, el hambre y las privaciones”. O en 1860, Víctor Balaguer en su crónica expresa el delirio catalán por el triunfo del ejército español en África a su llegada a Barcelona. El hecho es que la mayoría de las familias vascas, catalanas y gallegas tienen ascendencias de otros españoles, existe una memoria compartida, símbolos y valores con un sentido de pertenencia a la nación española.

Estos ejemplos consuetudinarios de catalanidad española contrastan con el ambiente político y cultural actual dominado por la degradación nacionalista. Las élites secesionistas han destruido los valores fundamentales de la sociedad catalana con la corrupción política y económica, la malversación, el adoctrinamiento educativo y la propaganda.

El catalanismo, también el vasquismo y el galleguismo se construyen en contra de la verdad, la unidad y el entendimiento, con argucias, mitos y argumentarios falaces siempre para servir a intereses de élites políticas, económicas y mediáticas.

Revertir esta desmesura que degrada la vida es más que un deber moral, es una obligación política, educativa y cultural.

(artículo publicado en Voz Populi, 17.05.2025)

Rul atiende a THE OBJECTIVE después de que su libro fuera uno de los elegidos por Impulso Ciudadano para promover un Sant Jordi alternativo para escuchar las voces que discrepan del sistema de inmersión lingüística en catalán. Y en una coyuntura muy concreta, ya que en breve el Tribunal Constitucional dictará su fallo respecto a las leyes del anterior Govern de Pere Aragonès para eludir el 25% de horas lectivas en castellano en las aulas catalanas.

Estrategias de control social

En su libro asegura que las «estrategias de control social» que se emplean en los institutos catalanes «utilizan el conocimiento de la psicología aplicada, la neurobiología y la sociología para ejercer un dominio social mediante influencias selectivas y recurrentes, a personas y grupos con afinidades étnicas y culturales a través del poder institucional, la información interesada, la propaganda, las subvenciones, la presión ambiental, así como aproximarse a los diferentes por origen, lengua o costumbres, para integrarlos incidiendo, incluso, en los rasgos vulnerables de la personalidad».

Entre estas estrategias, destaca la de «atraer la atención a núcleos de interés nacionalista», que se basa en «enfocar determinados temas o motivos en detrimento de otros». «Cuando a través del poder posicional, institucional, social o mediática se logra que unos centros de interés ocupen el campo receptivo audiovisual, se logra distraer la atención de otros temas o motivos con lo que pasan a otro plano de interés».

Nacionalismo catalán y adoctrinamiento escolar

Otra estrategia es «crear problemas y ofrecer soluciones nacionalistas». Es decir, cuando los profesores plantean un problema, se espera causar impacto en la audiencia. «Por ejemplo, si se pone el foco en la violencia terrorista con noticias e imágenes, se induce la demanda de medidas que incrementen la seguridad, a costa de la libertad. Otro ejemplo, si se dice a través de las instituciones de la Generalidad y los medios públicos y subvencionados con dinero público que el causante de los problemas de Cataluña es España («España nos roba», «no nos dejan votar», «no nos dejan decidir», «queremos ser libres y no nos dejan», «España no es democrática», «España es franquista», etc.), se alimentan sentimientos de desapego y desprecio, así como soluciones de ruptura con España.

«Logros fraccionados»

El uso de las «emociones» para llegar «a la mente» también es una de las estrategias, según Rul. «El sentimiento hacia los símbolos catalanes como la lengua, la bandera, el himno y las instituciones se prodiga y utiliza como superior, antitético y excluyente de los símbolos de España».

Esta estrategia del nacionalismo se ha ido haciendo de forma gradual para mitigar una reacción en contra. Y que se acepten cosas que, años antes, habrían sido inaceptables para la mayoría. «En la década de los ochenta del siglo XX, la lengua castellana y la catalana eran cooficiales con el mismo estatus jurídico y vehicular, pero a partir de la década de los noventa se va consolidando la idea de que el catalán es la ‘lengua propia’ de Cataluña hasta convertirla en ley, lo que convierte el castellano, pese a ser formalmente cooficial, en la «lengua impropia».

Hablar sobre el 1-O en clase

Todo este gradualismo para avanzar en la nacionalización de los estudiantes se aceleró con el 1-O. El libro aporta documentos, fotos, correos electrónicos y comunicados que circularon por muchos institutos catalanes para posicionarse ya fuera a favor del referéndum o en contra de la «violencia policial» en 2017. Y posteriormente, a favor de la liberación de los políticos independentistas encarcelados o de las huelgas estudiantiles pro independentistas.

Un caso palmario que expone es cuando la editorial La Galera «envió un enlace a centros docentes con el diseño de una actividad sobre los incidentes del 1-O para que los alumnos hablaran en clase de los sucesos habidos en Cataluña el domingo 1 de octubre de 2017. En la propia web de la editorial se recoge esta información sobre «cómo hablar en clase de lo que sucedió» y se posicionan en contra de la «violencia policial».

Rul señala que este «proceso gradualista» de «adoctrinamiento» sigue vigente. Si bien ahora el procés independentista no representa una amenaza de primer orden, defiende que el modelo educativo está lejos de garantizar la imparcialidad política y la neutralidad ideológica. España, afirma en su obra, se sigue tratando como una realidad distante y abstracta -en el mejor de los casos- o directamente como un «problema» para los intereses de Cataluña.

(Reportaje publicado el 1.05.2025 en The Objective por Laura Fábregas) https://theobjective.com/sociedad/educacion/2025-05-01/inspector-jubilado-adoctrinamiento-escolar-cataluna/

El sistema de responsabilidad en las sociedades regidas por el Derecho se funda en principios objetivos y subjetivos sobre cómo actuar en determinadas situaciones para prevenir y evitar daños en vidas y haciendas y, en su caso, repararlas.

En consecuencia, en la Dana-2024 importa evaluar el hecho dañoso (la tragedia habida), los responsables inmediatos, estatales y autonómicos, competentes en la prevención y gestión de la trágica inundación y los responsables anteriores por eludir ejecutar planes preventivos objetivados en informes técnicos.

Veámoslo con detalle:

1. Hecho trágico de la inundación. De la magnitud de la calamidad pública por inundación, acaecida el 29 de octubre de 2024, principalmente en la cuenca del bajo Turia (Valencia), zonas de Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, dan cuenta estos datos abrumadores: 235 ciudadanos muertos (227 de la Comunidad Valenciana, 7 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía), destrucción de casas, edificios, coches, carreteras, vías de tren, campos de cultivo, dolor e impotencia de los supervivientes, seguido del socorro insuficiente ante la devastación.

La causa meteorológica fue una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), esto es, un sistema de baja presión en niveles altos de la atmósfera, estacionario y aislado de la circulación general de la atmósfera, alimentada por las altas temperaturas del Mediterráneo. La cantidad de agua caída en la cabecera del Bajo Turia (entre los municipios de Utiel, Requena, Chiva y Turís) fue extraordinaria: en solo 3 horas y 20 minutos cayeron 618,01 l/m2, el agua equivalente a un año de lluvias en la zona. La estación meteorológica de Turís registró una precipitación acumulada diaria de 771,81 l/m2 con una precipitación máxima en una hora de 184,6 l/m2 (valor máximo registrado en España).

Su impacto afectó a la presa de Forata por peligro de rotura que ocupó la atención de las autoridades y al caudal oscilante del barranco del Poyo, que pudo hacer dudar a los responsables, pero fue el causante material de la trágica inundación. Este barranco es una rambla de unos 40 Km desde las montañas de Chiva hasta la desembocadura en la Albufera que atraviesa una zona inundable y densamente poblada. A lo largo de día, la evolución del caudal osciló desde los 264 m3/s con los que comenzó la mañana, descendió a 55,86 m3/s a las 14:35 horas, siguió bajando a los 28,70 m3/s a las 15:30 horas, pero a partir de las 17:25 horas hubo un aumento brusco del caudal con una subida exponencial que alcanzó los 2.282 m3/s a las 18:40 horas, cinco veces más que el caudal del río Ebro (la capacidad del barranco del Poyo es de unos 100 a 120 m3/s). La Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ) tardó más de dos horas en avisar del riesgo de desbordamiento hasta las 18:49 horas y lo hizo por correo electrónico al 112. La Generalidad Valenciana dilató el envío de la alerta al móvil hasta las 20:11 horas.

2. Responsabilidades inmediatas. Integra el sistema de competencias entre poderes públicos (Estado y Autonomías) y responsabilidades específicas de autoridades y funcionarios.

La AEMET indicó nivel rojo de riesgo extremo a las 7:31 horas y la Generalidad valenciana lo decretó a las 7:45, pero lo comunicó a los móviles a las 20:11 horas. Hay responsabilidad política de los responsables de la Generalidad Valenciana y, en su caso, judicial. Los tribunales habrán de determinar las responsabilidades penales de autoridades y funcionarios en la prevención de daños personales por la trágica inundación. Cuentan tres factores incidentes: la situación del barranco del Poyo, cuyas obras de seguridad para derivar parte el caudal no se han ejecutado durante décadas, las responsabilidades de prevención, control y gestión diligente de las autoridades no limitada a Valencia pues también afectó a otras autonomías y la inevitabilidad de la inundación por la cantidad extraordinaria de lluvia que puede abonar el criterio de “fuerza mayor” por acontecimientos imprevisibles (caudal con tendencia a la baja y brusca subida después) o inevitables, cuyo efecto jurídico puede exonerar a las administraciones de responsabilidad, pues altera radicalmente la prestación de los servicios públicos.

Por vía judicial se han presentado diversas querellas y denuncias, como la presentada al TSJCV contra el Sr. Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana, inadmitida en diciembre de 2024. Otras en el Tribunal Supremo contra la inacción del Gobierno central, Sres. Sánchez, presidente del Gobierno, Grande-Marlaska, ministro del Interior, Sras. Robles, ministra de Defensa y Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, por su condición de aforados. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, núm. 3 de Catarroja está investigando la responsabilidad penal de la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalidad Valenciana, Sra. Pradas, y del exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Sr. Argüeso. El foco de esta línea de investigación está puesto en la gestión autonómica (lo que hicieron o dejaron de hacer) de estos dos responsables de la administración valenciana para objetivar su posible negligencia criminal en la gestión de la emergencia.

En el Estado autonómico el tema central es determinar si la responsabilidad es solo de la autonomía, en este caso valenciana, del gobierno nacional o de ambos. La legislación sobre la materia, estatal y autonómica, da lugar a interpretaciones como está sucediendo entre las competencias autonómicas y las estatales. Así, el Estatuto Valenciano atribuye competencia exclusiva sobre la protección civil y la seguridad pública, pero sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución Española y en las leyes estatales. La magnitud trágica de la inundación apuntala la responsabilidad estatal como se explica a continuación, pues sobrepasa el ámbito autonómico y compromete las competencias de respuesta a catástrofes graves de la Administración del Estado, del presidente del Gobierno, Consejo de ministros o ministro del Interior, en función de dos referentes legales que atribuyen competencias irrenunciables:

A. Declaración de zona afectada gravemente por una emergencia nacional, en aplicación de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil:

- Son “emergencias nacionales” (EN) las que requieren coordinación de Administraciones diversas, por afectar a diversas autonomías o exijan recursos supraautonómicos (art. 28).

- El ministro del Interior debe declarar la EN a iniciativa propia o a instancia de las autonomías. Actuar con rapidez y eficacia (arts. 29 y 34).

- El ministro del Interior es el competente para dirigir la EN: ordenar y coordinar todos los recursos estatales, autonómicos y locales (art. 30), el mando de la UME (art. 37) además de la propia sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

B. Aplicación de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, cuyo artículo 12 señala los órganos competentes en materia de Seguridad Nacional: el Gobierno, el presidente del Gobierno y los ministros, no los órganos autonómicos, que sólo tienen un papel colaborativo dentro de sus competencias. Es al presidente del Gobierno a quien le corresponde declarar la “Situación de Interés para la Seguridad Nacional”, que le permite adoptar cuantas medidas protejan las libertades, derechos y bienes de los españoles (art. 15).

El hecho incuestionable es la inhibición del Gobierno y del ministro del Interior al no subir la situación operativa al nivel 3 y declarar la “emergencia nacional”. El comité de crisis, reunido el día de la inundación, presidido por la vicepresidenta Montero, Sánchez estaba de viaje a la India, con Grande-Marlaska, Bolaños, Robles y, telemáticamente, Ribera y Bernabé entre otros, decidió por iniciativa propia o decidida por Sánchez no asumir la responsabilidad de la emergencia nacional, ni tampoco declarar la “situación de interés para la Seguridad Nacional”, agravado por una declaración de Sánchez el día 2 de noviembre que marcará su ejecutoria pública: “si necesita más recursos (la Generalidad), que los pida” dejando al gobierno autonómico solo en la dirección y coordinación de una catástrofe que le superaba, reducida a protección civil con arreglo a la Ley valenciana 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias. Faltó la dirección unitaria y la actuación coordinada inmediata: las 48 horas siguientes fueron caóticas, con asaltos y robos y casi medio año después no se ha logrado la normalidad. Hay responsabilidad política del Gobierno, de Sánchez y Grande-Marlaska, por dejación de funciones y obligaciones competenciales irrenunciables; las judiciales, las determinará el Tribunal Supremo.

El tamaño de la calamidad pública habida excede y no puede subsumirse en una gestión ordinaria de emergencias de la autonomía teniendo en cuenta los recursos de que dispone. La progresiva implicación de unidades del ejército, policía, guardia civil evidencian la realidad de una emergencia nacional por la aportación de recursos estatales, además de los autonómicos, municipales (bomberos, protección civil, etc.) y ciudadanos (una avalancha de voluntarios se puso a limpiar y asistir a los damnificados ante la impotencia autonómica y la parsimonia irresponsable del Gobierno). El Estado adoptó medidas a posteriori: declaró luto oficial (RD 117/2024, 30.10), respuesta a los daños (RDL 6/2024, de 5.11 y RDL 7/2024, de 11.11). Eludir la responsabilidad de dirección directa del Estado en esta crisis responde a una estrategia política de desgaste de Mazón (manifestaciones, insultos) al amparo de la idea sanchista de Cogobernanza Estado-Autonomías, pero carece de entidad jurídica. El TC la declaró no conforme con el Derecho español según el art. 103.1 de la CE. No existe tal Cogobernanza sino competencias irrenunciables, eficacia, jerarquía, coordinación con sometimiento a la ley y al Derecho.

3. Responsabilidades anteriores o mediatas. El Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables tiene descritas 32 áreas con riesgo potencial de inundación. Uno de ellos es el que ahora se ha inundado, pero ya ha sufrido 68 inundaciones previas. Siempre que llueva fuerte como ahora con más de 500 l/m2 en la cabecera zona (Requena-Utiel) las aguas descenderán rápidas por barrancos e inundarán las zonas bajas próximas al mar.

Tuvimos un Plan Hidrológico Nacional (2001) que no se ejecutó porque Zapatero en 2004 decidió suspenderlo y no se ejecutó ninguna de sus disposiciones que incluía la construcción de la presa de Cheste con capacidad de unos 8 Hm3 para evitar inundaciones en 16 municipios, muchos de ellos ahora afectados por la inundación. Tampoco se ejecutó la restitución y adaptación de los cauces naturales de los barrancos de Torrente, Chiva y Pozalet con dos diques de contención. Tampoco el encauzamiento de los barrancos de Carraixet y Palmaret y la adaptación de los cauces naturales del barranco del Poyo y todas las demás disposiciones. Hay responsabilidad en todo ello que por no ser inmediata no se tiene en cuenta.

Los Planes de la Generalidad Valenciana del gobierno del presidente Puig de 2007 y del 2021 no establecieron medidas efectivas de ordenación para la prevención de riadas de las zonas inundables. Hay responsabilidad en todo ello que por no ser inmediata no se tiene en cuenta.

La ministra Teresa Ribera desautorizó, en 2021, las propuestas de la CHJ (2020) de drenaje y remodelación del cauce del barranco del Poyo, a su paso por los municipios afectados por la DANA, con la construcción de un azud (derivación de parte del caudal en una red de acequias para evitar inundaciones) por ser incompatible con la Ley de la Huerta de Ximo Puig (2018). El presidente Sánchez excluyó de su plan climático con 235.000 ME la presa de Cheste que evitaría inundaciones en Valencia Sur. Todas estas responsabilidades preventivas desatendidas presentan una relación causal mediata con los hechos. La cuenca del Bajo Turia es una bomba de relojería. Ahora ha estallado y lo volverá a hacer si no se ataca la causa: el barranco del Poyo, de Chiva, la seguridad de las presas y el urbanismo. Hay responsabilidad política y, en su caso, judicial del presidente del Gobierno y de la Sra. Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición ecológica.

En los últimos 30 años se han suspendido 9 proyectos para proteger a los ciudadanos de la Huerta Sur de las inundaciones ¿quién asume y responde por los daños evitables ocasionados?

Desde 1789, una palabra mágica que contiene todos los futuros imaginables y nunca está tan cargada de esperanza como en las situaciones desesperadas; es la palabra revolución

Simone Weil

Desde el día que tomó posesión, el 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro ha intentado instalar en la cultura política colombiana una nueva épica revolucionaria. Con el Rey Felipe VI entre los invitados, Petro inició su discurso inaugural ordenándole a los soldados de la Casa Militar que trajeran la espada de Simón Bolívar. Esta es la misma espada que supuestamente –pues corren varios mitos urbanos– el Movimiento 19 de abril (M-19), la organización armada a la que perteneció Petro en su juventud, se robó en 1974 de la Casa Museo del Libertador en Bogotá. El movimiento guerrillero la devolvió en gesto de paz en 1991.

Apelar a la espada de Bolívar sería el primero de varios gestos, símbolos y rituales que han acompañado su presidencia: por ejemplo, banderas del M-19 exhibidas en mítines políticos, además de las imágenes de sombreros, sotanas y otras reliquias de los rebeldes de su santoral personal, en especial de Jaime Bateman y Álvaro Fayad –sus correligionarios en la clandestinidad–, y del cura Camilo Torres, líder carismático del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Episodio aparte merecen sus alambicadas y sobre todo ambiguas declaraciones en X (antes Twitter): a veces, denotan una reivindicación del M-19 que firmó la paz en 1990 y fue protagonista de las reformas sociales que introdujo la Constitución de 1991; otras veces, Petro transmite melancolía por los años en que los fusiles intentaron alumbrar la revolución en América Latina. En otro país esto sería anecdótico, pero no lo es en uno que ha sido pródigo en parir novelistas, ciclistas, cantantes y guerrillas, una de ellas una antigualla que persiste desde 1964.

¿Cómo explicar la nostalgia revolucionaria en quien llegó a la cumbre del poder del Estado que combatió en el pasado con las armas? Huelga decir que Petro ha sido leal con su desmovilización y ha ocupado cargos de responsabilidad institucional durante más de 30 años. Luego, no es un quintacolumnista, y quienes así lo ven sufren de una de las enfermedades políticas de nuestra época, en la que las palabras “fascista” y “comunista” se atribuyen a los adversarios ideológicos con fanática ligereza.

Pero es cierto que en Petro conviven dos almas que libran un combate entre el Ello revolucionario que quisiera ser y el Superyó estadista que debería ser, entre el revolucionario locuaz y el político que debe transar. Por supuesto, también se pueden ensayar otras explicaciones que bascularían entre lo ideológico y lo pragmático. El primer gobernante de izquierda en la historia republicana del país llegó al poder precedido de un descontento acumulado, que estalló en las calles entre 2019 y 2021, y de una amplia expectativa ciudadana por las reformas que implementaría. No obstante, sin mayorías en el Congreso, equipado de un acendrado desprecio por la tecnocracia administrativa y marcado por su incorregible personalismo, muy pronto quedó en evidencia que la improvisación y un trasnochado estatismo modelarían el contenido de sus reformas, lo cual ha resquebrajado seriamente –por incoherente a veces, por ineficiente otras tantas– su narrativa del “Cambio”. Por eso no es casual que sus proclamas a medias reformistas, a medias revolucionarias, pero siempre ambiguas y dirigidas a sus incondicionales, aparecen cuando languidece el respaldo ciudadano. El pasado es también para Petro un salvavidas de ocasión.

La revolución después de la Revolución

Aunque el mito revolucionario nunca ha tenido en la historia de Colombia el peso político y cultural que tuvo, por decir algo, en Chile con Allende o en México con su proyecto nacionalista, Petro invoca ahora una versión actualizada del mismo, que consiste en hacer del país una “potencia mundial de la vida”, cuyos pilares son la economía sin combustibles fósiles, la negociación de paz con los grupos armados, el potenciamiento de la biodiversidad y la visibilización de los excluidos de siempre. El lector paciente puede asomarse a sus discursos en la Asamblea de Naciones Unidas para corroborar el batiburrillo entre la prosa de Eduardo Galeano y la grandilocuencia de Hugo Chávez y de Fidel Castro, marca registrada de la retórica de la vieja izquierda latinoamericana.

No obstante, es innegable que en el programa de gobierno de Petro subyacen intuiciones normativas correctas. Sin embargo, el gobierno de Colombia comparte el presente paradójico de las izquierdas contemporáneas: logran un relativo éxito al situar la sensibilidad progresista en la agenda global (posneoliberalismo, medio ambiente, identidades, igualdad, feminismo, justicia fiscal, reconocimiento), pero enfrentan una enorme dificultad a la hora de concertar e implementar medidas eficaces y sostenibles. La política, lo sabían bien los estadistas pero lo ignoran los gobernantes–influenciadores, no es el reino de las buenas ideas ni de las ocurrencias sino de los proyectos colectivos posibles.

Este realismo o pragmatismo, por llamarlo de algún modo, supone saber elegir los enemigos y qué batallas dar. Sin embargo, en su más reciente escenificación como aspirante a líder revolucionario regional, Petro se ha pertrechado de una espada de papel –el escuálido antiamericanismo que nunca ha echado raíces en una nación que solo en 2023 recibió 389 millones de dólares de ayuda de Estados Unidos– y cual Quijote extraviado se le plantó a Donald Trump, exigiendo un trato digno a los migrantes deportados, un asunto en el que, no cabe duda, le asisten poderosas razones éticas y jurídicas. Pero su desconcertante desdén por el incalculable costo económico que le traería a Colombia una guerra arancelaria con su principal socio comercial puso sobre la mesa, una vez más, su versión más populista y demagógica. Los revolucionarios, lo sabemos bien, suelen hacer cuentas alegres.

El último Buendía

En Colombia, los críticos más intransigentes se refieren a Petro como “guerrillero”, con la misma trivialidad con la que el actual presidente, en sus épocas de congresista, llamaba a sus contradictores “paramilitares” o “mafiosos”. Obviamente ello no solo es desleal con el debate democrático, sino que además contiene una imprecisión histórica: Petro nunca fue un guerrillero del modo como lo fueron Manuel Marulanda Vélez (FARC) o Fabio Vásquez Castaño (ELN), ni ocupó un lugar protagónico en la organización armada, surgida tras el fraude al exdictador Gustavo Rojas Pinilla, candidato por la Alianza Nacional Popular (Anapo), en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970.

“El eme”, como se llama coloquialmente, ha sido la guerrilla más romantizada en la historia colombiana. Por ejemplo, en sus memorias (Una vida, muchas vidas), Petro le atribuye al movimiento un papel precursor en la tolerancia hacia los homosexuales, pues el poeta Luis Vidales era parte de sus cuadros dirigentes. Sin embargo, no dice una palabra de la ejecución del sindicalista José Raquel Mercado que conmocionó al país en 1976. El M-19 se definía como un movimiento nacionalista y popular, dos adjetivos relativamente extraños en la idiosincrasia política colombiana. Pero, en las décadas de los setenta y ochenta, cuando el país vivió 17 años bajo la figura constitucional del estado de sitio y los disidentes o sospechosos de socialismo padecieron la represión y persecución estatales, “el eme” atrajo amplias simpatías en sectores populares e intelectuales. Esta atmósfera cultural y emocional ha sido recreada bellamente por Juan Gabriel Vásquez en su reciente novela Los nombres de Feliza. Ahora bien, no fue la resistencia al autoritarismo lo que le dio al M–19 un lugar en la historia de la democracia nacional, sino su desmovilización en 1990 y su posterior éxito electoral como la tercera fuerza política que redactó la Constitución, mano a mano con los históricos partidos Liberal y Conservador.

Por eso digo que Petro no fue un guerrillero al uso. Y el M–19 tampoco se consideraba una guerrilla, sino un ejército revolucionario y popular que, a imitación de la campaña independentista de Simón Bolívar contra las tropas realistas, luchaba por una “democracia real”. El M–19 ha tenido una imagen más bien ambigua pues llegó a ser percibido como una organización armada romántica y popular, que presumía de tener un pensamiento propio pues despreciaba el estalinismo, el maoísmo y el guevarismo. Y se le recuerda más por sus golpes de efecto –el robo de la espada de Bolívar (1975) y de las 5.000 armas de una guarnición militar (1979), la toma de la Embajada de República Dominicana (1980) y el asalto al Palacio de Justicia (1985)– que por la crueldad con la que secuestró y asesinó a decenas de civiles.

Esta ambigüedad ha acompañado la trayectoria de Gustavo Petro desde sus 18 años. Ello explica la combinación de retórica nacionalista, mesianismo internacionalista y folclore patrio que exhibe en sus peroratas. El M–19 es para Petro su primer amor, aquel que nunca se olvida y que con el paso de los años se idealiza. Este pasado que se resiste a pasar define el talante de este revolucionario melancólico, su tendencia a rodearse de incondicionales, así como su inocultable desdén por administrar y gobernar para dedicarse más bien a predicar día y noche sobre el apocalipsis mundial, los conflictos lejanos y las soluciones utópicas.

Al presidente revolucionario le gusta definirse a sí mismo como el último Coronel Aureliano Buendía, protagonista de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, seguramente por su valentía para emprender batallas cada vez que puede, y siempre y cuando su adversario no sea de izquierda, claro está. Sin embargo, Petro se parece más bien a José Arcadio Buendía, y sus sermones revolucionarios son la versión 2.0 de la terquedad con la que el fundador de Macondo y padre del coronel hablaba interminablemente de sus pócimas.

Imagen de neil macc vía Unsplash.

Hace un par de días, la Vicepresidenta Primera del Gobierno dijo públicamente que una sentencia judicial (la que absolvía a Dani Alves) era una vergüenza y que la presunción de inocencia no podía primar sobre el testimonio de mujeres "jóvenes y valientes".

Las dos afirmaciones suponían un ataque directo a principios democráticos básicos.

La primera en tanto en cuanto como miembro del gobierno (¡Vicepresienta!) debe guardar un respeto exquisito por las decisiones judiciales, ya que las críticas desde el poder ejecutivo a los jueces o a las sentencias son un ataque a la independencia judicial; tal y como ha establecido tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea.

La segunda porque la presunción de inocencia es una elemento esencial del Estado de Derecho que no puede ceder ante nada ni nadie.

Algunos han comentado que María Jesús Montero había obrado por ignorancia. Nunca me lo ha parecido así; lo que viene confirmado por el tweet que ha difundido hoy, tras conocerse ya las reacciones de todas las asociaciones de jueces y fiscales y de muchos juristas que, como no podía ser de otra forma, han dicho alto y claro que las afirmaciones de Montero eran inadmisibles. Un tweet en el que no rectifica, dice que no acepta lecciones del PP (como si hubiera sido solamente el PP quien se hubiera indignado por sus palabras) y mantiene su crítica a la presunción de inocencia como principio al sostener que:

"la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo".

No haré una exégesis de estas últimas palabras; porque lo relevante es que no rectifica las que dijo el día 29 de marzo y que deberían haber supuesto su cese inmediato, sin darle siquiera la oportunidad de dimitir; cosa que, obviamente no ha pasado.

Y no ha pasado porque las palabras de Montero del día 29 no son fruto de la ignorancia; sino que forman parte de una estrategia que lleva desarrollando el PSOE desde hace años y que consiste en el sistemático cuestionamiento a los jueces y al sistema judicial, buscando una deslegitimación de los mismos que permita sentar las bases para adoptar medidas de control sobre los jueces, de los pocos poderes que se resisten al desembarco de los fieles a Sánchez.

La primera parte de la afirmación anterior (búsqueda de la constante deslegitimación de los jueces) está suficientemente contrastada: los ejemplos de descalificaciones desde el Gobierno a los jueces son abundantes. Impulso Ciudadano, asociación con la que colaboro, lo ha denunciado reiteradamente en diversas instancias, incluida la Comisión Europea, y ha recopilado declaraciones de miembros del Gobierno que son completamente inadmisibles desde los parámetros de respeto que exige la garantía de la independencia judicial.

De la segunda parte también hay abundantes indicios. El primero, el intento de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que socialistas/comunes/nacionalistas tuvieran las manos libres para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En esta línea también se inscriben los intentos de modificación del sistema de acceso a la carrera judicial y el intento de aumentar las causas de abstención y recusación de los jueces. De manera indirecta, el intento de reducir el ejercicio de la acción popular, unido al vergonzoso control partidista de la Fiscalía, también contribuyen a limitar las posibilidades de actuación de los tribunales. En esta línea, también se incardina el reciente intento de que el Tribunal Constitucional, ahora controlado por afines a Sánchez, impida el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales ordinarios. Una auténtica aberración que no solamente choca frontalmente con las exigencias del Derecho de la Unión Europea, sino que roza la prevaricación; si se puede aplicar ese tipo penal a los magistrados del Tribunal Constitucional (lo que no está claro, por cierto).

Como decía hoy Cayetana Álvarez de Toledo, el Gobierno está en guerra con el Derecho. El Derecho, en tanto que límite de la voluntad (o el capricho) de quien tiene el poder molesta.

- Molesta que se cuestione la amnistía regalada a quienes hace 7 años intentaron derogar la Constitución.

- Molesta que se haya condenado a los que desviaron dinero público en el caso de los EREs.

- Molesta que se investigue al Fiscal General del Estado por utilizar su cargo con el fin de difundir datos personales de un contribuyente y así perjudicar a la oposición.

- Molesta que se investigue la creación de un cargo sin contenido para dar un sueldo al hermano del Presidente del Gobierno.

- Molesta que se investigue la utilización de la Moncloa para favorecer los negocios de la mujer del Presidente del Gobierno.

- Molesta que se investiguen los tratos de favor a altos cargos del gobierno criminal de Maduro que tienen prohibida su entrada en la UE.

- Molesta que se investiguen los negocios con las mascarillas, en tiempos del COVID, de altos cargos socialistas.

Esto es lo que en realidad molesta, y la sentencia de Alves no creo que, en el fondo, perturbe mucho a quien comparte "mayoría de progreso" con quienes están acusados de haber utilizado dinero público para el pago de compañía sentimental femenina o de haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento en las que las víctimas son mujeres; o con quien ha votado a favor de una ley que ha reducido las penas de no pocas personas condenadas por violación. Lo que sucede es que ha sido vista como una oportunidad para intentar profundizar en el descrédito del único poder que ahora mismo hace frente a la asociación de socialistas y nacionalistas que nos gobiernan.

No, María Jesús Montero no dijo lo que dijo el 29 de marzo por ignorancia. Sabe muy bien lo que hace; y lo que hace es intentar dividir a la sociedad española y levantar un muro que separe a los "suyos" de los "otros"; sin importar que para levantar ese muro tenga que volar la Constitución.

Al revés, volar la Constitución, a estas alturas, ya parece una consecuencia querida por estos que no se paran ni siquiera ante la presunción de inocencia.

Imagen de Sam Xu vía Unsplash.

Artículo originalmente publicado en The Objective el 20 de Marzo de 2025.

En estos tiempos tan revueltos por los que transcurre nuestro día a día en la Unión Europea, con graves asuntos sobre la mesa, como una defensa que no se sabe muy bien cómo estructurarla, un pacto migratorio del cual casi nadie conoce los entresijos, una toma de decisiones complicada en la que las instituciones a veces parece que no estén, nos lanzan por todas partes que todo ello se tiene que hacer en defensa de los valores europeos. El problema mayor, en este contexto, aparece, cuando rascas un poco en los mensajes y te das cuenta de que en la mayor parte de ellos no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de valores europeos.

Tras una larga discusión, cuyo hito más visible se produjo en la Convención sobre el futuro de Europa y la Conferencia Intergubernamental, que dieron lugar al Tratado de Lisboa, el Art. 2 del Tratado de la Unión Europea regula los valores de la Unión. Conozco directamente el asunto porque en aquellos momentos yo estaba integrada en el Grupo de trabajo de la Convención coordinado por Giuliano Amato.

Dispone textualmente, el art. 2 TUE, en el primer párrafo, que los valores de la UE son: «Respeto de la dignidad humana, de la libertad, de la democracia, de la igualad, del Estado de derecho, así como también el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías» como fundamento de la Unión; al mismo tiempo, el segundo párrafo del mismo artículo, afirma que los enumerados en el párrafo primero son valores comunes a los Estados miembros y que están presentes en «una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre las mujeres y los hombres».

Este doble registro, constituido por los valores como fundamento de la Unión Europea y por los que están presentes en la sociedad europea, constituye una estructura básica para el sistema jurídico de la Unión y, como consecuencia, es necesario definir cuál es su naturaleza, qué funciones realizan y qué instrumentos de garantía tienen.

Con respecto a la naturaleza, la precisión de la reglamentación de la UE, con una redacción muy concreta en el art. 2 TUE, no abre un camino similar al «activismo judicial» habido en los Estados Unidos, que permitiera la creación de normas superiores derivadas del propio el Tratado; y no es tampoco adecuado acercarse a lo que la jurisprudencia alemana ha definido como la «tiranía de los valores», es decir, la aplicación indiscriminada de valores, positivizados o no, por parte del intérprete jurisdiccional. La positivación de los valores en el Tratado de la Unión Europea implica, en contraste con estas otras interpretaciones, que se tengan que analizar valores precisos y concretos, incluidos explícitamente en un texto jurídico (el Tratado) que está en la cúspide del ordenamiento de la Unión y que tiene un valor normativo directamente vinculante (hard law).

¿Cuáles son los valores a tener en cuenta? Los que constan en el art. 2 TUE que hemos mencionado. No cualquier otra institución jurídica o cualquier otro «valor» que se nos pueda ocurrir. Los valores europeos, hoy por hoy, están en esa lista y, si no nos gustan y queremos quitar alguno o incluir otros, es necesario reformar el Tratado de la Unión Europea, con todo lo que ello conlleva.

¿Para qué sirven los valores incluidos en el art. 2 TUE? Ello también está regulado en el propio Tratado, de manera muy distinta a la regulación que sobre valores se contiene en varias constituciones de los Estados miembros, donde tienen una función eminentemente interpretativa. Como funciones concretas que el Tratado les otorga podemos señalar que, por una parte, los valores quedan explícitamente reconocidos en el art. 3.1 TUE como finalidades de la Unión; por otra parte, cuando un Estado quiera adherirse a la Unión, debe firmar explícitamente que va a respetar los valores del Artículo 2 y comprometerse a promoverlos en común (Art. 49 TUE), requisitos sin los cuales no es posible ser admitido como Estado miembro. Son, pues, los valores, requisitos de entrada y permanencia en la Unión, so pena de enfrentar las sanciones que pueden derivar de la puesta en riesgo o de su violación.

Además, los valores, como instituciones jurídicas, tienen un contenido concreto, un bien jurídico subyacente, que no puede ser desnaturalizado, lo cual va a implicar que los valores que se contienen en el Tratado de la Unión Europea, proyecten ese contenido en toda interpretación y aplicación que se realice sobre los mismos. No son conceptos jurídicos indeterminados, pues se concretan en numerosas regulaciones, tanto en los Tratados como en el resto del Derecho de la UE; incluso se han elaborado marcos de referencia con indicadores para verificar su efectividad, como es el caso del Estado de derecho, por poner un ejemplo, que tiene marcados los contenidos en sendos documentos de la Comisión Europea. Los valores se tendrán que proyectar, pues, no sólo en la interpretación, sino también en la aplicación o efectividad de las políticas europeas, tanto las interiores como las exteriores. Porque de otro modo, la Unión Europea puede desplegar los instrumentos de control que tiene legalmente establecidos para defender el cumplimiento de los valores.

La UE tiene varios mecanismos para defender los valores. Unos son de naturaleza política, como el «procedimiento de sanción por infracción de valores» del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el «diálogo estructurado» entre la Comisión y el Estado miembro que presuntamente los infringe, el «mecanismo preventivo» que se encarga de evaluar la situación del Estado de derecho (uno de los valores incluidos en el TUE) en los Estados miembros y de proponer medidas adecuadas en caso de violaciones y, recientemente, se ha establecido una vinculación directa entre el respeto del Estado de derecho y la recepción de los fondos europeos, especialmente los derivados del Fondo de Recuperación NextGenerationEU, que se adoptó para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.

Otros instrumentos de defensa de los valores son de naturaleza jurisdiccional, como podría ser la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la interposición de un recurso de incumplimiento contra el Estado concernido por parte de la Comisión Europea, aunque también podría ser presentado por un Estado miembro contra otro Estado miembro.

El procedimiento de sanción del Artículo 7 TUE implica que podrán tomarse medidas contra un Estado miembro si hay un claro riesgo de violación de alguno de los valores de la UE en ese Estado. El procedimiento del artículo 7 es muy complicado, pues en él han de intervenir todas las instituciones de la UE. El Estado puede defenderse porque, evidentemente, en un Estado de derecho cualquier acusación debe poder tener como contrapartida el derecho de defensa de la persona, órgano o institución afectada.

Al tener que intervenir todas las instituciones se ha visto, tras los intentos de aplicación del artículo 7 TUE a Polonia y Hungría, por poner en riesgo el Estado de derecho, que la regulación concreta del artículo contiene un procedimiento poco operativo, difícil y farragoso, en especial porque el Estado acusado tiene voz y voto en el procedimiento. También se pretendió aplicar a Francia por los hechos acaecidos entre 2010 y 2012, donde hubo serios y poco conocidos problemas sobre la expulsión masiva de personas de etnia gitana, nacionales de otros Estados miembros de la UE, lo cual resultaba inaudito y ciertamente xenófobo.

Además de los hechos que ocurrieron en Francia, que, por cierto, fueron condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; tampoco se respetaron en Rumanía varias decisiones de la Corte Constitucional, pidiéndose también la aplicación del artículo 7 TUE. Y en el caso de Hungría y Polonia se intentó aplicarlo cuando el Poder Judicial se vio recientemente sometido a presiones muy fuertes por parte del Ejecutivo. Pero cada vez que se ha comenzado a poner en marcha este mecanismo se ha visto que no funciona con eficacia. El problema mayor consiste en que, en la toma de decisión para aplicarlo interviene el Consejo, en el que están todos los gobiernos de los Estados miembros, incluido el del Estado presuntamente infractor, con lo que enseguida queda bloqueado el procedimiento porque hay que tomar la decisión por unanimidad.

El denominado «diálogo estructurado» lo realizan la Comisión y el Estado miembro presuntamente infractor para intentar salir del embrollo por fases que la propia Comisión determina. Es lo que se está llevando a cabo entre España y la Comisión para la renovación del Consejo General del Poder judicial (fase terminada con la renovación que se realizó a finales de 2024) y para cambiar el modo de designación de los vocales del Consejo para concordarlo con los estándares europeos (fase actual, no terminada todavía).

Existe también el «mecanismo preventivo» o «mecanismo pre-artículo 7», es decir, un instrumento pensado para activarse con el fin de no tener que llegar a aplicar el artículo 7 TUE con el procedimiento de sanción. Se trata de un procedimiento más sencillo, basado en el diálogo y la negociación con el Estado miembro, pero que tampoco está funcionando del todo, y así se ha demostrado en su activación en el caso de Polonia y de Hungría o Rumanía. En este procedimiento pueden intervenir órganos auxiliares, como la Comisión de Venecia, la Agencia de derechos fundamentales, tribunales constitucionales, expertos externos, etc., para poder analizar mejor lo que está sucediendo, y con ello apreciar debidamente si hay un riesgo claro de violación del Estado de Derecho. Los resultados no son espectaculares, pero ha resultado un poco más operativo que el procedimiento de sanción del art. 7 TUE, especialmente en el caso de Polonia donde, el cambio de gobierno tras las últimas elecciones, ha contribuido a generar una paulatina evolución positiva en cuanto a la independencia del Poder Judicial, vinculada al respeto del valor del Estado de derecho, y el progresivo desbloqueo de los fondos retenidos.

Respecto de los mecanismos jurisdiccionales es importante destacar que cualquier juez interno, que también es juez europeo, si en el transcurso de un litigio, aprecia que la norma interna no respeta los estándares de Estado de derecho prescritos por la UE, puede presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La admisión a trámite de esta cuestión implica la suspensión de la aplicación de la norma cuestionada hasta que el Tribunal de Justicia emita la sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Si la sentencia fuera de disconformidad entre el derecho interno y el derecho europeo la primacía de este último implica que no se pueda aplicar la norma interna contraria a las normas de la Unión. Ello se ha activado para determinar si la Ley de Amnistía respeta o no los valores de la UE y estamos a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión. Y la Audiencia de Sevilla se está planteando presentarla en relación con la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el caso de los ERE en Andalucía.

Por último, si en el transcurso de cualquier actuación o si se aprecia incumplimiento de las obligaciones que el que un Estado miembro tiene que asumir por el hecho de su pertenencia a la Unión Europea, entre las cuales está el respeto a los valores y qué implican tanto el respeto de normas procesales como medidas substantivas, la Comisión Europea puede interponer un recurso de incumplimiento o de infracción contra el estado incumplidor ante el Tribunal de Justicia de la Unión. La sentencia normalmente comporta, además de la constatación de la infracción, fuertes sanciones económicas. A Hungría, por ejemplo, les fueron suspendidos varios programas europeos, el Programa Erasmus y el Programa Horizon entre ellos. En el caso de Polonia, además de congelarles los fondos a recibir, se multó a este país a pagar un millón de euros al día hasta que no acometiera cambios que garantizasen el respecto a la independencia del Poder Judicial.

Vemos, pues que la Unión Europea es bastante más que el acceso a fondos, que un mercado común, pues hoy en día ya tiene una componente política importante y sus estructuras federativas permiten la definición de políticas y una toma de decisión fundamentadas en valores concretos, enumerados en el Tratado de la Unión Europea y que tienen instrumentos de protección o garantía. Así que no se puede hablar de cualquier manera sobre los valores de la UE. No los podemos inventar ni tergiversar. Hay que atenerse a lo que, como instituciones jurídicas que son, se regula en el Tratado y se despliega en los mecanismos de salvaguarda que he señalado.

Foto de Gus Tav vía Unsplash.